Las últimas elecciones confirmaron una tendencia que viene creciendo desde hace varios ciclos: las provincias fuera de la Gran Área Metropolitana están teniendo un peso cada vez más decisivo, mientras los planes de gobierno siguen diseñándose bajo una lógica centralista y homogénea.
Limón, Guanacaste y Puntarenas son provincias con economías, conflictos y oportunidades propias. Sin embargo, estas realidades locales rara vez son incorporadas de forma clara y específica en los documentos que definen la agenda nacional.
En los planes de gobierno que se presentaron en la reciente campaña electoral, predominó un enfoque nacional homogéneo, con referencias generales al desarrollo regional, pero sin un componente básico: capítulos provinciales explícitos que detallen prioridades, límites y proyectos puntuales para cada territorio.
Un enfoque serio de política pública debería partir de una premisa simple: si un plan no puede explicar con claridad qué propone para cada provincia, y cómo adapta esas prioridades a las distintas realidades internas, difícilmente puede responder a la diversidad real del país.
Avanzar hacia planes de gobierno con componentes provinciales implica más que giras o consultas simbólicas. Requiere procesos estructurados en cada provincia, con mesas multisectoriales que integren de forma equilibrada a sectores productivos —incluyendo turismo, comercio, agro y otros actores empresariales locales—, gobiernos locales, organizaciones sociales y actores ambientales, con el objetivo de identificar problemas reales, conflictos territoriales y prioridades concretas.
El resultado no debería ser una lista de promesas, sino documentos provinciales con criterios claros de priorización, análisis de viabilidad fiscal y ambiental, y compromisos verificables. Esto permitiría, además, una gestión más transparente de conflictos recurrentes, como los que existen entre desarrollo económico, inversión privada, conservación ambiental y economías locales, bajo reglas claras y predecibles para todos los sectores.
Persistir en un modelo centralista de planificación no solo reduce la eficacia de las políticas públicas. También tiene consecuencias políticas directas: profundiza la percepción de abandono y alimenta la desconfianza hacia el sistema.
Más que nuevos liderazgos o nuevas etiquetas, Costa Rica necesita revisar la arquitectura con la que diseña sus planes. Incorporar un enfoque provincial explícito no fragmenta el país; fortalece la coherencia nacional al anclarla en realidades locales.