Durante décadas, Costa Rica se presentó como una excepción democrática en Centroamérica, un país donde los derechos humanos se consolidaron frente a escenarios de inestabilidad en la región. Sin embargo, en los últimos años ese relato se ha tensionado en torno a la libertad de expresión.
Hace unos días se conoció el caso de un columnista que pidió a Delfino.cr borrar sus artículos por sentirse perseguido por el Poder Ejecutivo. Aquí no hablamos de una ruptura autoritaria abrupta, sino de una erosión progresiva.
La Clasificación Mundial de Libertad de Expresión de Reporteros Sin Fronteras muestra una caída progresiva: del 8° lugar en 2022 al 36° en 2025. Este descenso no ocurre en abstracto. Durante el gobierno del presidente saliente Rodrigo Chaves Robles se impulsó una línea de confrontación con medios y periodistas, manifestada en ataques verbales, estigmatización de la prensa y presiones económicas que alimentan un clima de hostilidad antes poco común en la historia del país.
Señales persistentes de presión sobre el ecosistema informativo y digital
En los años recientes se han acumulado episodios que configuran un patrón: la subasta de frecuencias de radio y televisión que generó fuertes cuestionamientos por su posible impacto en el pluralismo informativo y el acceso al espectro radioeléctrico; periodistas de medios digitales especializados en verificación de datos que fueron objeto de restricciones o tratos diferenciados durante conferencias de prensa del Ejecutivo; y el retiro de pauta estatal a un medio de comunicación luego de la publicación de contenidos satíricos sobre el gobierno.
Esto ya tiene efectos concretos. Según la III Encuesta sobre Libertad de Expresión (Proledi-UCR 2025) más de la mitad de la población percibe un deterioro en su libertad de expresión y declara haber evitado expresar opiniones en redes sociales por temor a represalias o consecuencias.
¿Costa Rica atrapada en la ola autoritaria?
En las recientes elecciones del 1 de febrero, la candidata oficialista Laura Fernández logró una victoria en primera vuelta, sumando el 48,6% de los votos. Más allá del resultado, preocupa la consolidación de un clima político que debilita los contrapesos democráticos. La normalización del ataque a la prensa, la deslegitimación sistemática de voces críticas y la construcción de enemigos internos son rasgos documentados en procesos autoritarios en la región que hemos alertado desde Derechos Digitales.
En el caso de El Salvador se han dado exilios masivos de periodistas y organizaciones de la sociedad civil en 2025. En Honduras o Nicaragua, los medios enfrentan no solo presiones económicas y legales sino amenazas directas. El informe de la Fundación Heinrich Böll sobre libertad de expresión en la región evidencia que Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua reflejan contextos donde censura, criminalización del periodismo y violencia contra comunicadores son fenómenos recurrentes, y donde muchas veces no queda medio independiente alguno.
Derechos reconocidos, protecciones insuficientes
La libertad de expresión y de prensa en Costa Rica cuenta con una protección normativa robusta. La Constitución Política reconoce el derecho a la libre comunicación del pensamiento sin censura previa y prohíbe cualquier forma de restricción indirecta. Además, el país ha ratificado instrumentos como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
No obstante, esta solidez no se ha traducido en un desarrollo legislativo integral frente a los desafíos contemporáneos. La Sala Constitucional ha operado como contrapeso ante decisiones administrativas que podrían consolidar restricciones indirectas, pero su rol evidencia una creciente dependencia de la judicialización posterior y no de políticas preventivas.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en 2025 señaló la existencia de un “ambiente de creciente deterioro de la libertad de expresión” en Costa Rica. Organizaciones de sociedad civil también han señalado que el marco legal resulta insuficiente para abordar la violencia digital. Las agresiones al periodismo se amplifican en entornos digitales mediante campañas de descrédito e intimidación, afectando de forma diferenciada a mujeres periodistas y personas LGBTQIA+, y restringiendo su participación pública.
Sobre este tema, el trabajo de Derechos Digitales junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), propone principios orientadores para reformas legislativas y políticas públicas, que apuntan a transformar las capacidades estatales y sociales necesarias para proteger y garantizar la libertad de expresión en espacios digitales de forma efectiva y con perspectiva de derechos humanos.
Fortalecer la libertad de expresión en medio de la erosión democrática
En América Latina, el debilitamiento de la libertad de expresión se ha convertido en una de las primeras señales de tendencia autoritaria, la experiencia regional demuestra que su desgaste rara vez comienza con censura directa. Costa Rica todavía cuenta con instituciones, estándares y capacidades para revertirlo, pero esa ventana no es indefinida.
Asumir que la libertad de expresión está garantizada por inercia es uno de los riesgos más altos del momento actual. Para fortalecerla no basta con invocar la tradición democrática ni confiar exclusivamente en la fortaleza institucional heredada.
Implica asumir responsabilidades concretas: actualizar el marco legal para enfrentar violencias digitales sin criminalizar la expresión, establecer reglas claras y transparentes para la comunicación estatal, garantizar mecanismos efectivos de protección a periodistas y personas comunicadoras, y reconocer que las plataformas digitales son hoy infraestructuras políticas que requieren regulación con enfoque de derechos humanos.