Durante los últimos dos años he tenido el honor profesional de asumir la defensa de un grupo de cooperativistas que, por más de tres décadas, han dedicado su trabajo a la atención de un servicio esencial: la salud humana. Treinta y siete años de gestión ininterrumpida, caracterizada por estándares de calidad reconocidos y, lo que resulta de interés público, costos sustancialmente menores para la Caja Costarricense de Seguro Social. Ello ha significado un ahorro millonario para las finanzas públicas, aunado a un beneficio tangible para los asegurados, en términos de eficiencia y excelencia en la prestación del servicio.
Ese historial no fue cuestionado durante décadas. Sin embargo, a mediados del año 2024, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción dio curso a una denuncia promovida por un grupo de sindicalistas, con el respaldo de la auditoría interna de la CCSS, que alertaba sobre supuestos sobreprecios en la licitación de 138 EBAIS. Conviene aquí ser enfático, categórico: la denuncia, como acto inicial del control democrático, no es el problema. El verdadero problema ha sido la forma irresponsable en que se ha investigado.
La investigación ha estado marcada por una preocupante falta de objetividad, por decisiones apresuradas y por una intervención impropia de la Contraloría General de la República, bajo la dirección de la señora Marta Acosta, materializada en dictámenes técnicamente irresponsables y carentes del mínimo rigor exigible, cuya elaboración apresurada permite, al menos, cuestionar seriamente su buena fe. Funcionarios contralores, designados sin criterios transparentes, elaboraron una nota técnica en apenas siete días naturales, omitiendo un análisis serio, exhaustivo y documentado del expediente que tenían bajo su custodia. Esa celeridad, más cercana a la improvisación que al rigor técnico, constituye por sí misma una irregularidad grave.
Las falencias de dicha nota técnica no se limitan a lo procedimental. Su contenido adolece de errores sustantivos que serán oportunamente debatidos en sede penal. No obstante, lo anterior no exonera (ni mucho menos) a la señora contralora general de la república del deber legal de fiscalizar a sus propios subordinados. Máxime cuando estos funcionarios se prestaron para participar activamente en diligencias propias de la investigación penal, como allanamientos, sin que en resolución judicial alguna conste sus nombres, su rol específico ni la fundamentación jurídica que motivara su presencia.
Resulta jurídicamente inaceptable que funcionarios administrativos, cuyo mandato constitucional es el control previo y posterior del uso de fondos públicos, manifiesten un interés particular en insertarse “a la fuerza” en un proceso penal que no les compete. Esa extralimitación funcional, lejos de ser corregida, fue inexplicablemente tolerada. La negativa reiterada de la jerarca a ejercer el control que la ley le impone ha derivado, inevitablemente, en la interposición de acciones judiciales tanto en el ámbito personal como en la jurisdicción contencioso-administrativa en su contra.
La institucionalidad debe respetarse. Esa es una máxima irrenunciable del Estado de Derecho. Pero respetar la institucionalidad no significa blindar a quienes la dirigen frente a la crítica legítima. Por el contrario, a los funcionarios públicos (incluidos aquellos que ejercen funciones fiscalizadoras) se les puede y se les debe exigir rendición de cuentas, objetividad y apego estricto al marco legal.
Los incumplimientos atribuidos a la señora Acosta no son menores ni subsanables con explicaciones retóricas. Son graves, estructurales y afectan la credibilidad del sistema de control. Por ello, coincido: debe hacerse a un lado y presentar su renuncia. No porque haya “cumplido un ciclo”, sino porque ha faltado a su deber esencial. En un Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, ni siquiera quien tiene la misión de vigilar su cumplimiento.
Si bien acá no se va a solucionar la clásica interrogante de filosofía política sobre: ¿Quién vigila a los vigilantes? Al menos los hechos suscitados, nos da insumos para reflexionar sobre el actuar de estos.