El punto de partida
Estados Unidos ha estado aplicando 15% de aranceles adicionales a Costa Rica desde agosto de 2025. Incluso a los productos que usaban el CAFTA (ajá, el TLC del referéndum en 2007). En un ejercicio de matemática básica, la Casa Blanca concluyó que Costa Rica necesitaba “aranceles recíprocos” del 15% para compensar el comercio del que nos estábamos aprovechando.
¿Qué pasó el viernes 20 de febrero?
La Corte Suprema (su versión de Sala Constitucional) votó 6-3 que el Ejecutivo realmente no podía imponer la mayoría de esos aranceles basados en la ley de emergencia nacional que han usado como justificación legal; la llamada IEEPA, por sus siglas en inglés.
Exacto, no todos los aranceles quedan anulados, pero sí la gran mayoría:
- Los impuestos en el Día de la Liberación (acá entran los que afectaron directamente a Costa Rica);
- Los aranceles por tráfico de drogas que afectaban a Canadá, México y China;
- Los que afectaron a Brasil por el juicio contra Bolsonaro;
- Los impuestos a la India por comercio de petróleo ruso.
Queda claro que la imposición de aranceles en tiempos de paz es una función del Congreso. El Ejecutivo no tiene ninguna autoridad inherente de imposición de aranceles con montos y duración ilimitados a cualquier país del mundo. Después de todo, Estados Unidos no está en guerra con todas las naciones que habitamos el globo terráqueo.
Consecuencias inmediatas para Costa Rica
El comunicado de prensa del COMEX dijo el mismo viernes que todo bien, que podemos seguir utilizando los beneficios del CAFTA ahora que la Corte Suprema declaró improcedentes los aranceles adicionales.
Fue un respiro breve de fin de semana para las exportaciones costarricenses que esperan mejoría en las condiciones desde hace meses. Países como México, Guatemala, El Salvador, Argentina, Ecuador y Colombia han negociado reducciones de aranceles. Es decir, todos estos países comercian a precios relativamente más bajos que los de Costa Rica, lo que nos hace menos atractivos.
Lo que viene
No tuvimos que esperar mucho. Hoy (24 de febrero) entró en vigor otro 10% de aranceles para todo el mundo y su mamá, o “arancel global”. Esta vez, la legislación utilizada permite una duración de 150 días y, para prorrogarla, debe ser aprobada por el Congreso.
Digamos que estamos relativamente mejor: pasamos del 15% al 10% y solo tuvimos que esperar al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Casa Blanca excluyó de la medida algunos productos agrícolas, medicamentos, minerales, productos energéticos y aeroespaciales, entre otros. Además, quedan libres de arancel productos textiles bajo CAFTA (yeiii).
El Ministro Tovar ha dicho que mantienen un monitoreo y diálogo constante con la administración de Donald Trump. Incluso ha señalado que, por las particularidades de nuestra economía y realidad productiva, las conversaciones son más complejas y que no se van a apresurar a un mal acuerdo.
Independientemente de si comparto o no sus apreciaciones, lo cierto es que han pasado seis meses desde que incrementaron los aranceles y que Trump ha sido claro en que su política arancelaria es una herramienta diplomática y económica de la que va a hacer uso de la manera que pueda. El mundo tiene claro que el orden mundial y las condiciones de acceso a mercados cambiaron. No volverán a ser las mismas.
Es tiempo de que Costa Rica también lo acepte. En resumen, estamos corriendo con tenis que ya no nos quedan y vamos bastante atrás en la carrera.