Durante años, una parte del progresismo local llegó a convencerse de que había conquistado algo más valioso que las elecciones: la autoridad moral y la superioridad intelectual. Se autoproclamó como el único representante legítimo del conocimiento, de la intelectualidad y del pensamiento “correcto”. No se asumió solo como una corriente política más, sino como una especie de tribunal ético, único y permanente. Desde esa posición, todo desacuerdo dejó de ser válido y pasó a ser sospechoso. Quien no coincidía con sus tesis no estaba simplemente equivocado: estaba “mal”, o, como se les oye decir, “del lado incorrecto de la Historia”.
Ese fue uno de sus errores.
La política democrática no se quiebra cuando surgen ideas distintas; se quiebra cuando un grupo decide que sus ideas ya no necesitan validación popular porque han sido previamente certificadas por su propia conciencia. Ahí está el núcleo del problema: el progresismo dejó de querer competir y empezó a certificarse a sí mismo. Mirarse al espejo y verse virtuoso les pareció suficiente.
Inspirados por una visión importada —más identitaria que material, más simbólica que práctica— muchos de sus principales voceros sustituyeron la discusión sobre empleo, seguridad, educación y movilidad social por una obsesión casi ritual con el lenguaje, las etiquetas, las jerarquías morales y la importación de conflictos lejanos que poco o nada tienen que ver con la vida cotidiana del país. Ya no se trataba de resolver problemas concretos, sino de demostrar quién ocupaba el lugar correcto en el altar moral del momento.
La historia no vota. Vota la gente.
El progresismo contemporáneo cometió un error estratégico profundo: confundió sensibilidad con eficacia, y empatía declarada con resultados reales. Esa diferencia, por cierto, sí fue entendida con claridad por sus adversarios políticos. Mientras unos acumulaban diagnósticos impecables, otros hablaban de soluciones —mejores o peores—, pero reconocibles para quienes viven los problemas día a día.
Con el tiempo, los progresistas se volvieron expertos en señalar las fallas ajenas y sorprendentemente incapaces de explicar por qué, después de tantos análisis brillantes, la vida cotidiana de amplios sectores no mejoraba. Cuando alguien se atrevía a hacer esa pregunta incómoda, la respuesta no era un argumento, sino una descalificación.
Esta es una de las características centrales del movimiento woke: la autoproclamación de superioridad intelectual y moral, acompañada de la tendencia a tratar a todo el que piensa distinto como un ciudadano de segunda clase. A veces con adjetivos añadidos —racista, capitalista, gentrificador, misógino, sionista, homofóbico— y otros tantos que sería largo enumerar. La etiqueta reemplazó al debate.
Ese modelo, basado en la cancelación social y en la superioridad moral permanente, puede funcionar en redes sociales, en universidades o en círculos ideológicamente cerrados. En un país real, con personas reales y problemas reales, fracasa. No porque la gente sea ignorante, sino porque la gente no es ingenua.
El resultado electoral no fue una conspiración, ni un accidente, ni un estallido de irracionalidad colectiva. Fue un rechazo explícito a una forma de hacer política que habla de las personas sin escucharlas, que prescribe para ellas sin convivir con las consecuencias de sus recetas, y que interpreta cualquier disenso como atraso, mala fe o inferioridad moral.
Hay algo profundamente antidemocrático en creer que perder elecciones demuestra que el electorado falló. Esa lógica no es progresista; es elitista. Es la lógica de quienes creen que la legitimidad emana del título, de la tribuna o de la corrección ideológica, y no del respaldo ciudadano.
El país no giró porque se haya vuelto más conservador ni porque haya abandonado valores de justicia social. Giró porque una parte del liderazgo progresista dejó de ser humilde, dejó de ser autocrítica y dejó de ser útil. La política, al final, no castiga ideas: castiga actitudes.
La pregunta ahora no es quién ganó, sino si aprendimos algo.