En abril de 2023 definí al presidente Rodrigo Chaves como el “PresiMiente” de Costa Rica. El término no buscaba la descalificación fácil, sino describir una práctica política reiterada: la distorsión sistemática de la realidad para justificar decisiones o desacreditar adversarios. Esa estrategia, basada en la confrontación y la narrativa polarizante, logró consolidar una base electoral sólida. Muchas de esas afirmaciones, aunque cuestionadas, continúan siendo asumidas como verdades por un sector importante de la ciudadanía.
Esa misma narrativa fue el principal insumo político de la candidata oficialista y hoy presidenta electa, Laura Fernández. La campaña fue hábil: convirtió la elección en un referéndum sobre la figura del mandatario saliente. No se debatieron modelos alternativos de país; se plebiscitó la continuidad. Fernández aceptó ese marco estratégico sin reservas y lo defendió disciplinadamente.
Ganaron en una elección limpia, organizada por el Tribunal Supremo de Elecciones y respaldada por la voluntad mayoritaria de los votantes. La legitimidad democrática del triunfo es incuestionable. Pero la legitimidad electoral no sustituye la responsabilidad de gobernar.
La experiencia costarricense demuestra que la continuidad partidaria no equivale necesariamente a continuidad política. Ocurrió entre Abel Pacheco y Miguel Ángel Rodríguez; entre Laura Chinchilla y Óscar Arias Sánchez; y entre Carlos Alvarado Quesada y Luis Guillermo Solís. En todos esos casos hubo rupturas en estilo, prioridades y relaciones políticas, aun dentro del mismo partido. En algunos, incluso, las diferencias derivaron en distanciamientos personales profundos.
Hoy el escenario es distinto. Fernández llega al poder no solo como sucesora partidaria, sino como la candidata que ofreció explícitamente continuidad. Ese compromiso político limita su margen de maniobra inicial.
Sin embargo, la continuidad que asume no está exenta de pasivos. Educación, salud y seguridad ciudadana presentan señales de deterioro que no pueden ocultarse detrás de la retórica. A diferencia del presidente saliente, ella no podrá atribuir los problemas a una “herencia recibida”. Esta vez la herencia es compartida. Y la ciudadanía, que votó por continuidad, también exigirá resultados.
En el mundo contemporáneo observamos una tendencia preocupante: liderazgos que privilegian la popularidad inmediata sobre la construcción institucional de largo plazo. La confrontación permanente genera titulares y moviliza emociones, pero rara vez sustituye una hoja de ruta estructurada. Gobernar exige algo más que polemizar; requiere planificación, acuerdos y ejecución sostenida.
El estilo político del presidente Chaves se caracterizó por la ironía, la descalificación y el enfrentamiento constante con sectores institucionales, empresariales, sindicales y académicos. Esa dinámica encontró terreno fértil en el malestar ciudadano acumulado contra el “establishment”. Supo capitalizar ese ambiente de descontento inicial. Pero las condiciones políticas no son estáticas. El desgaste natural del poder modifica el contexto.
La pregunta central es inevitable: ¿logrará Laura Fernández ejercer un liderazgo autónomo? Gobernar con 31 diputados ofrece una base parlamentaria importante, pero no suficiente para prescindir del diálogo. La Asamblea Legislativa seguirá siendo un espacio de negociación, no de imposición. Además, la gobernabilidad en Costa Rica no se construye solo en el Congreso, sino también en la relación con sectores sociales, productivos y territoriales.
La primera señal concreta de independencia será la conformación del gabinete. Allí se medirá si prioriza perfiles técnicos con capacidad de gestión o si prevalecen lealtades políticas vinculadas al mandatario saliente. La calidad del equipo definirá la orientación real del gobierno.
También deberá administrar una variable compleja: la presencia pública del expresidente. Una cosa es la continuidad programática; otra, la subordinación política. Liderar implica asumir costos propios, tomar decisiones que no siempre serán populares y establecer límites claros. Gobernar desde la sombra de un liderazgo anterior debilita la autoridad presidencial.
Costa Rica enfrenta desafíos estructurales que no admiten simplificaciones discursivas. La crisis educativa exige reformas profundas y consensuadas; la seguridad ciudadana demanda políticas integrales sostenidas en el tiempo; la salud pública requiere gestión eficiente y visión estratégica. Ninguno de estos problemas se resuelve mediante confrontaciones retóricas.
La ciudadanía votó por continuidad, pero no necesariamente por estancamiento. Si la nueva administración interpreta el resultado como un cheque en blanco para repetir estilos y métodos sin ajustes, podría enfrentar un desgaste acelerado. La popularidad es volátil; la gestión es determinante.
En democracia, el liderazgo no se mide únicamente por la capacidad de movilizar simpatizantes, sino por la habilidad de construir acuerdos duraderos y fortalecer instituciones. La fortaleza institucional ha sido históricamente uno de los principales activos de Costa Rica. Erosionarla por cálculo político sería seguir en un error estratégico.
Por eso la pregunta que titula este artículo trasciende el juego de palabras. No se trata de etiquetas personales, sino de definir el tipo de gobierno que inicia. ¿Será una administración con criterio propio, capaz de corregir rumbos y asumir decisiones difíciles? ¿O una extensión del estilo anterior, donde la confrontación sustituye la planificación?
El país no necesita más polarización ni más espectáculo político. Necesita dirección clara, acuerdos responsables y resultados medibles. La legitimidad electoral ya está otorgada. Ahora corresponde construir legitimidad de gestión.
El tiempo —y no la retórica— dará la respuesta.