Por casi diez años he trabajado en la Caja Costarricense de Seguro Social. Desde hace casi seis ejerzo como especialista en Pediatría. Amo profundamente esta institución y deseo trabajar en ella el resto de mi vida profesional. Sin embargo, cada vez resulta más difícil sostener esa mística cuando las condiciones laborales, los discursos políticos y ahora el proyecto de ley 24.015 parecen avanzar en dirección contraria a la dignificación y fortalecimiento real del sistema.
Escribo no desde la teoría, sino desde la experiencia directa en la atención con pacientes y en la formación de médicos generales y especialistas.
Una contradicción que no se quiere ver
No tengo salario global. Mis anualidades están congeladas desde la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Tengo médicos generales en proceso de formación bajo mi supervisión que, hasta el ajuste salarial de julio de 2025, ganaban más que yo. Trabajo con colegas con igual grado académico, mismas horas y mismas responsabilidades que perciben hasta un 30% más en su salario ordinario y en el tiempo extraordinario también.
El Poder Ejecutivo y el Legislativo han sido enfáticos en entorpecer la equiparación salarial para quienes no estamos bajo el régimen global. Pero no parecen tener reparo en proponer traer especialistas del extranjero y ofrecerles condiciones que a los que ya sostenemos el sistema no se nos reconocen.
Si el objetivo es fortalecer la salud pública, ¿por qué no empezar por mejorar las condiciones de los que ya trabajamos por esta?
No todo lo que se simplifica se mejora
El proyecto 24.015 suaviza requisitos de ingreso a las especialidades médicas y elimina la segunda etapa del proceso actual. Esta etapa ciertamente requiere mejoras, pero eliminarla por completo es una decisión riesgosa. Actualmente, requiere que los aspirantes profundicen en los estudios propios de cada especialidad y en muchas incluso se evalúan aspectos prácticos propios de lo que como futuros especialistas les corresponderá realizar.
La diputada María Marta Carballo, proponente del proyecto de ley, afirmó en su comparecencia ante la Junta Directiva de la CCSS el 19 de febrero de 2026 que existe un manejo gremial en esta fase. Desconozco lo que ocurra en otras especialidades y lo que haya sucedido en el pasado, pero puedo afirmar con total claridad que en Pediatría de la Universidad de Costa Rica no existe injerencia gremial alguna actualmente. Por el contrario, constantemente buscamos ampliar plazas porque conocemos la necesidad país.
Si existen irregularidades en algún programa, deben investigarse y corregirse. Pero eliminar mecanismos de control de calidad por sospechas generales no es la solución y más bien puede ser peligroso. La formación de un especialista no es un mero trámite administrativo; el proceso implica años de sacrificio, presión académica, vocación y exigencia clínica constante. No todos los que inician el proceso logran culminarlo, y eso es parte de un sistema que tiene controles de calidad para garantizar excelencia para la población. Propongo también que se evalúen los mecanismos de elección de aspirantes en las universidades privadas para asegurarse que estos respondan a los mismos estándares de calidad y no solamente a intereses económicos.
Formación en el extranjero
He visto colegas extranjeros extraordinarios. Recientemente tuve como estudiante de posgrado a una médica formada en Cuba que cumplió todos los procesos legales vigentes para convalidar su título de medicina general, compitió en igualdad de condiciones que los médicos formados en Costa Rica e ingresó a la especialidad. Durante su formación demostró altísima calidad profesional y humana, y hoy es una pediatra egresada lista para servir en la seguridad social. También he trabajado con médicos generales costarricenses formados en el extranjero con serias deficiencias clínicas. No podemos generalizar ni idealizar por origen geográfico.
El proyecto plantea facilitar la incorporación automática de especialistas formados en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con contratos de retribución más cortos que los exigidos a costarricenses. El artículo 6 establece cuatro años para extranjeros y siete para nacionales. ¿Cómo se justifica esa asimetría? Además, tras cumplir ese período, podrán ejercer libremente en el ámbito privado. Es decir, la institución que flexibiliza su incorporación no garantiza su permanencia en esta, por lo que podría resultar en una solución temporal solamente.
El artículo 7, que elimina la obligación de realizar examen de medicina general para especialistas extranjeros, me parece razonable. Obligar a un especialista a repetir un examen general puede resultar excesivo. Pero si se va a evaluar, debería incluirse una modalidad práctica —por ejemplo, una evaluación clínica objetiva estructurada— y no limitarse a una prueba teórica.
Un retroceso histórico
En 2010, los residentes médicos se movilizaron para eliminar el pagaré de más de 30 millones de colones que debían firmar para ingresar a la especialidad y para reducir el contrato de retribución de nueve a tres años. Fue un movimiento que modernizó el sistema y lo hizo más justo.
Ahora se propone elevar nuevamente el contrato a siete años y, en caso de incumplimiento, exigir el reembolso del “costo de oportunidad” calculado por el CENDEISSS. Esto representa un retroceso evidente.
Resulta contradictorio que en la misma comparecencia la diputada haya dicho que esta generación prioriza su salud mental y equilibrio vida-trabajo, pero al mismo tiempo se plantee volver a esquemas contractuales rígidos como los del pasado. Si las generaciones han cambiado, las soluciones deben adaptarse a ello.
Lo rescatable y lo urgente
Reconozco valor en el artículo 5, que intenta facilitar la formación en el extranjero para suplir necesidades del país, especialmente considerando las trabas excesivas que históricamente ha impuesto el CENDEISSS a quienes desean formarse afuera. Pero el proyecto también establece restricciones que limitan la libertad de ejercicio profesional, como la de evitar que los profesionales formados afuera se puedan incorporar al Colegio de Médicos como especialistas hasta terminar su contrato de retribución, limitando su libertar de ejercicio profesional. Además, condiciona las oportunidades únicamente a entidades con convenio con la CCSS. Si un médico es aceptado en un programa de excelencia que no tiene convenio, no podrá formarse con apoyo institucional. Incluso en la actual redacción del proyecto se evidencia la posible configuración de una doble imposición contractual entre beca y retribución. Eso sin lugar a dudas desincentivará la formación internacional en lugar de estimularla.
El verdadero problema del faltante
Se ha dicho que los médicos somos responsables del faltante de especialistas. Esa afirmación simplifica y distorsiona la realidad.
Abrir plazas y eliminar procesos se dice fácil desde una perspectiva administrativa. Pero quienes formamos especialistas sabemos que no se trata solo de números: se trata de campos clínicos suficientes, docentes disponibles, supervisión adecuada y estándares de calidad rigurosos.
Los resultados del examen ECOM han mostrado consistentemente que la Universidad de Costa Rica mantiene tasas cercanas al 90% o más de aprobación para incorporación al Colegio de Médicos, mientras varias universidades privadas no alcanzan ni el 70% y usualmente se mantienen por debajo del 50%. Aun así, el CENDEISSS y el CONESUP permiten que universidades que no logran incorporar adecuadamente médicos generales formen especialistas utilizando campos clínicos de la CCSS.
En Pediatría, por ejemplo, la apertura de un posgrado privado no aumentó el número total de especialistas formados; simplemente redistribuyó las mismas plazas en el Hospital Nacional de Niños, donde docentes de la UCR terminamos participando en la formación de residentes privados que pagan millones de colones a su universidad, mientras esta no cuenta con docentes en todos los servicios.
Aquí comparto la preocupación expresada por el Dr. Francisco González, miembro de la Junta Directiva de la CCSS, sobre la calidad de la educación médica. Ese señalamiento no puede quedarse en declaraciones aisladas y debe existir un compromiso de parte de la institución que proporciona sus campos clínicos para que las entidades educativas mejoren sus estándares.
Una invitación al diálogo real
No todo en el proyecto 24.015 es negativo. Pero el enfoque es equivocado si no parte de escuchar a quienes recientemente hemos vivido el proceso formativo y ahora participamos en él.
Yo no quiero irme de la CCSS. No quiero renunciar para recontratarme bajo otras condiciones. No quiero que el país pierda la excelencia que históricamente ha caracterizado su formación médica.
Fortalecer la salud pública requiere decisiones valientes. Pero también requiere humildad para reconocer que la solución no es simplificar procesos ni trasladar culpas, sino dignificar la formación, mejorar condiciones laborales y construir políticas con quienes sostenemos el sistema todos los días.
Fortalecer la salud pública no es solo producir más especialistas. Es mejorar las condiciones de los que ya están. Es ampliar tiempos de consulta —quince minutos son insuficientes para una atención integral—, es devolver a los EBAIS su capacidad real de promoción y prevención, incluso fuera de muros. Es robustecer la formación de médicos generales y fortalecer el trabajo interdisciplinario con enfermería, farmacia, trabajo social y demás servicios de apoyo.
Las listas de espera no se originan únicamente en la falta de especialistas. Son el resultado de años de debilitamiento del primer nivel y de haber convertido espacios de prevención en maquilas de atención de enfermedad, además de la incapacidad por retener a los profesionales altamente calificados por no brindarles condiciones competitivas.
Si realmente queremos fortalecer la salud pública, empecemos por fortalecer a quienes la sostienen.