Para el inicio del curso lectivo 2026 se mantienen activas 872 órdenes sanitarias en centros educativos, de las cuales 101 corresponden a situaciones de alto riesgo estructural.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) señaló su preocupación ante el rezago en la infraestructura de escuelas y colegios públicos, que sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la equidad, y urgió a que este tema sea atendido como una prioridad de política pública.
Según datos oficiales del Ministerio de Educación Pública (MEP), para el inicio del curso lectivo 2026 se mantienen activas 872 órdenes sanitarias en centros educativos, de las cuales 101 corresponden a situaciones de alto riesgo estructural, lo que representa una afectación directa a la seguridad y a las condiciones de aprendizaje de miles de estudiantes en todo el territorio nacional.
El director ejecutivo de la CCC, Randall Murillo, señaló:
Las cifras reflejan una realidad que no podemos normalizar. Detrás de cada orden sanitaria hay estudiantes, docentes y comunidades que enfrentan limitaciones que impactan su presente y su futuro”.
El ente gremial recordó que, según el informe Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2023, el país enfrenta graves deficiencias en la gobernanza de la infraestructura escolar, lo que ha provocado atrasos recurrentes, sobrecostos y dificultades para cumplir con los plazos y presupuestos de los proyectos educativos.
La OCDE advierte además que Costa Rica carece de un inventario completo y actualizado de sus centros educativos, y que la información disponible es fragmentada y parcial. Esta falta de datos clave sobre ubicación, población atendida y estado real de las edificaciones impide planificar adecuadamente las inversiones y aumenta el riesgo de no atender a tiempo los centros con mayor vulnerabilidad.
Ante este panorama, la cámara presentó una serie de propuestas concretas para atender esta situación:
- Integrar la atención de los centros educativos dentro de una Política Nacional de Infraestructura, con planificación plurianual y continuidad entre Administraciones.
- Priorizar el mantenimiento preventivo, con presupuestos protegidos y criterios técnicos claros.
- Fortalecer la preinversión y la planificación, evitando así, iniciar obras sin estudios completos y diseños definitivos.
- Mejorar la capacidad técnica de las unidades ejecutoras del Estado, para elevar los niveles de ejecución y eficiencia.
- Garantizar transparencia y rendición de cuentas, mediante información pública sobre avances físicos y financieros de los proyectos.
Murillo añadió:
Cuando la planificación falla, se presenta un costo financiero y social. Cada aula en mal estado representa una oportunidad que las niñas, niños y jóvenes y el país pierden”.
Convenio de cooperación con el MEP
El ente gremial recordó que mantiene vigente un Convenio Marco de Cooperación con el MEP, cuyo propósito es fortalecer la colaboración entre ambas instituciones mediante un esquema formal de articulación público-privada que impulsa iniciativas con empresas afiliadas a la cámara, como el programa “Adopte un Centro Educativo”.
Desde la cámara explicaron que este mecanismo permite atender necesidades relacionadas con infraestructura educativa, mobiliario y equipamiento, bajo coordinación y validación técnica del MEP, así como mediante mecanismos de seguimiento, control y rendición de cuentas y la suscripción de convenios específicos para cada proyecto que se ejecute. La cámara exhortó al MEP para que dicho convenio se pueda llevar a la práctica y brinde los beneficios para los cuales fue creado.
El representante del sector construcción destacó que contar con escuelas y colegios seguros, funcionales y bien mantenidos es una condición indispensable para reducir brechas territoriales y sociales, fortalecer la permanencia y el rendimiento estudiantil, mejorar la calidad educativa y formar el capital humano que sostiene la productividad y la competitividad del país.
Asimismo, advirtió que la falta de mantenimiento preventivo acelera el deterioro de las edificaciones, incrementa los costos futuros y expone a estudiantes y personal docente a riesgos innecesarios.
Murillo concluyó:
Esta situación responde a una combinación de débil planificación, baja capacidad de ejecución y ausencia de una visión de Estado en materia de infraestructura. Durante años, la atención de los centros educativos se ha dado de forma reactiva, priorizando emergencias sin una estrategia de largo plazo”.
La CCC hizo un llamado a las autoridades y tomadores de decisión para que la infraestructura de escuelas y colegios sea entendida como una inversión social estratégica, y no como un gasto postergable.