Denuncian presuntos delitos ambientales relacionados con invasión y cambio de uso de suelo en la zona fronteriza norte del país.
La fracción del Frente Amplio presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental por presuntos delitos ambientales relacionados con invasión y cambio de uso de suelo en la zona fronteriza norte del país, específicamente en la comunidad de El Jocote, distrito de Pocosol, cantón de San Carlos, sobre la ruta 761.
La denuncia fue interpuesta por el diputado Ariel Robles Barrantes, junto con la diputada Priscilla Vindas Salazar y el congresista recién electo Edgardo Araya Sibaja.
Según el documento presentado, en los últimos días se observaron movimientos de tierra de gran magnitud en un sector boscoso ubicado después del puente sobre el río Pocosol, en la carretera hacia Los Chiles, lo que evidenciaría la tala de árboles y la alteración del terreno.
De acuerdo con los denunciantes, por la ubicación de los hechos, sospechan que las actividades se estarían desarrollando dentro del Área de Protección del Corredor Fronterizo de la Zona Norte, un espacio sujeto a un régimen especial de protección ambiental.
La denuncia señala además que, según registros en redes sociales, aún se observa bosque sin talar en el sitio, situación que podría cambiar si continúan las labores denunciadas.
Ante este escenario, el Frente Amplio solicitó a la Fiscalía que investigue los hechos por los posibles delitos ambientales que correspondan y que determine si existe invasión a áreas protegidas.
Asimismo, pidió la emisión de medidas cautelares para paralizar de inmediato cualquier actividad que no cuente con los permisos respectivos, así como la coordinación con la Fuerza Pública y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación para detener los movimientos de tierra y evitar daños ambientales graves o irreversibles.
La denuncia también solicita la anotación de la causa en el Registro Nacional respecto a los inmuebles donde se desarrollan las actividades señaladas, así como la eventual demolición de estructuras que carezcan de los permisos legales. El documento fue presentado el 9 de febrero de 2026 y quedó a la espera de que el Ministerio Público determine las acciones a seguir.