La Asociación Costarricense de Reducción de Daños (ACORED) reconoce la importancia de contar con una regulación sanitaria clara, especialmente en lo relativo a la protección de la población menor de edad.
En este sentido, valoramos positivamente elementos incluidos en el reglamento, como el etiquetado neutro, los mecanismos de seguridad en los dispositivos para restringir el acceso no intencional y las disposiciones que regulan la publicidad y promoción. Estos componentes constituyen avances relevantes en materia de prevención y promoción de la salud.
No obstante, advertimos que la prohibición absoluta de sabores distintos al tabaco podría generar efectos no deseados. La experiencia internacional (por ejemplo, el caso de Australia) sugiere que regulaciones excesivamente restrictivas pueden incentivar el crecimiento del mercado ilícito, con la consecuente circulación de productos sin control sanitario y mayores riesgos para la población.
Cuando el acceso legal se restringe de forma total, la demanda puede desplazarse hacia circuitos informales sin estándares de calidad ni trazabilidad. Este escenario no solo debilita la capacidad del Estado para fiscalizar y regular, sino que incrementa los riesgos para la salud pública y puede favorecer la consolidación de redes de comercio ilegal. En contextos comparados, la expansión de estos circuitos se ha asociado con mayores niveles de informalidad económica, pérdida de ingresos fiscales y, en algunos casos, dinámicas de violencia vinculadas al crimen organizado.
Estos efectos, lejos de fortalecer la salud pública, pueden debilitar los objetivos sanitarios de la regulación. Asimismo, la investigación realizada por González (2025) evidencia que personas adultas usuarias de nicotina manifiestan preocupación por el consumo en población menor de edad y expresan disposición a respaldar medidas preventivas. Este hallazgo demuestra que la protección de esta población constituye un objetivo compartido.
En ese sentido, consideramos pertinente incorporar a las personas usuarias adultas en los espacios de discusión regulatoria, a fin de diseñar medidas eficaces, proporcionales y socialmente viables. El desafío regulatorio consiste en encontrar un equilibrio que fortalezca la prevención, limite prácticas comerciales inadecuadas y evite generar incentivos que favorezcan la expansión de mercados ilícitos.
En coherencia con nuestro compromiso con la salud pública, reiteramos nuestra disposición a colaborar técnicamente con las entidades correspondientes para fortalecer una regulación proporcional, eficaz y orientada a la protección integral de la población.
En esa línea, ponemos a disposición nuestros canales de comunicación y nuestra capacidad técnica para sostener un diálogo abierto, respetuoso y constructivo que permita revisar y perfeccionar los aspectos necesarios. ACORED mantiene plena disposición a participar en espacios de trabajo interinstitucional que promuevan soluciones equilibradas, eficaces y coherentes con los principios de salud pública y derechos humanos.