La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) acaba de dar un paso que, en cualquier país sensato, debería celebrarse sin matices: aprobó su portafolio de inversiones 2026–2035 y, con ello, reconoció —al menos sobre el papel— que la salud pública necesita planificación, músculo financiero y obras concretas, no promesas. Desde la Junta de Salud del Hospital Nacional de Geriatría, la noticia se recibe como una señal alentadora: la propia institución ha hablado de “solvencia financiera”, una palabra que en tiempos de listas de espera y pasillos saturados suena casi a alivio.
Pero la pregunta que hoy importa no es si la CCSS puede. Es si realmente va a querer.
Porque en Costa Rica ya aprendimos, a fuerza de retrasos y excusas, que un portafolio aprobado no opera, no atiende, no cura. Los planes no salvan vidas por sí mismos; lo hace la ejecución. Y cuando se trata de inversiones por miles de millones, el riesgo no es solo técnico: es político, administrativo y, muchas veces, cultural. Basta un cambio de prioridades en la jerarquía, una reinterpretación de “urgencias”, una nueva junta directiva o un giro presupuestario para que un proyecto pase de “estratégico” a “reprogramado”, y de “reprogramado” a “congelado”.
Esa incertidumbre se vuelve especialmente inquietante cuando hablamos del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes, una institución que no solo atiende enfermedades: atiende una realidad nacional que crece cada día. Su nueva sede —largamente discutida, evaluada, postergada— ha sido arrastrada durante años entre trámites, decisiones administrativas y controversias que no deberían tener cabida cuando lo que está en juego es el derecho a la salud de las personas adultas mayores.
El país lo sabe. Y por eso duele que, pese a la evidencia, este tema haya tenido que escalar hasta tribunales. La intervención de la Sala Constitucional, en el contexto de la paralización del proyecto y las obligaciones que de ahí se desprenden, es una señal incómoda pero clara: cuando el sistema se estanca, la ciudadanía tiene que empujarlo. Y si un hospital especializado en envejecimiento necesita un empujón judicial para moverse, entonces el problema no es la falta de recursos; es la falta de voluntad sostenida.
No se trata de un capricho institucional ni de un debate para especialistas. Estamos frente a una transformación demográfica que no pide permiso. Costa Rica envejece a un ritmo acelerado y eso cambia todo: la demanda de servicios especializados, la atención de enfermedades crónicas, los cuidados de larga duración, la rehabilitación, la complejidad clínica y el acompañamiento humano que requieren miles de familias. Un sistema construido pensando en una población más joven simplemente no puede responder con eficiencia si no moderniza su infraestructura y fortalece su capacidad instalada.
En este escenario, la modernización del Hospital de Geriatría no es un lujo presupuestario ni un “proyecto más” que compite por atención en un tablero político. Es una inversión estratégica en dignidad. Es reconocer que las personas adultas mayores no pueden ser tratadas como un rubro que se ajusta cuando “hay que apretar la faja”. Ellas ya pagaron la faja toda su vida.
Por eso, el portafolio 2026–2035 abre una oportunidad, sí, pero también expone una fragilidad: la salud pública no puede depender de entusiasmos temporales. La continuidad de proyectos prioritarios no debería quedar a merced de cambios de administración, ni de reinterpretaciones oportunistas, ni de la tentación de mover recursos hacia donde haya menos ruido o menos complejidad.
¿Qué debe cambiar para que lo aprobado no se convierta en una lista bonita archivada?
Primero, que los proyectos verdaderamente críticos —como la infraestructura geriátrica— queden protegidos por compromisos verificables y difíciles de revertir. No hablamos de rigidez ciega, sino de blindajes mínimos que eviten que lo esencial se desarme con una firma.
Segundo, transparencia radical. La ciudadanía no necesita discursos: necesita cronogramas públicos, hitos medibles, explicaciones cuando hay atrasos, y responsables identificables. En salud, el tiempo no es un concepto abstracto: es dolor, deterioro y, a veces, muerte evitable.
Tercero, una visión de Estado que entienda que las necesidades estructurales no cambian con los nombramientos. La gerontología no se pausa porque cambió un jerarca. El envejecimiento no espera porque hubo elecciones. Las listas de espera no bajan porque se aprobó un portafolio.
La CCSS dice tener recursos. Ojalá sea cierto y ojalá se mantenga. Pero la historia reciente nos enseña que el verdadero cuello de botella no siempre está en la caja fuerte, sino en la decisión de abrirla a tiempo y con el destino correcto.
Costa Rica no necesita más planes; necesita obras. No necesita más anuncios; necesita hospitales que respondan a la realidad del país que ya somos. Y si el portafolio 2026–2035 quiere ser una buena noticia, debe demostrarlo donde realmente cuenta: en la ejecución fiel y sostenida de lo que la salud pública exige, empezando por quienes más la necesitan.