Durante años hablé de sostenibilidad en términos ambientales, financieros y climáticos. A lo largo de mi carrera profesional he trabajado con bancos en distintos países de la región ayudando a estructurar sistemas que gestionen riesgos y garanticen estabilidad en el largo plazo.
Hoy quiero hablar de otra sostenibilidad: la del régimen jubilatorio en Paraguay. Y esta vez no solo como consultora, sino también como docente universitaria, como trabajadora y como parte de una generación que observa con incertidumbre su futuro previsional.
En clases suelo explicar que ningún sistema es sostenible si sus egresos superan de manera sistemática su capacidad de generación de ingresos. Es un principio básico, aplicable a un proyecto ambiental, a una cartera financiera o a cualquier política pública. El debate actual sobre las jubilaciones en Paraguay gira precisamente en torno a esa tensión. Tenemos un sistema fragmentado entre el Instituto de Previsión Social (IPS), la Caja Fiscal administrada por el Ministerio de Economía y Finanzas y otros regímenes especiales, con reglas distintas y presiones crecientes derivadas del envejecimiento poblacional y la informalidad laboral. Como profesional que trabaja en sistemas de gestión, sé que ignorar señales estructurales nunca termina bien.
Pero como docente también sé que las decisiones públicas no se reducen a planillas actuariales. Afectan trayectorias de vida, expectativas y hasta planes familiares. Cuando el debate se comunica únicamente en términos de aumentar edad o años de aporte, sin explicar con claridad los datos, las proyecciones y los escenarios demográficos, la reforma se percibe como recorte. Y cuando la percepción es de imposición, la legitimidad se debilita.
Cada semestre veo estudiantes jóvenes que recién comienzan a trabajar. Muchos lo hacen a una edad temprana, con la esperanza de alcanzar estabilidad laboral y, algún día, una jubilación digna. Sin embargo, la desconfianza es creciente. Algunos ya proyectan desde el inicio que deberán construir fuentes alternativas de ingresos porque no confían plenamente en el sistema previsional. Esa desconfianza es, quizás, el síntoma más preocupante. La sostenibilidad previsional no es solo un asunto fiscal; es una cuestión de confianza intergeneracional. Si el sistema no se ajusta de manera gradual y transparente, el costo futuro será mayor y recaerá sobre quienes hoy apenas ingresan al mercado laboral.
No creo que el debate deba plantearse como una dicotomía entre derechos adquiridos y equilibrio financiero. La verdadera discusión debería centrarse en cómo garantizar ambos. La sostenibilidad que promovemos en el ámbito ambiental o financiero exige planificación, datos abiertos, evaluación de riesgos y consensos amplios. No veo por qué el sistema jubilatorio debería ser diferente. El Congreso Nacional tiene un rol determinante, pero también lo tenemos quienes formamos opinión, enseñamos y participamos del debate público.
En lo personal, creo que una reforma es inevitable. Los cambios demográficos no se detienen por decisión política. Pero también creo que la forma en que se diseñen e implementen esos cambios definirá su legitimidad. No quiero un sistema que colapse en el futuro por falta de decisiones oportunas. Tampoco quiero ajustes apresurados, sin diálogo ni transparencia.
Hablar de jubilaciones es hablar de seguridad y previsibilidad; es la promesa implícita de que el trabajo de toda una vida tendrá respaldo en la vejez. Como consultora en sostenibilidad, creo que los sistemas deben ser financieramente viables en el largo plazo. Como docente universitaria, creo que las reformas deben construirse con diálogo, datos abiertos y gradualidad. Y como trabajadora, también me pregunto cuál será la seguridad real de mi propio futuro previsional.
La verdadera reforma no debería dividir generaciones, sino protegerlas a todas.