Ente gremial advirtió riesgo de la pretensión del proyecto de excluir la obra de la aplicación de la Ley General de Contratación Pública.
La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) señaló este martes ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa que el proyecto de ampliación y modernización de la Ruta 1, en el corredor vial San José–San Ramón, (expediente 25.183) debe ejecutarse sobre bases técnicas sólidas, con ingeniería completa y bajo los procedimientos ordinarios de contratación pública de nuestro país, a fin de garantizar competencia, transparencia y seguridad jurídica.
La iniciativa contempla la aprobación de un crédito por $770 millones, financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional.
Durante la audiencia, el ingeniero Alfredo Volio, presidente de la CCC, subrayó que se trata de una obra de máxima prioridad nacional, clave para elevar la competitividad del país, reducir los costos logísticos y mejorar la calidad de vida de la población mediante la reducción de los tiempos de desplazamiento. Sin embargo, advirtió que su avance debe darse con responsabilidad técnica, jurídica y financiera.
Volio señaló que para el desarrollo adecuado del proyecto, es necesario reducir la cantidad de unidades funcionales, sentar las bases claras para la elaboración del Manual Operativo (MANOP) y evitar condiciones crediticias onerosas, con el objetivo de proteger las finanzas públicas.
Volió añadió:
La Cámara revisó el proyecto de aprobación de los contratos de préstamo para el financiamiento de la Ruta 1 y tiene claro que su ampliación es trascendental para el país. Precisamente por eso insistimos en que se garantice la calidad técnica, la transparencia y una adecuada gestión de riesgos. Solo así esta inversión estratégica podrá traducirse en bienestar y desarrollo para los y las costarricenses”.
El jerarca alertó sobre el artículo 7 del proyecto de ley, el cual excluye la aplicación de la Ley General de Contratación Pública, una disposición que calificó como “riesgosa” desde el punto de vista de la transparencia y el control de los procesos de licitación y contratación.
En la sesión también estuvieron presentes el director ejecutivo de la CCC, Randall Murillo, y el especialista en derecho público, Claudio Donato Monge, quienes acompañaron la exposición del presidente del gremio. Durante la comparecencia se enfatizó la necesidad de atender pendientes críticos antes de comprometer recursos financieros, entre ellos los procesos de expropiación, la definición de la fuente presupuestaria para adquirir más de 380 terrenos, y la ausencia de una preingeniería completa.
Asimismo, la CCC planteó como alternativa la ejecución del proyecto bajo un modelo de Asociación Público-Privada (APP), destacando beneficios como una menor presión fiscal, una mejor asignación de riesgos, mayor agilidad en la ejecución, mantenimiento garantizado a largo plazo, incorporación de experiencia y tecnología, y un enfoque en niveles de servicio para el usuario.
Volio señaló:
Los proyectos de esta magnitud requieren una preparación técnica integral y condiciones crediticias razonables para evitar sobrecostos, retrasos y riesgos innecesarios para las finanzas públicas”.
La Cámara Costarricense de la Construcción reiteró finalmente su disposición de colaborar técnicamente con las autoridades y con la Asamblea Legislativa, con el fin de contribuir a que el proyecto del corredor vial San José–San Ramón se ejecute bajo los más altos estándares de calidad, transparencia y eficiencia, en beneficio del desarrollo y la competitividad del país.