La Asociación Costarricense de la Judicatura plantea limitar a un único período de hasta 12 años el nombramiento de magistrados y revisar competencias de Corte Plena para fortalecer la independencia judicial.
La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) instó a la presidenta electa Laura Fernández y a las diputaciones electas de todas las fracciones legislativas a impulsar una reforma al sistema de elección de personas magistradas y a revisar las competencias legales y constitucionales de Corte Plena.
En una carta abierta, la organización señaló que desde el Tercer Congreso Nacional de la Judicatura, celebrado en 2003, mantiene una postura “contundente y consecuente” sobre la necesidad de una modificación “urgente, pero responsable” del modelo actual.
Según Acojud, el tema no responde a coyunturas políticas recientes, sino a una discusión sostenida durante más de dos décadas. La asociación afirmó que ha expuesto su posición en distintos escenarios nacionales e internacionales, incluidos espacios ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas.
Entre las propuestas planteadas, Acojud reiteró la necesidad de establecer que las magistraturas sean designadas por un único período que no supere los 12 años. Asimismo, resaltó que, junto con el Foro de Justicia, promovió mediante iniciativa popular un proyecto orientado a garantizar mayor transparencia y objetividad en el procedimiento interno de la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para la selección de candidaturas a la magistratura.
La organización también sostuvo que esta discusión debe analizarse en conjunto con otros temas estructurales, como la posible separación entre la gobernanza del Poder Judicial y la función de casación jurisdiccional, asunto que, según indicó, no ha sido retomado por Corte Plena tras los acuerdos de reforma judicial de 2017.
De acuerdo con Acojud, cualquier cambio al modelo vigente —que considera desajustado a las necesidades actuales del país— debe surgir de un proceso técnico, serio y participativo, con diálogo entre distintos sectores y participación ciudadana, a fin de resguardar el Estado democrático de Derecho.
La asociación manifestó su disposición a colaborar con los poderes de la República en la discusión de reformas al Poder Judicial y adelantó que en las próximas semanas se referirá a otras iniciativas en materia judicial que buscan contribuir al debate democrático.