Los resultados de la reciente elección presidencial son claros y deben respetarse: el pueblo habló y decidió. Pero también dejaron una señal preocupante para el futuro ambiental del país. La opción menos comprometida con la agenda ecológica fue la que resultó vencedora, impulsada sobre todo por el voto de los territorios más vulnerables: costas, zonas rurales e indígenas. Eso tendrá, a menos que el gobierno electo modifique la agenda que planteó en su campaña, consecuencias en los próximos cuatro años para el desempeño ambiental de Costa Rica.
Este desenlace revela una fractura que no es nueva, pero que hoy se vuelve inocultable: los argumentos ambientales solo logran eco electoral en cantones y distritos con alto índice de progreso social, mientras que en los territorios con mayor rezago casi no pesan en la decisión de voto.
Esa brecha se entiende mejor a la luz de la tipología del economista ecológico Joan Martínez Alier, que distingue entre conservacionismo o culto a lo silvestre, tecnoeficiencia y ambientalismo de los pobres, y dialoga con el llamado del Papa Francisco en Laudato Si’ a una ecología integral que une el clamor de la tierra con el clamor de los pobres.
El problema de fondo es que el ambientalismo que domina el debate nacional se ha quedado atrapado en las dos primeras corrientes, con poco anclaje en la tercera. El conservacionismo costarricense se ha centrado en parques nacionales, bosques, especies emblemáticas y paisajes fotogénicos. La tecnoeficiencia promete una descarbonización “ganar-ganar”: más tecnología, más innovación, más economía verde.
Ambos enfoques han encontrado su base principal en las capas medias y altas urbanas, mejor educadas y con mayor acceso a servicios, donde las urgencias básicas están relativamente cubiertas y el voto puede priorizar cambio climático, movilidad eléctrica o acuerdos internacionales. No es casual que, en esos cantones, la oferta ambiental tuviera mejor desempeño electoral.
Al salir de esos enclaves, el discurso ambiental se debilita. En los cantones y distritos con bajo progreso social, especialmente en costas, zonas rurales e indígenas, el peso de los temas ambientales fue mínimo. Allí dominaron el empleo inmediato, el costo de la vida, la seguridad y el abandono estatal. Esa realidad es atendible: nadie puede exigirle a una familia que priorice la huella de carbono cuando no tiene asegurada el agua potable, el transporte o el ingreso del mes.
El resultado concreto es duro: la opción menos comprometida con la protección ambiental y la acción climática fue la que finalmente ganó, gracias sobre todo al peso electoral de esas zonas.
Eso tendrá, de no cambiar nada, efectos en al menos tres dimensiones:
- Regresiones o parálisis normativas: menor prioridad a ratificar acuerdos como Escazú, debilidad en la aplicación de leyes ambientales, retrocesos en ordenamiento territorial y protección de áreas clave.
- Inversión pública y privada orientada al corto plazo: posibilidad de aprobar proyectos de alto impacto ecológico con la promesa de empleo rápido, sin una evaluación seria de sus costos socioambientales.
- Pérdida de liderazgo internacional: el “país verde” que se ha vendido al mundo puede chocar con políticas domésticas permisivas o indiferentes, erosionando credibilidad y oportunidades de financiamiento climático.
La ironía es amarga: quienes más podrían sufrir las consecuencias de un debilitamiento de la política ambiental serán precisamente las comunidades que, por legítima desesperación social, dieron la victoria a la opción menos verde.
Laudato Si’ así lo advierte: no hay dos crisis separadas —ambiental y social—, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Cuando en los territorios empobrecidos se vota “contra” la agenda ambiental, se está votando contra las propias condiciones futuras de vida: contra el agua disponible, la estabilidad climática y la salud de los suelos y mares.
La responsabilidad principal no es de esos votantes, sino de un ambientalismo que no ha sabido hablar su idioma ni responder a sus urgencias. Para demasiadas comunidades, “cuidar el ambiente” ha significado más prohibiciones que oportunidades, más trámites que soluciones, más discursos que inversiones.
El ambientalismo de los pobres nace de la defensa del territorio y los medios de vida de estas poblaciones. No es un lujo moral, es supervivencia. Habla de justicia ambiental, de quién se beneficia y quién paga los costos de la degradación.
En Costa Rica existen expresiones de este ambientalismo en las luchas por el agua en comunidades rurales, en la defensa territorial indígena, en la pesca artesanal y en la resistencia a megaproyectos que expulsan población costera, pero esas voces rara vez lideran la agenda verde nacional o determinan los programas de gobierno.
La tarea estratégica para los próximos años es clara: concientizar y organizar a las capas más vulnerables en torno a una agenda ambiental que sea suya, que parta de sus problemas concretos, traduciendo la protección de la naturaleza en mejoras visibles en su vida diaria.
Eso implica, por ejemplo:
- Que “política de agua” signifique primero acueductos rurales fuertes, fuentes protegidas y tarifas justas.
- Que “política climática” sea también caminos transitables pese a las lluvias, vivienda fuera de zonas de riesgo, apoyo a la agricultura campesina frente a sequías e inundaciones.
- Que “economía verde” quiera decir empleo digno para jóvenes costeros, pescadores, mujeres rurales, no solo inversiones tecnológicas en la GAM.
Durante años, el factor ambiental ha sido parte del orgullo compartido del contrato social costarricense: parques nacionales, paz y energías limpias. Hoy corre el riesgo de convertirse en una bandera de minorías ilustradas, desconectada del resto del país.
Recuperar su centralidad exige algo más que campañas de sensibilización: requiere redistribuir poder y beneficios, reformar prioridades de inversión pública y permitir que las comunidades vulnerables definan qué entienden por “desarrollo sostenible”.
Respetar el resultado electoral es condición básica de democracia, pero leerlo críticamente es un deber cívico. Estas elecciones mostraron que, si el ambientalismo no se convierte en ambientalismo de los pobres y en práctica de ecología integral, seguirá perdiendo peso político justo donde más se juega el futuro ecológico del país.
El desafío de los próximos cuatro años no es solo resistir los retrocesos que pueden venir, sino construir desde abajo y en todo el territorio una mayoría social para la justicia ambiental, para que el voto de los más vulnerables deje de ser usado contra su propio futuro ecológico y el factor ambiental vuelva a ser parte viva del contrato social costarricense.