Durante décadas, Costa Rica se pensó a sí misma como una excepción latinoamericana: democrática, estable y socialmente cohesionada. Sin embargo, basta poner atención para notar que el relato empieza a desmoronarse en un país que lejos de uniforme, hoy parece retazos de realidades que conviven sin tocarse. La idea de una sola nación funciona como consigna patriótica, pero describe cada vez menos la experiencia cotidiana. La realidad es otra: coexistimos en varias Costa Ricas, separadas no por fronteras visibles, sino por condiciones de vida radicalmente distintas.
La primera es la del trabajador “de a pie”, concentrado en la Gran Área Metropolitana que se enfrenta al transporte decadente, la cita médica lejana en distancia y tiempo, el salario que apenas alcanza. Aquí el Estado sigue siendo indispensable, pero su eficacia es cuestionable con una promesa de movilidad social que definió al país durante el siglo pasado parece haberse convertido en una prueba de resistencia donde sobrevivir ya cuenta como logro.
En el mismo espacio coexiste otra Costa Rica, la de quienes pueden blindarse del deterioro público en condominios cerrados, servicios privados, educación y salud fuera del sistema estatal en algo que más que solvencia, es independencia respecto a lo común. Mientras unos dependen del Estado, otros remarcan la desigualdad que se transforma en una diferencia de mundos.
Más allá del Valle Central aparece la Costa Rica costera, históricamente seducida por la promesa del turismo en donde la inversión llegó, pero también el encarecimiento, la presión inmobiliaria y la sensación de que el progreso pertenece más al visitante que al residente. Se produce riqueza, sí, pero no siempre bienestar en ese paraíso promocionado al exterior que convive con comunidades que ven cómo su propio territorio se vuelve ajeno entre dólares y spanglish mediocre.
Pocos se detienen en una Costa Rica casi ausente del discurso público: la indígena, víctima del abandono estatal que no es metáfora, sino herencia plagada de carencias básicas y, sobre todo, una exclusión simbólica que los pone fuera del imaginario nacional, tratados como si no formaran parte de él.
Estas realidades no son accidentes aislados, señalan el desgaste de un Estado que alguna vez se legitimó prometiendo equilibrio social. En las campañas políticas se habla de “el pueblo” como si fuera uno solo, aunque las brechas territoriales y sociales digan lo contrario. El resultado es un discurso que unifica en palabras lo que en la práctica se fragmenta.
Tal vez el mayor riesgo no sea la desigualdad, sino la costumbre. Cuando cada sector aprende a vivir en su propia Costa Rica, la idea de proyecto común se diluye. Las élites privatizan su seguridad, las clases trabajadoras normalizan la precariedad, las regiones periféricas se resignan y los pueblos originarios siguen esperando ser vistos.
Aceptar que el país está fracturado no es antipatriótico, es el inicio de cualquier solución seria. La cohesión no se decreta; se construye, y si la política continúa administrando brechas en lugar de reducirlas, el romántico orgullo del costarricense terminará siendo apenas un recuerdo útil para discursos, pero irrelevante para la vida real.
Quizá la tarea urgente no sea inventar nuevas promesas, sino reconocer viejas deudas de un país que se piensa democrático y debería poder discutir sus fracturas sin esconderlas tras silencios cómodos. Nombrar las diferencias no destruye la nación; puede ser el primer paso para reconstruirla, que si algo une todavía a estas “Costa Ricas”, tal vez sea la expectativa compartida de que el país podría ser más justo, más cercano, menos indiferente. Esa expectativa, si se escucha, podría ser la última base real para imaginar un futuro común. Sin ella, la convivencia seguirá siendo mera coincidencia geográfica, y no proyecto político. Un riesgo silencioso, pero decisivo para todos.