La misión electoral advirtió debilidades estructurales en el sistema de financiamiento y recibió alertas sobre una posible infiltración de capitales ilícitos.
La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) lamentó que la reforma constitucional al artículo 96, impulsada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en 2023, no fuera aprobada a tiempo para aplicarse en las elecciones nacionales de 2026.
Según el informe preliminar presentado por la misión, la ausencia de esa reforma mantuvo intactas debilidades estructurales del sistema de financiamiento político-electoral costarricense, en un contexto marcado por altos niveles de inequidad y por preocupaciones expresadas por diversos actores sobre la posible infiltración de recursos de origen ilícito en la competencia política.
¿Qué proponía la reforma impulsada por el TSE?
La iniciativa presentada por el TSE en 2023 buscaba corregir fallas estructurales del modelo vigente, caracterizado por una alta dependencia del financiamiento privado debido a que la contribución estatal opera principalmente mediante reembolsos postelectorales sujetos a estrictos requisitos.
A diferencia del esquema actual, la reforma pretendía habilitar constitucionalmente mecanismos de financiamiento público anticipado e indirecto, con el objetivo de reducir los incentivos al endeudamiento y a la especulación financiera durante las campañas.
Entre los principales cambios propuestos se encontraban:
- La incorporación explícita del financiamiento público indirecto —como franjas electorales u otros mecanismos equivalentes— cuyo diseño específico quedaría definido posteriormente por ley.
- La extensión expresa de la contribución estatal a las elecciones municipales, actualmente no contempladas a nivel constitucional.
- La posibilidad de adelantar una parte de los recursos estatales, previo cumplimiento de garantías y controles establecidos por el TSE.
- El fortalecimiento de los principios de control, fiscalización y transparencia, incluyendo el requisito de una mayoría calificada de dos tercios del total de diputaciones (38 votos) para modificar las reglas de financiamiento político.
La reforma no alteraba los umbrales vigentes para acceder a la contribución estatal —como el requisito del 4% de los votos válidos o la elección de al menos un cargo—, sino que buscaba reordenar el sistema para disminuir la dependencia del financiamiento privado y mejorar las condiciones de equidad en la competencia electoral.
La propuesta se mantiene actualmente en el plenario legislativo, a la espera de ser admitida para su estudio.
En 2023 el TSE entregó a la Asamblea Legislativa cuatro propuestas de reforma electoral, entre ellas la modificación al artículo 96 de la Constitución. Fotografía: OEA
Narcotráfico, endeudamiento y desigualdad
En su informe, la misión de la OEA señaló que las elecciones nacionales se desarrollaron en un contexto de inequidad en el financiamiento de los partidos políticos y de preocupaciones reiteradas sobre la posible infiltración del crimen organizado, incluyendo recursos vinculados al narcotráfico y financiamiento prohibido proveniente del extranjero.
Estas alertas, indicó la misión, ya habían surgido en procesos electorales anteriores.
El documento recordó que Costa Rica mantiene un modelo mixto de financiamiento, con aportes públicos y privados, pero que la contribución estatal se ejecuta principalmente mediante reembolsos posteriores a la elección, lo que obliga a los partidos a recurrir de forma intensiva al financiamiento privado durante la campaña.
Esta dinámica se ve agravada, según la OEA, por el hecho de que el sistema no establece límites a las contribuciones individuales ni topes al gasto de campaña, lo que incrementa los riesgos de desigualdad y de penetración de capitales ilícitos.
La misión también advirtió sobre el uso creciente de los certificados de cesión de la contribución estatal, conocidos como bonos, cuyo monto autorizado en esta elección superó los ₡71.300 millones, una cifra considerablemente mayor al total de la contribución estatal fijada para los comicios nacionales de 2026, cercana a los ₡39.300 millones.
A juicio de la OEA, esta figura, basada en mecanismos de carácter especulativo, genera incentivos indeseados y tiende a beneficiar principalmente a financistas privados.
Durante las entrevistas realizadas por la misión, la mayoría de los actores del proceso electoral coincidió en que el esquema vigente produce profundas condiciones de inequidad.
El informe destacó además que solo tres partidos políticos lograron acceder a créditos bancarios respaldados con certificados de cesión, mientras que el resto de las agrupaciones enfrentó serias dificultades para obtener financiamiento formal, lo que llevó a candidaturas y dirigentes —especialmente de partidos nuevos— a recurrir a recursos personales o endeudamiento.
La OEA subrayó también que las exigencias para acceder al financiamiento público anticipado limitaron su uso efectivo. De tres solicitudes presentadas por partidos nacionales, solo dos recibieron autorización, reforzando así la dependencia del financiamiento privado durante la campaña.
Si bien la misión reconoció avances recientes en materia de transparencia y control, reiteró sus recomendaciones de procesos anteriores, entre ellas la adopción de un esquema de financiamiento público anticipado con criterios objetivos y equitativos, así como la fijación de límites a los aportes privados y al gasto de campaña, con el fin de reducir los riesgos de desigualdad y blindar el sistema frente a la posible intromisión del crimen organizado.
La OEA participó como observadora internacional en las elecciones del pasado 1 de febrero. Fotografía: OEA