Durante esta campaña electoral, un partido de raíz evangélica intentó reposicionarse como el referente del “conservadurismo” nacional y, más aún, como rector de la moral pública. Su estrategia fue clara: acotar el concepto de conservador, asociarlo casi exclusivamente a determinadas creencias religiosas y presentarse como el vehículo político del supuesto voto conservador confesional. El resultado fue el fracaso total: no obtuvo una sola curul en la Asamblea Legislativa y, además, perdió el derecho a la compensación estatal por los gastos de campaña. No se trata de un accidente electoral; es una señal política y cultural de mayor calado.
Este desenlace confirma algo que a menudo se ignora deliberadamente: en Costa Rica, la religión no constituye un factor de cohesión política al decidir el rumbo del país. Menos aún en una sociedad con altos niveles de educación cívica, pluralismo religioso creciente y una tradición democrática que distingue —con mayor claridad de lo que algunos creen— entre la fe personal y la deliberación pública. La ciudadanía no le creyó al “pastor político”, ni aceptó que el nombre de Dios se utilizara como credencial para acceder al poder.
Desde una perspectiva ética, el problema no radica en que las personas creyentes participen en política. Eso es legítimo y deseable en una democracia plural. El problema surge cuando se pretende convertir la fe en un argumento absoluto, no deliberable, que clausura el debate público. La política democrática se sostiene en razones compartibles, abiertas a la crítica y a la revisión. Cuando una propuesta se presenta como moralmente incuestionable por el supuesto aval de Dios, deja de ser política y se transforma en una imposición simbólica.
Costa Rica es hoy un país teológicamente más plural que hace una década. Católicos, evangélicos de distintas corrientes, judíos, creyentes sin adscripción institucional y ciudadanos no creyentes conviven en el mismo espacio público. En ese contexto, la pretensión de que una visión moral particular represente “la” moral de la nación no solo resulta anacrónica, sino también profundamente antidemocrática. La ciudadanía no percibe como un avance que la discusión política se desplace hacia trincheras teológicas ni que los desacuerdos públicos se resuelvan apelando a dogmas religiosos.
El fracaso de este partido también revela otra confusión de fondo: muchos costarricenses no entienden —ni aceptan— lo que se les quiso vender como conservadurismo. Reducirlo a una agenda moral religiosa empobreció el concepto y lo desvinculó de problemas reales: desigualdad, deterioro institucional, inseguridad, empleo, educación y salud. A diferencia de tradiciones políticas como el socialcristianismo o la socialdemocracia, que ofrecieron marcos ideológicos amplios y propuestas integrales, las plataformas evangélicas no lograron articular una visión de país coherente. La fe, por sí sola, no constituye una ideología política.
El mensaje que deja este proceso es claro: Dios no puede ser utilizado como medio para alcanzar puestos de gobierno. No es una ficha de cambio electoral ni un recurso retórico para reclamar superioridad moral. Cuando se intenta hacerlo, el precio suele ser alto. En este caso, fue la autodestrucción política de quienes confundieron convicción religiosa con legitimidad democrática.
Lejos de ser una amenaza, este resultado fortalece la democracia costarricense. Indica que el país está pasando la página de una política basada en identidades morales excluyentes y que busca cambios a partir de propuestas concretas, razonables y compartibles. La fe seguirá teniendo un lugar en la vida personal y comunitaria de muchos ciudadanos; lo que ha quedado claro es que no funciona como atajo para gobernar ni como sustituto del debate democrático.
Costa Rica no está dejando atrás los valores; está dejando atrás la pretensión de monopolizarlos. Y eso, éticamente hablando, es una buena noticia.