El principio básico de la regulación laboral y financiera siempre ha sido la protección del trabajador o del usuario de servicios financieros (deudores).
Normativas como la del salario mínimo (en Costa Rica, el más alto de Latinoamérica), salario mínimo neto límite para las rebajas y otras, buscan evitar abusos por parte de las empresas además de garantizar condiciones mínimas de subsistencia de una población sin formación en materia financiera. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, no siempre se cumplen los objetivos por los que fue aprobada la ley.
Hoy en día, podemos encontrar una gran cantidad de empleados públicos que por ejemplo cuentan con buenos salarios, sin embargo, los bancos, cooperativas o incluso prestamistas privados no les atienden debido a la regulación vigente que hace de estas personas sean “imprestables” (que no se les puede prestar dinero), haciendo así que corran a los brazos de prestamistas informales, asumiendo los riesgos que ya todos conocemos.
Es decir, aun teniendo capacidad de pago nadie les presta porque las leyes prohíben hacerlo, dejando ver que esa normativa no toma en cuenta el momento actual de las personas, por lo cual no hay productos financieros especializados para cada necesidad, si no que todos debemos acceder a lo mismo sin importar las particularidades de cada uno.
La paradoja de la protección
La protección sin contexto produce desprotección y desigualdad.
El marco regulatorio actual —por ejemplo, el artículo 172 del Código de Trabajo, que establece que los salarios que no excedan el mínimo vigente son inembargables para resguardar el sustento del trabajador— parte de una intención legítima, pero no siempre considera sus efectos secundarios.
Cuando estas normas se vuelven rígidas sin tomar en cuenta las diversas realidades, cantidad de ingresos, eventualidades, historiales de pago contextualizados, entre otros, le causan problemas a quienes dicen proteger.
Ante esto, simplemente las personas con alguna “mancha” crediticia, pero con capacidad de pago quedan excluidas del sistema financiero.
Y he aquí la paradoja: normas creadas para proteger al trabajador terminan perjudicándolo al no poder acceder a recursos o al contar sólo con opciones de usura y otros.
Un ejemplo clásico son los topes de la “Ley de Usura”, que hacen que todos los bancos, al no poder prestar al 60% o 70% en sus tarjetas de crédito, opten por excluir a esta población manchada, pero con ingresos.
La exclusión es enemiga de la inteligencia financiera
El aumento en los efectos de la informalidad en el sector crediticio ha sido notorio desde la entrada en vigor de la “Ley de Usura”. Este síntoma puede interpretarse como uno de los factores claves que impiden que los ticos puedan mejorar sus hábitos crediticios, ya que al verse económicamente estrujados, las opciones alrededor de qué hacer con el dinero se vuelven nulas.
Entonces, ante este escenario se hace de vital importancia re-evaluar los contextos en los que se otorgan un crédito, no todas las moras son por las mismas causas, y no todo aquel que tenga una mancha de pronto tiene porque volverse “imprestable” .
Aunque ese argumento suena “sensato”, la regulación no permite innovar con productos de real impacto, al tener un tope de tasa de usura y un mínimo de salario al que se le pueda rebajar, por un lado podría estar cumpliendo los objetivos para el cual se diseñó: proteger a las personas de sí mismas , sin embargo pagan justos por pecadores, ya que la banca comercial de seguro estaría interesada en ofrecer créditos más riesgosos si la tasa lo permitiera, mejorando así la inclusión financiera.
Una discusión más estratégica
Una discusión polarizada entre proteger y desregular es el enfoque equivocado si lo que se busca es promover la inclusión financiera y prevenir la ilegalidad, y los primeros pasos hacia ello deben girar en torno a responder las siguientes preguntas:
- ¿Es beneficioso delimitar umbrales sin considerar las diferencias de las realidades salariales de las personas ?
- ¿Puede ser provechoso incentivar la economía si se le permite a las personas definir sus propios límites de rebajos basado en datos?
- ¿Podría una definición de bandas de interés según riesgo alentar la economía por medio de la inclusión financiera?
Hacer un análisis de esto no debilita los derechos ya adquiridos y asegurados, si no lo que busca es actualizar los marcos regulatorios en función de la dinámica de mercados actual.
A pesar de la incertidumbre que un cambio de enfoque plantea, el Estado puede optar por utilizar herramientas ampliamente probadas por países como México y Colombia. Por ejemplo, los “Sandbox” regulatorios que permiten “probar” el efecto de cambios de normas en un mercado más pequeño y con más controles.
Esto permitiría implementar bandas de tasas de interés según el perfil crediticio sin que tengan tope o límites de rebajo. Sin embargo, en el ambiente controlado que ofrece un “sandbox” regulatorio se podrían medir los efectos positivos o negativos de iniciativas de este tipo.
No debemos olvidar que la protección no es igual a prohibición y los efectos de las normas que afectan la inclusión financiera y acceso a mejores condiciones crediticias deben estar al servicio de hacer más ágiles y favorables todos los productos provenientes de la banca estatal o privada. Por tanto, el enfoque debe ser contextual y no prohibitivo, pasando por “Sandbox” regulatorios para medir sus efectos previo a ser puesto en marcha de forma definitiva.