El domingo se dio a conocer el resultado de las elecciones presidenciales de 2026 en Costa Rica. La candidata del oficialismo, Laura Fernández Delgado (PPSO), obtuvo un 48% de los votos, seguida por Álvaro Ramos Chaves (PLN) con un 33% y Claudia Dobles Camargo (CAC) con un 4,85%. Más allá de los números, el proceso electoral dejó en evidencia una reconfiguración profunda del escenario político nacional.
Estas elecciones consolidan dos bloques políticos claramente definidos: la continuidad del proyecto iniciado por Rodrigo Chaves y una oposición también identificable. La nueva Asamblea Legislativa reflejará esta polarización, con 31 diputaciones afines al oficialismo y 26 de oposición, una composición muy distinta a la fragmentación que caracterizó al congreso saliente.
Estas elecciones también dejan una señal que no debería pasar desapercibida: prácticas y discursos que tensionan los principios democráticos, antes motivo de alarma pública, hoy son asumidos con creciente naturalidad por amplios sectores de la ciudadanía.
Un ejemplo ilustrativo de este fenómeno fue la presentación de la denominada “Ley Jaguar”. Desde sus primeras versiones, diversos sectores académicos y jurídicos señalaron posibles riesgos de inconstitucionalidad y posibles vulneraciones al debido proceso y a elementos fundamentales como la división de poderes, advertencias que no provinieron de una sola corriente ideológica ni de un único actor institucional. Sin embargo, lejos de propiciar una revisión técnica del proyecto, fue el propio presidente de la república quien, de manera reiterada, descalificó públicamente al Poder Judicial, presentándolo como un obstáculo para la voluntad popular y para la ejecución del proyecto político del Ejecutivo.
Independientemente de la intención buscada, este tipo de intervenciones desde la figura presidencial tuvo como efecto instalar una narrativa de confrontación con uno de los principales contrapesos institucionales del país. Al señalar al Poder Judicial como enemigo del cambio, se contribuye a erosionar su legitimidad y a normalizar la percepción de que los límites al poder son un obstáculo antes que una garantía democrática.
De igual manera, la relación del Poder Ejecutivo con la oposición se caracterizó por una dinámica de confrontación, en menoscabo de los mecanismos de diálogo y negociación que son necesarios en sistemas democráticos con contrapesos institucionales.
Esta misma lógica de confrontación se extendió a la relación del Ejecutivo con los medios de comunicación. Entre 2022 y 2025, particularmente durante las conferencias de prensa semanales, la figura presidencial recurrió de manera reiterada a expresiones descalificadoras dirigidas a periodistas y organizaciones de prensa, configurando un discurso sostenido de antagonismo hacia un actor fundamental del sistema democrático.
Este patrón discursivo tuvo consecuencias verificables. Durante el mismo periodo, Costa Rica descendió del puesto 8 al 36, en el Índice Mundial de Libertad de Prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras (RSF). Si bien estos rankings no explican por sí solos las causas del deterioro, los informes señalan el impacto del discurso oficial y del ambiente hostil generado desde el poder político como factores relevantes en el retroceso registrado.
A ello se suma que la Sala Constitucional condenó en diversas ocasiones al Poder Ejecutivo por vulneraciones a la libertad de prensa derivadas del uso de lenguaje ofensivo desde la figura presidencial, resoluciones que refuerzan la preocupación sobre el efecto institucional de este tipo de prácticas.
Esta normalización no se limitó al discurso institucional, sino que también se expresó en el comportamiento público de la figura presidencial. Durante el proceso electoral, que se celebró este primero de febrero, se registraron episodios en los que el presidente respondió a críticas ciudadanas con gestos de burla y expresiones confrontativas, conductas impropias de la investidura presidencial. Lejos de generar un cuestionamiento generalizado, estos episodios fueron celebrados por parte de sus simpatizantes, reforzando una lógica en la que la descalificación y el menosprecio al disenso se reinterpretan como señales de fortaleza política.
El respaldo electoral a una propuesta que reivindica abiertamente la continuidad de este estilo de liderazgo obliga a reflexionar sobre el umbral de tolerancia que la sociedad costarricense ha desarrollado frente a prácticas que debilitan la convivencia democrática.
En conjunto, estos elementos permiten identificar un patrón preocupante: la progresiva normalización de un ejercicio del poder que confronta y deslegitima a los contrapesos institucionales en lugar de dialogar con ellos. Lejos de tratarse de episodios aislados, se configura un estilo político que tensiona la separación de poderes, debilita el rol de la oposición y erosiona la libertad de prensa, pilares fundamentales de cualquier democracia funcional.
En este contexto, resulta especialmente relevante el triunfo electoral de Laura Fernández Delgado, quien ha planteado de forma explícita la continuidad del proyecto político iniciado por Rodrigo Chaves. Más aún, declaraciones realizadas durante su discurso de triunfo, en las que afirmó que “hay que olvidarse de la Segunda República”, no pueden entenderse como meras provocaciones retóricas, sino como indicios de un cuestionamiento más profundo a los consensos históricos que han sostenido la institucionalidad democrática costarricense durante décadas. Cabe recordar que la Segunda República no constituye un elemento menor del relato político nacional, sino el momento fundacional del Estado costarricense contemporáneo, construido tras un conflicto armado que tuvo un alto costo humano.
Las democracias no suelen colapsar de manera abrupta, se desgastan cuando la ciudadanía deja de exigir límites al poder y comienza a aceptar como normales prácticas que antes habrían resultado inaceptables. El desafío que enfrenta Costa Rica no es menor: defender la vigencia de sus contrapesos institucionales y la calidad de su convivencia democrática en un contexto donde el autoritarismo ya no escandaliza, sino que se presenta como una virtud