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Expresidente de Corea del Sur condenado a cadena perpetua por intento de autogolpe de Estado

La justicia surcoreana lo declaró culpable de liderar una insurrección tras imponer la ley marcial en 2024.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó este jueves a cadena perpetua al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol tras declararlo culpable de rebelión por su intento de autogolpe de Estado mediante la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, en el desenlace judicial de la mayor crisis política del país en décadas.

El juez Jee Kui-youn concluyó que Yoon, de 65 años, movilizó fuerzas militares y policiales con el objetivo de apoderarse de la Asamblea Nacional, detener a adversarios políticos y establecer un poder sin control durante un periodo indefinido. El tribunal consideró que esas acciones constituyeron una insurrección.

Yoon decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024 en un intento de sortear a una Asamblea Nacional controlada por la oposición progresista. Ordenó el despliegue de tropas para rodear el Parlamento y anunció medidas que incluían la suspensión de actividades políticas, el control de los medios de comunicación y la posibilidad de practicar detenciones sin orden judicial.

La medida, la primera de este tipo en más de cuatro décadas en Corea del Sur, evocó el pasado autoritario del país, cuando gobiernos respaldados por militares recurrían a decretos de emergencia para sofocar protestas y restringir libertades. El decreto de Yoon duró unas seis horas. Un quórum de legisladores logró superar el bloqueo militar y votó por unanimidad su revocación.

El Parlamento suspendió a Yoon el 14 de diciembre de 2024 tras someterlo a juicio político. La Corte Constitucional lo destituyó formalmente en abril de 2025. Desde julio permanece bajo arresto mientras enfrenta varios procesos penales, entre ellos el de rebelión, que contempla la pena más severa.

Durante la lectura de la sentencia, Yoon mantuvo el rostro inexpresivo. El juez Jee afirmó que la decisión de enviar tropas al Parlamento resultó determinante para acreditar el delito.

Este tribunal considera que el propósito de las acciones (de Yoon) era enviar tropas a la Asamblea Nacional, bloquear el edificio de la Asamblea y arrestar a figuras clave, incluido el presidente de la Asamblea Nacional y los líderes tanto del partido gobernante como del partido de oposición, para impedir que los legisladores se reunieran para deliberar o votar"

Está suficientemente establecido que pretendía obstaculizar o paralizar las actividades de la Asamblea para que no pudiera desempeñar adecuadamente sus funciones durante un período de tiempo considerable”.

La Fiscalía solicitó la pena de muerte al sostener que las acciones del exmandatario pusieron en riesgo la democracia surcoreana. Sin embargo, la mayoría de los analistas preveía una condena a cadena perpetua, dado que el intento no provocó víctimas. Corea del Sur no ejecuta a un condenado a muerte desde 1997, en lo que se considera una moratoria de facto.

Los abogados de Yoon rechazaron el fallo. Yoon Kap-keun, integrante del equipo defensor, acusó al juez de emitir un “veredicto predeterminado” basado únicamente en los argumentos de la Fiscalía y afirmó que el “Estado de derecho” se había derrumbado. Indicó que consultaría con su cliente y con el resto del equipo legal la posibilidad de apelar.

En su defensa, Yoon aseguró ante el tribunal que el decreto de ley marcial pretendía alertar a la ciudadanía sobre lo que describió como un bloqueo institucional promovido por la oposición, y sostuvo que respetaría a los legisladores si votaban en contra de la medida. La Fiscalía argumentó que el entonces presidente buscó incapacitar al Parlamento e impedir que revocara el decreto.

El tribunal también condenó a cinco exmandos militares y policiales que participaron en la aplicación de la ley marcial. Entre ellos figura el exministro de Defensa Kim Yong Hyun, quien recibió una pena de 30 años de prisión por su papel en la planificación del decreto, la movilización de tropas y la orden de detener a 14 figuras políticas, incluido el presidente de la Asamblea Nacional, Woo Won-shik, y el actual presidente, Lee Jae Myung.

El mes pasado, otro tribunal condenó a Yoon a cinco años de prisión por resistirse al arresto, falsificar la proclamación de la ley marcial y eludir una reunión plenaria del gabinete exigida por ley antes de dictar el decreto.

El Tribunal Central de Seúl también declaró culpables a dos exmiembros del gabinete en causas relacionadas. El ex primer ministro Han Duck-soo recibió una condena de 23 años de prisión por intentar legitimar el decreto, falsificar registros y mentir bajo juramento. Han anunció que apelará el veredicto.

Yoon se convirtió en el primer expresidente surcoreano condenado a cadena perpetua desde Chun Doo-hwan, exdictador militar sentenciado a muerte en 1996 por su golpe de Estado de 1979, la represión de 1980 contra manifestantes prodemocracia en Gwangju y corrupción. La Corte Suprema redujo posteriormente su condena a cadena perpetua y un indulto presidencial especial permitió su liberación a finales de 1997.