América Latina atraviesa un fenómeno inquietante: una parte creciente del electorado apoya líderes y partidos que relativizan —o directamente desprecian— los límites constitucionales, la separación de poderes y los derechos fundamentales. No se trata de un error coyuntural ni de un simple giro ideológico. Estamos ante una respuesta social profunda a democracias que, para amplios sectores de la ciudadanía, dejaron de cumplir sus promesas básicas de bienestar, seguridad e inclusión.
Este fenómeno no puede explicarse únicamente desde la coyuntura electoral ni desde etiquetas ideológicas simplificadoras. Requiere un análisis capaz de identificar patrones comunes, distinguir causas estructurales y comprender por qué el mismo resultado —el ascenso del populismo autoritario— se repite en contextos nacionales distintos.
El valor explicativo del método comparativo
Para ello resulta especialmente útil el método comparativo formulado por John Stuart Mill. Este enfoque parte de una premisa básica pero poderosa: cuando un mismo fenómeno aparece reiteradamente en contextos distintos, es posible identificar causas probables observando qué factores coinciden y cuáles varían entre los casos. Aplicado al auge del populismo autoritario en América Latina, el método permite constatar que, más allá de ideologías o liderazgos específicos, el fenómeno emerge allí donde confluyen crisis de representación, desigualdad persistente, desconfianza institucional y debilitamiento de los contrapesos democráticos.
El populismo no es, así, una anomalía cultural ni un accidente histórico, sino una respuesta recurrente a democracias que fallan en producir inclusión, seguridad y sentido de pertenencia.
Populismo, miedo y anomia en la modernidad líquida
Desde la sociología, este proceso puede entenderse como una crisis de integración social. A la noción clásica de anomia se suma la lectura contemporánea de Zygmunt Bauman, quien describió nuestras sociedades como parte de una modernidad líquida, caracterizada por la precariedad, la incertidumbre permanente y la fragilidad de los vínculos sociales.
En este contexto, el individuo se siente expuesto a riesgos que no controla, mientras el Estado aparece incapaz de ofrecer protección material y simbólica. El populismo autoritario opera entonces como una promesa de solidez frente a la liquidez, de orden frente a la incertidumbre y de identidad frente a la fragmentación.
El voto populista no es necesariamente un rechazo consciente a la democracia, sino una reacción defensiva frente a un mundo percibido como inestable e imprevisible.
El populismo frente al constitucionalismo garantista
Esta lectura sociológica encuentra un complemento decisivo en la teoría del constitucionalismo garantista desarrollada por Luigi Ferrajoli. Desde esta perspectiva, el populismo autoritario constituye una patología del Estado constitucional: no elimina formalmente la democracia, pero vacía de contenido sus garantías esenciales.
La voluntad de la mayoría, cuando no está jurídicamente limitada, puede convertirse en una forma de poder arbitrario. Así, la democracia se reduce a su dimensión electoral, mientras se debilitan los derechos fundamentales, la separación de poderes y los controles institucionales.
El resultado es una democracia plebiscitaria, en la que el voto legitima decisiones que erosionan el Estado de Derecho y transforman a los ciudadanos en sujetos dependientes de mayorías circunstanciales.
Cuando el populismo gobierna: el costo institucional
Una vez en el poder, el populismo tiende a producir efectos previsibles y acumulativos: erosión del principio de legalidad, debilitamiento de los contrapesos, transformación de derechos en favores y normalización de la excepción.
Aunque las constituciones suelen mantenerse formalmente intactas, se produce una desconstitucionalización material, en la que los derechos existen en el texto, pero no en la experiencia cotidiana de las personas.
El análisis comparado y sociológico muestra que el populismo autoritario no surge por azar ni por ignorancia del electorado. Surge allí donde la democracia deja de proteger, de incluir y de ofrecer resultados tangibles.
En esos contextos, el autoritarismo no se impone por la fuerza: seduce, porque promete orden en un mundo incierto y respuestas simples frente a problemas complejos. La tarea urgente del constitucionalismo y de la política democrática no es moralizar al votante, sino reconstruir Estados sociales y democráticos de Derecho que funcionen, antes de que el atajo autoritario deje de ser una tentación y se convierta en destino.