La economía del océano puede ser motor de desarrollo o fuente de conflicto, según como decidamos gestionarla
Desde el 2022 la humanidad superó los 8 mil millones de personas. Cada segundo nace más de cuatro nuevos habitantes del planeta, todos con necesidades de alimento, energía, transporte y empleo. Esta creciente presión recae directamente sobre los sistemas naturales que sostienen nuestra economía y nuestra vida. Entre ellos, el océano ocupa un lugar central.
El océano cubre más del 70 % de la superficie del planeta, ayudando a regular el clima, absorbe CO2, produce oxígeno y provee alimentos, rutas de transporte, energía y empleo. Sin embargo, durante décadas se percibió como un recurso inagotable, capaz de absorber desechos y soportar una explotación sin límites. Hoy sabemos que esa visión era equivocada. La sobrepesca, la contaminación, la destrucción de hábitats costeros y el cambio climático han llevado al océano a un punto crítico. Su deterioro no es un problema ambiental aislado: es un riesgo económico y social.
Aquí es donde entra el concepto de economía oceánica o economía azul. El Banco Mundial la define como el uso sostenible, la restauración y la gestión responsable de los recursos marinos y costeros para generar valor económico, preservando al mismo tiempo la salud de los ecosistemas. No se trata solo de proteger la naturaleza, sino de reconocer que sin océanos sanos no hay desarrollo posible.
Las cifras son elocuentes. La economía oceánica ha crecido más rápido que la economía mundial en los últimos 25 años (2,5 vs 1,9 veces). El comercio de bienes y servicios vinculados al mar supera los dos billones de dólares, impulsado por sectores como la pesca y la minería que representaron casi un tercio de este monto, mientras que los servicios de turismo, transporte e investigación constituyeron casi dos tercios. Más de 600 millones de personas dependen directamente de estas actividades.
En América Latina y el Caribe, esta relación es aún más relevante. La región cuenta con numerosos países cuya superficie marina supera la terrestre, incluyendo pequeños Estados insulares del Caribe, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Panamá. En estos, aproximadamente 2,5 millones de personas viven de la pesca y la acuicultura, y unos 4 millones dependen directamente del turismo costero. Adicional a esto, más del 27 % de la población urbana se concentra en zonas costeras. El océano no es solo paisaje: es empleo, seguridad alimentaria, identidad cultural y estabilidad económica.
Pero el crecimiento de la economía oceánica también trae tensiones. Sin reglas claras, los mismos sectores que generan riqueza pueden degradar los ecosistemas de los que dependen. Puertos, turismo, pesca, energía y conservación compiten por el espacio marino. Cuando no existe orden, surgen conflictos, se deterioran los recursos y se debilita la base productiva.
Por eso, el verdadero reto no es solo crecer, sino crecer bien. En este marco, el Foro Económico Mundial ha planteado que avanzar hacia una economía oceánica regenerativa requiere integrar prácticas empresariales “oceánicamente positivas”, donde la actividad económica contribuya a restaurar ecosistemas y fortalecer comunidades costeras. Esto incluye la pesca y acuicultura sostenibles, energías renovables marinas, economía circular, infraestructura portuaria eficiente, conservación de ecosistemas y soluciones integradas desde las cuencas hasta los arrecifes.
Sin embargo, ninguna de estas iniciativas funcionará si no existe un marco de gobernanza sólido. La sostenibilidad de la economía azul depende de algo menos visible, pero más decisivo: la forma en que organizamos y regulamos el uso del mar.
A nivel internacional, se han dado pasos importantes, como el Tratado sobre la Biodiversidad más allá de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, por sus siglas en ingles), que busca proteger la vida marina en aguas internacionales, promover evaluaciones de impacto ambiental y garantizar una distribución justa de beneficios derivados de los recursos genéticos marinos. Pero los acuerdos globales deben complementarse con acciones concretas a nivel nacional y regional.
En este contexto, la Planificación Espacial Marina (PEM) se convierte en una herramienta clave. La PEM es un proceso público, multisectorial e integrado, que analiza y asigna una distribución espacial y temporal de las actividades humanas en el mar. Su objetivo es reducir conflictos, proteger ecosistemas, dar certeza a las inversiones y asegurar que el uso del espacio marino sea eficiente y responsable. En otras palabras, es la base para que la economía oceánica sea sostenible y no simplemente extractiva.
La economía azul representa una oportunidad histórica para diversificar economías, generar empleos y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático. Pero esta oportunidad puede convertirse en una fuente de conflictos y degradación, si no se gestiona con visión de largo plazo.
El mensaje es claro: no hay economía oceánica sostenible sin gobernanza, planificación y respeto por los límites ecológicos. El océano no es infinito, pero si puede seguir siendo fuente de bienestar si aprendemos a usarlo con inteligencia. El futuro de millones de personas en América Latina y el Caribe depende de que tomemos hoy esas decisiones.