Costa Rica suele presentarse ante el mundo como una democracia sólida, con una larga tradición institucional y un compromiso histórico con los derechos humanos. En ese relato, la participación política de las mujeres aparece como uno de los logros más visibles: paridad en las papeletas, leyes de igualdad y una presencia femenina cada vez más notoria en cargos de elección popular. Sin embargo, detrás de estas conquistas formales persiste una realidad incómoda que no podemos seguir minimizando: para muchas mujeres, participar en política sigue siendo un acto de valentía.
El país ha avanzado. La legislación electoral costarricense es una de las más robustas de la región en materia de paridad y alternancia. Gracias a estas reformas, hoy vemos más mujeres en la Asamblea Legislativa, en gobiernos locales y en espacios de liderazgo partidario. Estas mujeres han llevado a la agenda pública temas fundamentales como la educación, la salud, los cuidados, la seguridad social, los derechos de las personas más vulnerables y la transparencia institucional. Su aporte ha enriquecido el debate democrático y ha acercado la política a las realidades cotidianas de miles de familias.
Pero el progreso normativo no ha eliminado las barreras culturales. La política costarricense sigue reproduciendo estereotipos de género que cuestionan la capacidad, la autoridad y la legitimidad de las mujeres. A ellas se les exige más, se les juzga con mayor dureza y se les evalúa no solo por sus decisiones políticas, sino también por su apariencia, su vida personal o su tono de voz. Esta doble vara no es casual: responde a una cultura política que aún se resiste a reconocer el liderazgo femenino como algo natural.
A estas desigualdades se suma un problema que ha ido ganando visibilidad en los últimos años: la violencia política contra las mujeres. En Costa Rica, esta violencia no siempre adopta formas físicas, pero sí se manifiesta de manera constante a través del acoso, la descalificación, la difamación, la presión para renunciar, el sabotaje político y, especialmente, el hostigamiento en redes sociales. Las plataformas digitales se han convertido en espacios donde el odio y el machismo buscan disciplinar a las mujeres que alzan la voz o aspiran a cargos de poder.
La violencia política tiene un objetivo claro: desalentar. No solo afecta a quien la sufre directamente, sino que envía un mensaje a todas las demás mujeres que observan desde fuera: la política es un terreno hostil. Cuando una mujer es atacada por su género y no por sus ideas, se empobrece el debate democrático y se restringe el derecho ciudadano a elegir entre liderazgos diversos.
Costa Rica cuenta con instituciones y marcos legales que reconocen la violencia contra las mujeres como un problema estructural, pero aún falta avanzar con mayor decisión en el reconocimiento específico de la violencia política y en mecanismos efectivos de prevención, denuncia y sanción. No basta con tener leyes si el costo emocional, social y político de denunciar sigue siendo tan alto.
A pesar de este contexto, las mujeres continúan participando, organizándose y resistiendo. Desde los gobiernos locales hasta la Asamblea Legislativa, desde los partidos políticos hasta las organizaciones comunales, miles de mujeres sostienen la democracia con su trabajo diario. Su presencia no es una concesión ni una cuota simbólica: es un derecho y una necesidad democrática.
Defender la participación política de las mujeres en Costa Rica implica mucho más que cumplir con la paridad en el papel. Implica transformar la cultura política, sancionar la violencia, exigir responsabilidad a los partidos y garantizar que ninguna mujer tenga que elegir entre su integridad y su vocación de servicio público.
Porque una democracia donde las mujeres participan con miedo no es una democracia plena. Y Costa Rica merece una política donde las mujeres no solo estén presentes, sino que puedan ejercer su liderazgo con libertad, respeto y seguridad.