El ministro de Seguridad presentó ante la Asamblea Legislativa un cuadro dramático de lo que ocurre hoy en Crucitas. Habló de devastación ambiental: excavaciones a cielo abierto, erosión masiva, contaminación del agua con mercurio y cianuro, y destrucción total de la cobertura boscosa. Según sus datos, el área impactada habría pasado de unas 900 hectáreas iniciales a más de 3.000 hectáreas.
Desde la óptica criminal, mostró una logística sofisticada y muy rentable: más de 3.000 sacos decomisados, con un peso promedio de 50 kg (unas 150 toneladas métricas procesadas), en un contexto donde el oro se cotiza por encima de 5.000 dólares la onza. Subrayó que el crimen organizado se ha desplazado del foco original en Crucitas hacia nuevas zonas, como el cerro Las Conchuditas, a unos 70 km, evidenciando una migración del delito en respuesta a la presión estatal.
A esto sumó una erosión de la soberanía nacional (14 mojones fronterizos destruidos o alterados) y una convergencia de riesgos: salud pública (malaria, dengue, contaminación de acuíferos), crimen organizado (lavado, armas, drogas), crisis migratoria (tráfico y explotación de personas) y aumento de la inseguridad ciudadana por disputas territoriales violentas. El mensaje es claro: la minería ilegal se ha vuelto un nodo donde se cruzan múltiples amenazas.
El ministro también mostró “resultados operativos”: 125 aprehensiones en flagrancia y más de 3.692 por delitos conexos, decomisos de plantas eléctricas, “tómbolas” y cianuro, destrucción de cuarterías y campamentos logísticos. Pero admitió que el operativo permanente en Crucitas le cuesta al país alrededor de un millón de dólares mensuales, y que estas acciones, aunque necesarias, solo desplazan la actividad ilícita; no la eliminan.
Con ese diagnóstico, concluyó que la intervención policial y militar no basta y cerró su presentación pidiendo explícitamente la aprobación del proyecto de ley 24.717, del Poder Ejecutivo, presentado como la herramienta “estructural” para atacar la raíz del problema.
Más proyectos, más opciones
Para que este discurso se sostenga, tendría que partir de que la ciudadanía ignora algunos datos clave. En primer lugar, la prohibición de la minería metálica a cielo abierto no fue un capricho ideológico, sino la respuesta institucional a graves irregularidades en el caso Crucitas: violaciones de requisitos técnicos, tráfico de influencias y decisiones administrativas anuladas por los tribunales. Esas sentencias fueron el antecedente directo de la reforma legal que, por unanimidad legislativa el 9 de noviembre de 2010, incorporó en el Código de Minería la prohibición de nuevas minas metálicas a cielo abierto (Ley 8904).
En segundo lugar, el 24.717 no es la única propuesta para enfrentar la crisis en Crucitas. Hoy hay, al menos, cuatro proyectos sobre la mesa:
- 24.717 (Ejecutivo): crea un régimen especial para reabrir la minería metálica a gran escala a cielo abierto en Crucitas/Cutris, como excepción explícita a la prohibición nacional. Declara la minería en Cutris de interés público y autoriza concesiones mediante preselección y una subasta basada en el “royalty” ofrecido (mínimo 5% de las ventas brutas), repartido 72% al gobierno central, 25% a la Municipalidad de San Carlos y 3% a asociaciones de desarrollo. Habla de “minería sostenible” (sin lixiviación abierta con cianuro, plan de recuperación, comisión consultiva COMICOFI), pero consolida un enclave minero de gran escala en una zona ecológicamente sensible, blinda jurídicamente las concesiones, aunque la ley se derogue, y deja dudas sobre el costo de oportunidad del royalty, los controles reales en la concesión y la composición de la COMICOFI, inclinada hacia intereses mineros.
- 24.675 (Frente Amplio): plantea una reconversión no minera de Crucitas mediante un Polo de Desarrollo Sostenible administrado por SINAC. Usa la garantía ambiental de Industrias Infinito y otros fondos para financiar limpieza de impactos de la minería ilegal, restauración de bosques y cuencas, ecoturismo, investigación científica y proyectos productivos sostenibles. Crea un Geoparque Internacional Ambiental y un Museo Natural e Histórico de Crucitas, y un fideicomiso estatal para canalizar recursos a la Región Huetar Norte, priorizando Cutris y Pocosol, con participación de gobiernos locales, asociaciones y cooperativas.
- 24.577: otra iniciativa pro‑minería que busca reabrir la minería industrial de oro en Cutris, alegando que la geología obliga a la explotación a cielo abierto y que un gran proyecto legal es la mejor manera de frenar la minería ilegal. Reformaría el art. 8 bis del Código de Minería para permitir minería a cielo abierto en Cutris, ajustaría impuestos y rebajaría el énfasis en el cianuro como factor de deterioro ambiental. Es políticamente más débil y con menos salvaguardas que el 24.717.
- 24.667: propone un modelo de minería artesanal y de pequeña escala sostenible en Cutris, Pocosol y Pital como alternativa a los grandes proyectos, extendiendo la figura de “reserva minera” y permitiendo solo minería artesanal local bajo concesión y planes ambientales correctivos. Mantiene la lógica extractiva, con riesgos acumulativos, y tiene menor apoyo político, aunque varias de sus ideas podrían incorporarse en un texto de consenso junto con el 24.675.
En resumen: la Asamblea sí ha generado alternativas; no es cierto que el 24.717 sea la única respuesta posible.
Preguntas incómodas al relato oficial
La narrativa del ministro plantea varias dudas. Si el cerro Las Conchuditas está a 70 km al sureste de Crucitas, como muestran sus propias filminas, probablemente se ubica en Pocosí o Sarapiquí, e incluso dentro o cerca de refugios nacionales de vida silvestre como Barra del Colorado o Corredor Fronterizo.
Si eso es así, ¿cómo se explica que el Gobierno haya recortado severamente los recursos y la capacidad de control del SINAC, desmantelando su gobernanza, y ahora presente este problema como si fuera exclusivamente competencia del Ministerio de Seguridad?
Más aún: si el nuevo foco principal está fuera de Cutris, ¿cómo ayuda a esa crisis un proyecto de ley que solo autoriza minería a cielo abierto en el distrito de Cutris? Esa ley ni siquiera aplicaría a Las Conchuditas.
Otra pregunta: ¿se nos quiere decir que los ingresos del royalty pagarían el millón de dólares mensuales que cuesta hoy el operativo en Crucitas? Si el 65% del royalty nacional va al gobierno central, ¿acepta el propio Ejecutivo que en 20 años esos ingresos apenas cubrirían, a duras penas, los costos de una estrategia que ya ha demostrado ser insuficiente para controlar el fenómeno?
Y la duda de fondo: ¿es el 24.717 un Caballo de Troya para abrir la puerta a más excepciones regionales y concesionar otras zonas del país? La forma en que se entrelazan discurso de soberanía, xenofobia y seguridad fronteriza con la minería recuerda viejas tácticas de “efectismo” político.
El muro de la Sala IV
Aunque la correlación de fuerzas tras las elecciones permita al oficialismo intentar aprobar el 24.717 después del 1.º de mayo, el verdadero obstáculo está en los pesos y contrapesos de la institucionalidad democrática. Cualquier ley que abra la minería metálica a cielo abierto será casi con certeza llevada a consulta ante la Sala Constitucional.
La Sala IV ha sido reiteradamente favorable a límites muy estrictos a la minería metálica a cielo abierto. Ha dicho que los yacimientos minerales son bienes de dominio público y que la Asamblea puede cerrar o restringir fuertemente su explotación sin violar la libertad de empresa, y ha validado tanto la Ley 8904 como las moratorias previas como expresiones legítimas del deber estatal de proteger un ambiente sano. Ha fortalecido además los principios de precaución y no regresión ambiental: una vez que el ordenamiento se mueve hacia mayores salvaguardas (prohibir minas a cielo abierto o cianuro), el Estado no puede retroceder fácilmente sin una justificación constitucional muy sólida.
También ha rechazado la idea de que los servicios ecosistémicos de bosques, humedales o suelos puedan “encerrarse” dentro de una finca o cantón: reconoce la interdependencia de cuencas, manglares, recarga de acuíferos y cobertura forestal, y valida políticas que protegen áreas por los servicios que prestan más allá de sus límites.
Con esa jurisprudencia, cualquier intento de abrir Crucitas a la minería metálica a cielo abierto enfrenta un camino cuesta arriba. El propio Ejecutivo lo sabe. Por eso, más que una simple reforma sectorial, la ofensiva minera parece apuntar a algo mayor: redefinir el contrato social costarricense en torno al ambiente.
Crucitas fue un parteaguas entre inversión extranjera y protección ambiental, un caso emblemático de injerencia política en decisiones técnicas y un catalizador de conciencia y movilización ciudadana que llevó a la prohibición de la minería a cielo abierto y reforzó la imagen de Costa Rica como país “verde”. Si hoy se usa Crucitas como Caballo de Troya para desmontar esa conquista histórica, lo que está en juego no es solo un proyecto de ley, sino la columna vertebral ambiental de nuestra democracia.