En 1895 el secretario de estado Richard Olney expresó la naturaleza de la Doctrina Monroe:
Hoy los Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente, y su decreto es ley sobre los súbditos respecto a lo que confina su intervención”.
Poco tiempo después en 1927 el subsecretario de estado Robert Olds detalla la política Monroe respecto a Centroamérica:
(...) controlamos los destinos de América Central y lo hacemos por la simple razón que el interés nacional dicta absolutamente tal curso(...). Hasta ahora América Central siempre ha entendido que los gobiernos que reconocemos y apoyamos se mantienen en el poder, mientras que aquellos que no reconocemos y apoyamos caen”.
La Doctrina reclama lo que es suyo, pero ¿qué forma toma cuando los súbditos se atreven a desafiarla, o demandan sus derechos más básicos?
Los diez años de primavera llegaron a su fin en 1954 en Guatemala tras un golpe de Estado planeado por Estados Unidos. Reformas democráticas tan necesarias como la reforma agraria amenazaban los intereses económicos de la predadora élite guatemalteca y multinacionales estadounidenses. La contrarrevolución reintrodujo el asesinato político y una campaña de terror y represión que duraría décadas. Como resultado, en los 1960s surgió un pequeño movimiento guerrillero, junto a la intensificación del entrenamiento de contrainsurgencia del ejército guatemalteco. Tal entrenamiento sería supervisado por Boinas Verdes, argentinos neonazis y asesores israelíes, todos facilitados por Estados Unidos. El poder del ejército fue escalando gradualmente, hasta que Guatemala se convirtió en un estado de contrainsurgencia, controlado institucionalmente por las fuerzas armadas, donde la “solución” a todo problema social es el terror y la muerte.
Durante una campaña de contrainsurgencia en 1966-8 alrededor de 10.000 personas fueron asesinadas en busca de 400 guerrilleros, junto con el bombardeo con napalm por aviones estadounidenses con base en Panamá. Fue en este punto donde los escuadrones de la muerte y desapariciones emergieron en Guatemala y se convirtieron en herramienta estándar para aterrorizar a la población.
El programa de terror por parte del ejército guatemalteco continuó intensificándose hasta alcanzar niveles genocidas bajo la política “tierra arrasada” en los 80, bajo Efraín Rios Montt. Matanzas indiscriminadas de campesinos, incluyendo niños, y traslado forzoso de cientos de miles de granjeros y aldeanos. En los últimos meses de 1982 se reportaron 62 villas indígenas donde civiles fueron asesinados, con más de 2500 víctimas. Según Amnistía Internacional, en una villa “se forzaron todos los habitantes en un juzgado, violaron a las mujeres y decapitaron a los hombres, y luego golpearon a los niños hasta la muerte contra las rocas de un río cercano”.
La imaginación de los mercenarios para causar sufrimiento parecía no tener límites: "niños degollados, personas arrojadas al fuego o víctimas macheteadas hasta la muerte. Las mujeres eran tratadas peor que los animales, siendo la tortura y asesinato de sus hijos una de las técnicas para presionarlas. Se ha reportado brutalidad contra mujeres embarazadas: “a una mujer de 8 meses de embarazo le cortaron el vientre. Le sacaron el feto y jugaron con él como si fuera una bola. Luego le cortaron uno de sus pechos y lo dejaron guindando de un árbol”. Este tipo de crueldad, por parte del ejército guatemalteco y sus asesores americanos, más que la excepción, era la norma.
Se estima que las desapariciones en Guatemala alcanzaron las 40.000 personas. En 1984 se formó el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM, todavía existente) por familias desesperadas en busca de sus familiares. El ejército guatemalteco empezó a molestarse, y tomó represalias. En 1985 secuestró, torturó y asesinó a Héctor Gómez Calito, líder de la GAM. Un mes después otra líder de la GAM, María Rosario Godoy de Cuevas, su hermano, e hijo de 2 años fueron secuestrados, torturados y asesinados. A su hijo de 2 años le habían sacado las uñas. Muchos otros miembros de la GAM y sus familiares sufrieron destinos similares.
La guerra abierta contra la población por parte del ejército guatemalteco, apoyado por Estados Unidos, dejó 250.000 víctimas, más de 40.000 desaparecidos, 500.000 huérfanos, y lo más importante, alcanzó su objetivo: la destrucción de cualquier movimiento popular que amenazara el orden tradicional. Aunque la guerra técnicamente terminó en 1996, la guerra de clase, entre la élite guatemalteca que no siente más que desprecio hacia la población maya, continúa con el explícito apoyo de los Estados Unidos. Grupos paramilitares son empleados por corporaciones canadienses y estadounidenses, siendo indígenas y trabajadores sus objetivos. Al igual que su holocausto, su sufrimiento es silencioso.
En octubre de 1979 El Salvador despertó con un golpe de Estado por parte de los militares, motivados por una posible victoria de la izquierda. No era novedad, sino la reacción tradicional a cualquier intento de libertad, eco de La Matanza de 1932 donde más de 30.000 personas, niños incluidos, fueron masacrados por el ejército salvadoreño, eco que pronto resonaría con mucho mayor terror.
Habiendo el pueblo encontrado la valentía de enfrentar el trauma de La Matanza y motivado por el deseo de mejorar sus miserables condiciones de vida, construyó grupos de ayuda mutua, sindicatos, organizaciones de campesinos, entre otros. Tal arrogancia no podía ser tolerada, y la Junta Revolucionaria de Gobierno establecida después del golpe de estado cayó en manos de los militares. El ejército rápidamente se movió a destruir cualquier semblante de organización popular. Estados Unidos, atemorizado por la caída de Somoza en 1979 y el frente popular, facilitó los medios: asesores neonazis (entrenados por Nazis alemanes como Klaus Barbie en Bolivia, Chile y Argentina), entrenamiento en técnicas de tortura y terrorismo, vehículos blindados franceses y alemanes, y armas israelíes y belgas.
A principios de 1980 la guerra abierta contra la población empezó. Solo entre 1980-81, alrededor de 8200 sindicalistas fueron asesinados, heridos o desaparecidos. Organizaciones populares, oposición política, disidentes, y medios de comunicación independientes fueron eliminados de manera espantosa. La violencia contra la población civil continuó incrementando, como cuenta una campesina salvadoreña, describiendo cómo la Guardia Nacional llegó a su aldea en helicópteros estadounidenses, matando sus tres hijos entre otros, cortándolos en trozos y arrojándolos a los cerdos de la aldea. Otros reportan mujeres guindando de árboles de sus muñecas, con los pechos amputados, y piel facial pelada hacía atrás, desangrándose lentamente hasta morir.
Las masacres se volvieron la norma. El ejemplo modelo es la masacre de El Mozote, por el infame batallón Atlacatl, entrenado por fuerzas especiales estadounidenses. Los hombres fueron llevados a la iglesia, donde serían decapitados con machetes. Los cuerpos y cabezas fueron llevados al convento de la iglesia donde fueron amontonados. Las mujeres jóvenes y adolescentes, algunas de 10 años, fueron llevadas a los montes, donde serían violadas por los soldados. Las madres fueron separadas de sus niños, forzadas a marchar, y ejecutadas dentro casas cercanas. Los niños, encerrados en varias casas, fueron masacrados con machetes, sus cráneos aplastados con la culata del rifle, asesinados a balas, degollados, y muchos colgados de árboles. Más de 800 civiles fueron masacrados. Hubo muchas más masacres: masacre del Sumpul, masacre Los Llanitos, masacre Las Hojas, entre otras. Así lo demanda la Doctrina.
Pero eso no es suficiente, cualquier vestigio de esperanza debe desaparecer. El arzobispo Oscar Romero, quien rogaba a las fuerzas armadas detener la ola de violencia contra civiles que solo querían escapar de la miseria a los que eran sometidos, fue asesinado de un disparo en el pecho. Durante su funeral, el ejército salvadoreño disparó y lanzó granadas al público, matando más de 30 personas y generando caos.
Cuatro misioneras estadounidenses: Jean Donovan, Dorothy Kazel, Ita Ford, y Maura Clarke, fueron secuestradas, violadas y asesinadas. Según reportes, fueron halladas en una fosa. La cara de Jean destruida por una bala, desnuda de la cintura para abajo. Una de ellas tenía su boca rellena con su ropa interior. Otra tenía sus ojos cubiertos con su ropa íntima. Tal suceso no fue espontáneo, sino premeditado. Comunicaciones interceptadas por radio indican discusiones militares sobre la llegada de las misioneras al aeropuerto. El ministro de defensa Guillermo García había expresado descontento hacia las monjas y sacerdotes de la zona dos semanas antes de los asesinatos. Así, el súbdito comprende que nadie escapa de la Doctrina, y la salvación nunca llegará.
Habiendo la guerra contra la población terminado en 1992, con un total de 75.000 muertos, el orden tradicional fue restaurado, y la miseria y sufrimiento continúan sin interrupción.
En Nicaragua, la dinastía Somoza, que siempre gozó del apoyo de los Estados Unidos, llegó a su fin en 1979, tras una lucha de años por el pueblo y el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Tal insolencia no podía ser tolerada por Estados Unidos, creando los “contras”, cuyo único objetivo, no es “derrocar el gobierno sandinista por fuerza sino incitarlo a incrementar la represión doméstica y a gastar escasos recursos en el ejército en vez de programas sociales. Esto, a su vez, aumentaría la oposición doméstica y apresuraría su caída”. Este grupo de mercenarios estaba compuesto por ex-militares de la Guardia Nacional leales a Somoza, cubanos, panameños, hondureños, veteranos de Vietnam, e israelíes. Al igual que en los casos de Guatemala y El Salvador, contaban con el entrenamiento, equipo militar estadounidense, y supervisión de la CIA. Sus santuarios estaban ubicados a lo largo de las fronteras con El Salvador, Honduras y Costa Rica. En el caso de este último, según el Memorial of Nicaragua, habían al menos 27 bases desde las cuales los contras atacaban, entrenaban, y se abastecían.
Según Edgar Chamorro, uno de los líderes de los contras, la CIA les ordenó “matar, secuestrar, robar y torturar”, y concentrarse en objetivos blandos: cooperativas, centros comunitarios, clínicas, escuelas, entre otros. Los contras realizaron su tarea con gran profesionalismo, y las atrocidades terroristas se convirtieron en rutina. Una sobreviviente describe:
A Rosa le habían cortado los senos. Luego le abrieron el pecho y le sacaron su corazón. A los hombres les habían quebrado los brazos, cortado sus testículos, y sus ojos fueron arrancados. Los asesinaron cortando y abriendo su garganta, y sacando su lengua por la cortada”.
A este tipo de atrocidades se le suman villas bombardeadas con morteros y aviones con pilotos salvadoreños, destrucción de puentes e infraestructura civil, dejando una estela de devastación.
La violencia sexual contra la mujer por parte de los contras era la norma. Una madre reportó:
Cinco de ellos me violaron como a las cinco de la tarde… me violaron en grupo todos los días. Cuando mi vagina no podía resistir más, me violaron por mi recto. Calculo que en 5 días me violaron 60 veces.”.
Una chica de 15 años fue forzada a la prostitución en una base contra en Honduras. Otra chica, de 14 años, fue violada y luego decapitada, su cabeza clavada en una estaca puesta en la entrada a su aldea.
En el caso de Nicaragua, la población tenía un ejército que los defendiera, por lo que los ataques de los contras fueron contenidos. Sin embargo, se agotaron recursos en defensa, miles de civiles fueron masacrados y desplazados, agotando al pueblo y devastando la economía nicaragüense. Aunque el gobierno sandinista no fue derrocado, los contras alcanzaron parcialmente su objetivo. La Doctrina, no satisfecha, ha impuesto sanciones repetidamente a Nicaragua hasta el día de hoy.