Cuando se habla del futuro de Costa Rica, solemos pensar en crecimiento económico, competitividad e innovación. Sin embargo, pocas veces comenzamos la conversación por un elemento esencial: las condiciones físicas en las que se educan las próximas generaciones. La infraestructura educativa no es un detalle operativo; es un reflejo directo de las prioridades de un país.
Hoy, Costa Rica enfrenta un rezago evidente: para el inicio del curso lectivo 2026, el Ministerio de Educación Pública reporta 872 órdenes sanitarias activas en centros educativos, de las cuales 101 corresponden a situaciones de alto riesgo estructural. Estas cifras no son solo estadísticas administrativas: representan estudiantes que aprenden en espacios inadecuados, docentes que enfrentan limitaciones diarias y comunidades cuyo desarrollo se ve comprometido.
Desde la Cámara Costarricense de la Construcción, hemos sido claros: este problema no se explica únicamente por la falta de recursos, sino por una combinación de débil planificación, baja capacidad de ejecución y ausencia de una política de Estado en infraestructura. Durante años, la infraestructura educativa ha sido atendida de forma reactiva, respondiendo a emergencias, pero sin una visión de largo plazo.
Junto a la preocupación del sector construcción, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió en su informe “Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023”, que el país arrastra debilidades estructurales en la gobernanza de sus centros educativos, lo que explica por qué muchos proyectos se retrasan, se encarecen o no logran cumplir los objetivos previstos.
El informe señala además que Costa Rica carece de un inventario completo y actualizado que permita conocer con precisión dónde están los centros educativos, a cuántas personas atienden y en qué condiciones reales se encuentran sus edificaciones. Esta falta de información limita la planificación, dificulta el uso eficiente de los recursos públicos y aumenta el riesgo de que los centros con mayor vulnerabilidad queden relegados, reproduciendo desigualdades que el país debería estar cerrando, no ampliando.
Debemos tener muy presente el rol decisivo, de la infraestructura en el desarrollo de las escuelas y colegios seguros y funcionales, ya que favorecen la permanencia estudiantil, reducen desigualdades territoriales y fortalecen el capital humano que sostiene el crecimiento económico. No invertir en su mantenimiento y modernización implica trasladar costos mucho mayores al futuro y limitar las oportunidades de miles de personas.
Por ello, la Cámara ha planteado la necesidad de integrarla dentro de una Política Nacional de Infraestructura, con planificación plurianual, presupuestos protegidos para mantenimiento, fortalecimiento de la capacidad técnica del Estado y mecanismos claros de rendición de cuentas.
En coherencia con esa visión, la Cámara mantiene vigente un Convenio Marco de Cooperación con el Ministerio de Educación Pública, que permite articular esfuerzos bajo un esquema formal de colaboración público-privada para atender necesidades en centros educativos. En ese marco se desarrolla el programa “Adopte un Centro Educativo”, mediante el cual empresas afiliadas pueden apoyar intervenciones específicas como mejoras en infraestructura, mobiliario o equipamiento, previamente identificadas y priorizadas por el MEP, garantizando validación técnica, seguimiento y rendición de cuentas en cada proyecto. Ese convenio no ha podido ejecutarse y exhortamos al MEP a que lo ponga en marcha cuanto antes.
Pensar en las condiciones en que educamos a nuestras niñas, niños y jóvenes es pensar en desarrollo social, productividad y equidad. Un país que descuida sus aulas compromete su futuro, pero uno que las fortalece siembra oportunidades duraderas. Garantizar espacios seguros, dignos y funcionales no es solo una responsabilidad institucional: es una decisión estratégica para el crecimiento del país.
Si Costa Rica aspira a un futuro más justo y competitivo, debe comenzar por asegurar que sus centros educativos estén a la altura de ese objetivo. La educación forma personas, pero son los entornos adecuados los que permiten que ese potencial florezca. Invertir hoy en nuestras escuelas y colegios es apostar, con visión y responsabilidad, por el país que queremos ser mañana.
Escrito por: Randall Murillo Astúa, director ejecutivo Cámara Costarricense de la Construcción