El decanato también expresó expectativa ante la aplicación de los nuevos lineamientos sobre presentación personal en los centros educativos.
El Decanato del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la Universidad Nacional señaló que la capacitación docente debe entenderse como un punto de partida y no como una solución en sí misma ante el inicio del curso lectivo 2026.
Esto en un contexto marcado por rezagos persistentes en los aprendizajes, debilidades en la infraestructura educativa, tensiones en la convivencia escolar, condiciones laborales deficientes del personal docente y afectaciones a la salud mental de las comunidades educativas.
El pronunciamiento se dio tras el cierre del año 2025, periodo en el que, según el análisis del CIDE, se confirmaron problemas estructurales que inciden directamente en la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Para el decanato, estos desafíos exigen decisiones de política pública con una visión de largo plazo y con coherencia entre las distintas acciones del sistema educativo.
En ese marco, el centro afirmó que asume el inicio del nuevo curso lectivo desde una postura de “esperanza crítica y compromiso ético”, y planteó que 2026 “debe convertirse en un punto de inflexión para avanzar en la transformación educativa”.
Como una medida relevante, el CIDE destacó la implementación de dos semanas completas y obligatorias de capacitación para todo el personal educativo, del 9 al 20 de febrero, previo al ingreso del estudiantado a las aulas el 23 de febrero.
El decanato indicó que esta decisión se sustenta en un principio pedagógico central: la calidad educativa se relaciona de forma directa con el fortalecimiento del perfil docente y con la existencia de condiciones institucionales que permitan la actualización profesional continua.
El centro recordó que esta medida aporta a la consolidación de la formación continua como una política pública estructural y citó advertencias de la Contraloría General de la República, que alertó que entre 2021 y 2023 una proporción significativa del personal docente reportó menos de 10 horas anuales de capacitación.
Además, el CIDE señaló la existencia de una brecha entre zonas urbanas y rurales, con menor participación y menos horas de formación en centros educativos rurales, lo que limita las posibilidades de mejora pedagógica en territorios con mayores niveles de vulnerabilidad.
Desde una perspectiva comparada, el decanato indicó que sistemas educativos de alto desempeño destinan entre un 5 % y un 10 % del tiempo laboral docente al desarrollo profesional continuo, lo que equivale a entre 40 y 80 horas anuales de formación estructurada.
Esta práctica, señalaron, responde al reconocimiento de que el aprendizaje profesional permanente resulta indispensable para sostener la calidad educativa.
Las autoridades del CIDE subrayaron que la capacitación docente, por sí sola, no resolverá los problemas del sistema. Por tanto, manifestaron preocupación por la falta de una estrategia país claramente articulada para atender las carencias de aprendizaje que presenta una parte importante del estudiantado, en especial en matemáticas, lectura y escritura.
Indicaron que datos nacionales e internacionales evidencian rezagos significativos en estas competencias, con efectos directos en las trayectorias educativas y en las oportunidades futuras.
El decanato también expresó expectativa ante la aplicación de los nuevos lineamientos sobre presentación personal en los centros educativos.
Aunque reconoció el esfuerzo institucional por unificar criterios, advirtió sobre la necesidad de que estas disposiciones promuevan la convivencia escolar y eviten enfoques sancionatorios o excluyentes, en un contexto de aumento de tensiones y problemáticas asociadas con la salud mental.
En relación con los anuncios sobre la restricción del uso de dispositivos electrónicos, en particular los teléfonos celulares, el CIDE planteó la necesidad de una discusión pedagógica profunda. Si bien reconoció la importancia de regular su uso, alertó sobre el riesgo de avanzar hacia prohibiciones generalizadas sin considerar niveles educativos, edades y contextos institucionales.