La reciente publicación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en la que se felicita a las personas agremiadas electas como diputadas y diputados para el periodo legislativo 2026, deja una imagen difícil de ignorar, 21 profesionales en Derecho ocuparán curules en la próxima Asamblea Legislativa.
Más allá de afiliaciones partidarias o trayectorias individuales, el dato en sí mismo merece una reflexión de interés público. No es común ni irrelevante que un número tan alto de abogados y abogadas llegue simultáneamente al primer poder de la República. Este fenómeno abre una oportunidad concreta para mejorar el funcionamiento del aparato estatal desde adentro, especialmente en un momento en que la ciudadanía exige resultados más que discursos.
Muchos de estos colegas no provienen exclusivamente del ámbito académico o político. Litigan, asesoran, negocian, enfrentan tribunales, instituciones, trámites y vacíos normativos en su día a día profesional. Conocen, por experiencia directa, las fricciones entre la ley escrita y la realidad práctica. Saben dónde el sistema se traba, dónde se repite, dónde se contradice o simplemente deja de servir a quienes debería proteger.
Ese conocimiento es especialmente valioso en un contexto en el que la función legislativa suele percibirse distante de la operatividad real del Estado. La técnica legislativa, la coherencia normativa, la articulación entre instituciones y la evaluación de impactos reales de las reformas no deberían ser asuntos secundarios. Cuando quienes legislan comprenden cómo una norma se ejecuta o no en la práctica cotidiana, el margen para errores evitables se reduce de manera significativa.
En una época en la que muchas personas jóvenes aspiran legítimamente a formas distintas de desarrollo profesional, resulta significativo que una generación de abogados y abogadas haya decidido asumir la responsabilidad pública desde la Asamblea Legislativa. No como representantes exclusivos de una provincia o de una bandera partidaria, sino como actores con capacidad y deber de pensar el ordenamiento jurídico de forma integral y funcional.
Por supuesto, la profesión no garantiza, por sí sola, ni consenso ni sensatez. El riesgo de polarización, bloqueo político u oposiciones estériles siempre existe, incluso entre colegas. Precisamente por eso, la expectativa ciudadana debe ser clara, que esta presencia se traduzca en sentido común, en diálogo informado y en reformas encaminadas a resolver problemas estructurales, no en confrontaciones disfrazadas de técnica jurídica.
Costa Rica no necesita más leyes por acumular. Necesita mejores leyes, mejor coordinadas y verdaderamente aplicables. Si esta legislatura logra avanzar, aunque sea parcialmente, en ordenar procesos, simplificar trámites, corregir incoherencias normativas y fortalecer la institucionalidad pública, habrá valido la pena este momento histórico para el gremio y para el país entero.