Costa Rica atraviesa uno de esos momentos silenciosos que, vistos en retrospectiva, suelen marcar el rumbo de una década. No hay pánico en los mercados, no hay titulares de crisis ni sobresaltos cambiarios. Al contrario: la inflación ha sido inusualmente baja —incluso negativa durante un periodo prolongado— y el crecimiento agregado luce razonable gracias al dinamismo del régimen de zonas francas. Sin embargo, bajo esa superficie de aparente estabilidad se está gestando una tensión estructural que podría comprometer seriamente la capacidad del próximo gobierno de cumplir sus promesas más sensibles.
Si el próximo gobierno de Laura Fernández llega con compromisos ambiciosos en inversión pública, gasto social y un pago significativo de la deuda estatal con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), debe tener claro que el margen de maniobra fiscal se está estrechando con rapidez. La aritmética macroeconómica no perdona, y hoy las señales de alerta ya están encendidas.
El primer elemento de preocupación es la desconexión creciente entre el crecimiento económico y la base tributaria efectiva. Las zonas francas continúan siendo el motor del producto interno bruto (PIB), pero su contribución fiscal es limitada por diseño. Mientras tanto, el régimen definitivo —el que sí sostiene la recaudación— muestra un crecimiento anémico. El resultado es un fenómeno peligroso: la economía crece, pero los ingresos del Estado no lo hacen al mismo ritmo.
A esto se suma una inflación persistentemente baja. Aunque políticamente seductora, esta tiene efectos fiscales menos visibles pero muy reales. Con inflación cercana a cero, el crecimiento nominal del PIB se modera, la recaudación pierde dinamismo y, crucialmente, el peso real de las obligaciones del Estado aumenta. En términos simples: cuando los precios no suben, las deudas pesan más.
Y aquí aparece el tercer elemento crítico: el aumento acelerado de la deuda del Gobierno con la CCSS, que ya ronda los ₡4,2 billones tras crecer aproximadamente un 63% durante la actual administración. Esta no es una deuda abstracta ni postergable indefinidamente. Es una obligación legal, social y políticamente sensible que tarde o temprano exigirá un ajuste de caja. Cada colón que deba destinarse a honrar ese compromiso será un colón menos disponible para infraestructura, educación o programas sociales.
El problema es que estas tres fuerzas —inflación baja, base tributaria débil y obligaciones crecientes— convergen en el peor lugar posible: la inversión pública. La experiencia histórica costarricense es clara. Cuando el espacio fiscal se comprime, la inversión es la primera variable de ajuste. No el gasto rígido, no las transferencias obligatorias, sino la obra pública, el mantenimiento vial, la infraestructura educativa. Es el sacrificio silencioso que se paga años después en forma de menor crecimiento potencial.
Por eso resulta preocupante que la discusión pública siga atrapada en una narrativa de estabilidad complaciente. El Banco Central de Costa Rica ha logrado contener la inflación con éxito técnico, pero el contexto actual exige una mirada más integral. Una inflación demasiado baja durante demasiado tiempo puede terminar erosionando la sostenibilidad fiscal que, paradójicamente, también sostiene la estabilidad macro.
Esto no implica abandonar la disciplina monetaria ni fiscal. Implica calibrarla mejor. El país necesita que la inflación converja de forma creíble hacia la meta fijada (3%), no que permanezca sistemáticamente por debajo. Necesita, además, una coordinación más fina entre política monetaria y realidad fiscal, algo que en economías pequeñas y abiertas no es un lujo sino una necesidad.
Del lado del Ejecutivo —presente y futuro— la tarea es aún más exigente. No basta con prometer más inversión social o más infraestructura. Se requiere una estrategia explícita para ordenar la deuda con la CCSS mediante un acuerdo creíble y financieramente sostenible; reactivar el régimen definitivo, especialmente pymes y sectores tradicionales, para recuperar elasticidad tributaria; proteger la inversión pública estratégica dentro del marco fiscal, evitando que vuelva a ser la variable de ajuste automática; y mejorar la calidad del gasto, porque el problema ya no es solo cuánto se gasta, sino cómo se gasta.
Si estas correcciones no se realizan a tiempo, el escenario a cuatro años es claro: presión creciente sobre el presupuesto, mayor rigidez del gasto, inversión pública comprimida y un gobierno entrante enfrentando la incómoda brecha entre lo prometido y lo posible.
Costa Rica no está al borde de una crisis. Pero sí está entrando en una zona de fragilidad que exige realismo, coordinación institucional y decisiones preventivas. La peor estrategia en este momento sería confundir calma con solvencia estructural.
La estabilidad macroeconómica no se mide solo por la inflación baja de hoy, sino por la capacidad del Estado de cumplir mañana con sus compromisos sociales y de inversión. Si no se ajusta el rumbo a tiempo, el país podría descubrir —demasiado tarde— que el verdadero riesgo no era la inflación alta, sino la lenta erosión del espacio fiscal bajo una aparente tranquilidad.
Y cuando ese momento llega, las promesas de campaña suelen ser las primeras víctimas.