Comerciantes lamentan que la ministra de Salud defienda que “hay mercado ilegal en todo”.
El Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI) de la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) advierte que el reglamento técnico sobre vapeadores publicado recientemente por el Ministerio de Salud, implica una prohibición de facto que podría poner a Costa Rica en la misma situación que México, donde la prohibición de este producto ha dejado este mercado en manos de carteles de narcotráfico y otras redes de crimen organizado.
El Reglamento Técnico Costarricense 516-2025 establece una serie de limitaciones a los vapeadores que tendrán efectos considerables en este sector. Notablemente, a partir del 6 de agosto estarían prohibidos todos los sabores excepto el de tabaco, mientras que se establecen restricciones a la publicidad de estos productos y se coloca un límite de nicotina de 20 miligramos por mililitro, en concordancia con la regulación europea.
Si bien la Cámara comparte la necesidad de una mejor regulación de estos productos, especialmente en lo ateniente a las medidas para impedir el acceso por parte de menores de edad, las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud podrán tener serias afectaciones en el sector comercial y productivo, en los adultos usuarios de estos productos, en el comercio ilícito, en la recaudación de impuestos y hasta en la seguridad pública.
La Cámara también lamenta las declaraciones de la ministra de Salud, Mary Munive, que el pasado 10 de febrero restó importancia al efecto que estas medidas tendrán en el comercio ilícito, asegurando que “hay mercado ilegal en todo y no puedo ponerme a hacer balances y cálculos acerca de la ilegalidad cuando estoy protegiendo la salud de las personas”, y reconociendo que en Costa Rica también “hay mercado ilegal” de medicamentos, alimentos y cosméticos.
El presidente de la Cámara, Arturo Rosabal, señaló:
Lamentamos que, en un contexto donde la inseguridad asociada al crimen organizado es uno de los principales desafíos del país, se adopte una decisión que en la práctica entregará el mercado de vapeadores a redes criminales organizadas. Si bien el Ministerio de Salud no es la institución encargada de combatir el crimen organizado, no puede ignorar los efectos que sus regulaciones generan en otros ámbitos, particularmente en la seguridad pública y en la legalidad del mercado”.
Ejemplos cercanos
Según información corroborada por el Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI), hay ejemplos en la región que evidencian que este tipo de prohibiciones terminan siendo contraproducentes.
Ricardo Carvajal, director ejecutivo del OBCI, explicó:
El caso de México es particularmente revelador: investigaciones señalan que al menos siete cárteles de la droga controlan actualmente el negocio de los vapeadores. Esto evidencia que prohibiciones de este tipo no eliminan la demanda, sino que la desplazan hacia mercados completamente ilegales, donde los productos pueden ser aún más riesgosos para la salud que los que hoy se comercializan formalmente”.
El informe 'Humo, vapeo y poder', publicado por investigadores mexicanos en noviembre del 2025, no deja lugar a dudas:
El vapeador se ha convertido en un producto más del crimen organizado. Con su comercialización, grupos criminales obtienen una ‘caja chica’ que les financia armas, municiones, vehículos y equipos de telecomunicación que son usados para cometer delitos en México —secuestro, extorsión, sicariato— y en el extranjero, como el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y otros países”.
Otro caso cercano es el de Panamá, que en el 2022 prohibió los vapeadores por medio de una ley que en el 2024 fue declarada inconstitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Durante la prohibición, un estudio de la firma Povaddo concluyó que un 5% de los panameños usaba los productos prohibidos, que en ese momento solo podían ingresar al país por contrabando. Además, datos del propio Ministerio de Salud de Panamá confirmaron que el uso de vapeadores entre menores de edad pasó del 6,4% en el 2017 (antes de la prohibición) al 8,5% en el 2023 (durante la prohibición).
Carvajal añadió:
Costa Rica ya tiene antecedentes claros de cómo regulaciones excesivamente restrictivas pueden incentivar el comercio ilícito. Hoy, los cigarrillos de contrabando representan cerca de la mitad del mercado nacional, lo que demuestra las limitaciones del Estado para contener estas dinámicas. De mantenerse esta ruta regulatoria, todo indica que el Reglamento Técnico 51S-2025 podría llevarnos a escenarios similares a los observados en México y Panamá”.
El OBCI y la CCCR solicita al Ministerio de Salud revisar el Reglamento Técnico para mantener su espíritu de protección a menores de edad y de regulación ordenada del mercado de vapeadores sin excluir a la industria formal, que es la que actualmente paga los impuestos de estos productos y se apega a las regulaciones vigentes, y más bien tomar medidas destinadas a limpiar el mercado de productos ilegales.