La atención médica especializada en Costa Rica está bajo tensión. Mientras cientos de miles de personas esperan consultas, exámenes y cirugías, las cifras reales sobre la disponibilidad de médicos especialistas alimentan un debate intenso entre instituciones clave del sector salud.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) sostiene que existe un faltante urgente de especialistas que limita la capacidad de respuesta del sistema. Por el contrario, el Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica afirma que no hay escasez numérica de especialistas en el país, sino problemas de gestión, distribución y retención de ese recurso humano.
Según informes de la CCSS, en 2025 hubo un déficit de 439 médicos especialistas, concentrado en áreas como radiología e imágenes médicas y anestesiología —con 99 faltantes en cada una— así como en medicina del trabajo y otras disciplinas médicas críticas. Además, la institución ha reconocido que más de 1,2 millones de personas están en listas de espera para atención médica especializada, incluyendo consultas, cirugías y diagnósticos, lo que evidencia una presión significativa sobre el sistema público de salud.
Frente a esta situación, el Colegio de Médicos ha subrayado que Costa Rica cuenta con alrededor de 18.300 médicos incorporados, de los cuales alrededor del 38,4% son especialistas o subespecialistas registrados. En el 2025, el Colegio incorporó oficialmente a 301 nuevos especialistas y subespecialistas que completaron su formación, y otros profesionales formados en el extranjero están en proceso de validación, lo que, desde su óptica, demuestra que el país sí cuenta con recurso humano calificado. Para el Colegio, el problema no es la ausencia de especialistas en términos absolutos, sino la dificultad para integrarlos oportunamente al sistema público bajo condiciones laborales sostenibles.
Este contraste numérico es la raíz del conflicto institucional. Para la CCSS, el número de especialistas disponibles no es suficiente para atender la demanda real del seguro social, especialmente en ciertas zonas y servicios, para el Colegio, por el contrario, el país no carece de especialistas en términos absolutos, sino que el problema radica en que muchos de estos profesionales no están siendo contratados o retenidos dentro de la CCSS y la percepción del faltante responde a limitaciones administrativas, rigidez presupuestaria y falta de incentivos que impiden aprovechar plenamente la oferta profesional existente o bien están concentrados en áreas urbanas mientras otras regiones enfrentan mayores desafíos de acceso.
Además, la discusión se ve influida por fenómenos como la migración de especialistas hacia el sector privado o al extranjero, así como por renuncias recientes dentro de la institución pública. La CCSS ha registrado entre 2024 y 2026, 241 renuncias de profesionales en distintas especialidades, lo que impacta directamente la capacidad operativa de los hospitales. El Colegio argumenta que estas renuncias son consecuencia de condiciones laborales degradantes, jornadas extensas y tensiones institucionales que deben revisarse con seriedad.
Más allá de la confrontación, lo central para la ciudadanía es que este debate no puede reducirse a una pugna institucional, sino que debe generar soluciones prácticas. Si realmente hay falta de especialistas disponibles para atender a la población que espera desde hace años, la planificación de la CCSS debe ajustarse con urgencia. Si el problema es numérico, deben ampliarse las plazas y fortalecer la formación, si es de gestión, urge modernizar los procesos de contratación y distribución por otro lado si hay especialistas disponibles fuera del sistema por razones de condiciones laborales o procesos administrativos, esas barreras deben ser identificadas y eliminadas. En cualquiera de los dos casos, la prioridad debe ser garantizar el derecho constitucional a la salud de todos los costarricenses.
Costa Rica ha sido históricamente referente regional en salud pública. Mantener ese estándar exige planificación técnica, transparencia y coordinación entre las autoridades sanitarias y el colegio profesional. Más allá de quién tenga razón en la cifra exacta, el país necesita una política integral de recurso humano que garantice que cada especialista formado pueda ejercer donde más se le necesita, en beneficio directo de la población.