Presidente arremetió contra el Poder Judicial y sus magistrados, la Fiscalía, el presidente del Congreso, diputadas, la contralora, y funcionarios de la CCSS.
El presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles calificó como "un problema serio" el hecho de que la ciudadanía no le diera 38 congresistas oficialistas al gobierno de Laura Fernández Delgado, que asumirá en mayo próximo.
“Compatriotas, tenemos un problema serio: no le dieron a la próxima administración, a la próxima legislativa, treinta y ocho diputados para cercenar y arrancar estos cánceres, hacer las reformas”, declaró en su conferencia de prensa semanal. Añadió que, sin esa mayoría, resulta más complejo aprobar cambios estructurales en el sistema de justicia.
El mandatario pronunció esas palabras en un discurso en el que anunció que vetará la Ley de Ejecución de la Pena aprobada por 33 diputados y en el que lanzó nuevos ataques personales contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Defensa Pública, el presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, la diputada Gloria Navas Montero, la contralora Marta Acosta Zúñiga y funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Chaves sostuvo que la ley de ejecución de la pena aprobada por el Congreso debilita el régimen carcelario y favorece a personas condenadas.
Yo voy a vetar esta ley nefasta que nos llegó ayer, tengo diez días para hacerlo".
El presidente señaló que la redacción del proyecto estuvo a cargo de equipos técnicos de la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General y la Defensa Pública, con apoyo de jueces de ejecución de la pena y señaló a Arias y Navas de haber fungido como "testaferros políticos" de la Corte; al primero lo acusó de "hacer daño aún en el ocaso de su carrera" y a la segunda de haber pasado a la historia "de una manera que yo creo que es más que vergonzosa".
Chaves aseguró que la normativa “no hace más que debilitar la disciplina y el rigor del castigo de la cárcel para los criminales” y afirmó que prioriza los “derechos” de “asesinos, violadores y narcos por encima de los derechos de la gente honesta”. También advirtió que, si el Congreso intenta resellar el proyecto tras el eventual veto, los diputados que respalden esa decisión “deben ser... señalados, para no decir palabras más fuertes”.
El presidente dedicó parte de su intervención al llamado caso Barrenador, luego que esta semana diputados satélites del oficialismo se aliaran para aprobar un informe de mayoría en la comisión especial sobre la CCSS en el que se exoneró a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, expresidenta de esa institución, de responsabilidades políticas por ese presunto caso de corrupción, así como por otros hechos presuntamente irregulares en la institución.
Chaves aplaudió que el foro legislativo concluyera que el caso se trató de “un montaje descarado, vulgar, de mala fe y con toda la alevosía del mundo”.
Según el mandatario, en ese caso participaron funcionarios de la Sección de Contabilidad de Costos de la CCSS, la Auditoría, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General. Mencionó de forma expresa a la contralora Marta Acosta Zúñiga y al fiscal general Carlo Díaz.
“Vergüenza, Carlo, vergüenza. Y no va a responder políticamente. ¿Saben por qué? Porque esto viene de Catalino Orlando [Presidente de la Corte] y Patricia [Solano, Sala III] y Rodrigo Arias. No tengo dudas, y de Randall Zúñiga [director suspendido del OIJ], no tengo la prueba de que ellos fueron los que lo indicaron; tenemos las pruebas de que fue un montaje y los participantes activos fueron, repito, gente de bajo nivel: Contabilidad de Costos, un señor de apellido Sánchez de la Caja, auditor; la Contraloría y ¿quién controla la Contraloría? doña Marta Acosta Zúñiga; Carlo Díaz y el señor Randall Zúñiga”, declaró.
Chaves defendió además a Esquivel Rodríguez, celebrando haber tomado la decisión de nombrarla como ministra de Planificación luego que un juez acogiera "sin fundamento ni evidencia" una solicitud de la Fiscalía de suspender a Esquivel de su cargo en la CCSS.
La nombré ministra de Planificación Nacional, porque el que sabe lo que siembra no le teme a la cosecha. Yo sabía y se los dije mil veces costarricenses, esto fue un montaje que queda demostrado hoy, que más bien los estudios dicen que en lugar de un supuesto "daño potencial a la hacienda pública", que por eso fue que metieron a doña Marta en perrera, le ahorraba al país 18 mil millones de colones con mejor servicio. Y la fiscalía siguió de necia y sigue de necia".
En el tramo final de su intervención, el presidente reiteró que continuará denunciando lo que considera irregularidades institucionales hasta el término de su mandato. “Yo dije que yo iba a dejar mis huesos aquí y lo voy a hacer, pero mientras la sin hueso mía funcione, voy a ser un denunciante cotidiano”, manifestó.
Sin embargo, el presidente puso en tela de duda la razón de que su gobierno reportara avances económicos, inversión extranjera directa, educación, servicios de salud e infraestructura, si no podían hacer reformas en el Poder Judicial.
Le dieron treinta y uno [diputados] y quién sabe qué va a pasar con el conteo, pero sí les digo: si no hacemos esto, ¿para qué el resto? ¿Para qué crecer económicamente? ¿Para qué traer inversión extranjera directa? ¿Para qué educar a nuestros niños? ¿Para qué mejorar los servicios médicos, la infraestructura cuando no hay justicia pronta y cumplida? Al revés, el problema es que el Poder Judicial hace cosas corruptas como esta, como soltar a criminales, como no llevar a juicio el caso ALDESA, quién sabe por qué, "muy complicado el caso"; como no llevar el caso de Leonel Baruch a juicio. Eso es lo que no hace. Y lo que hace es un caso Barrenador".
Chaves cerró su mensaje señalando que, a su juicio, el debate sobre el funcionamiento del Poder Judicial y otras instituciones “apenas empieza”.