En Costa Rica, envejecer ya no es una excepción: es una realidad demográfica que se acelera. Las personas adultas mayores superan el 15% de la población nacional (alrededor de 800 mil costarricenses). Esa cifra seguirá creciendo y, con ella, la demanda de servicios de salud especializados. Lo que no puede crecer al mismo ritmo es la indiferencia frente a una necesidad básica: atención digna en infraestructura segura.
El Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología "Dr. Raúl Blanco Cervantes", centro de referencia para la atención del adulto mayor, opera en un edificio con más de 65 años de antigüedad, vida útil excedida y deterioro estructural. La capacidad de atención está saturada, especialmente en Urgencias y Hospitalización, y persisten incumplimientos graves a la Ley 7600 y a normas técnicas de seguridad y prevención.
Los datos técnicos obligan a actuar. Una inspección del Benemérito Cuerpo de Bomberos documentó 38 observaciones y 15 fallas críticas; el dictamen técnico es explícito: "No se debe autorizar el funcionamiento con incumplimientos críticos". No es admisible normalizar un riesgo de seguridad humana en un centro que atiende a una población particularmente vulnerable.
Por eso, la sentencia No. 2025-001904, de la Sala Constitucional del 23 de enero de 2025 —que ordenó reanudar de inmediato los estudios del nuevo hospital, con plazo de dos meses— debe leerse como un mandato de acatamiento obligatorio. La misma documentación del proyecto reconoce que la suspensión vulneró derechos fundamentales y que se requiere un plan concreto con cronograma. Aun así, hoy seguimos sin obras físicas iniciadas y con el proyecto en etapa preinversion.
La ruta crítica es clara: sin terrenos no hay diseño, no hay licitación y no hay construcción. El 6 de febrero de 2025 la Junta Directiva de la CCSS declaró de interés público los terrenos requeridos, habilitando mecanismos de expropiación o compra directa, pero el reto es la implementación: sin formalización y "entrada en posesión", el proyecto no avanza.
En una reciente comparecencia ante la Comisión Legislativa de Adulto Mayor y Discapacidad, la Presidencia Ejecutiva de CCSS, indicó que el proceso de valoración y notificación a propietarios se realizaría entre enero y febrero, y que existe aval presupuestario para terrenos y una primera fase constructiva. Reconocemos esos pasos, pero la conclusión es inevitable: mientras la expropiación avance con lentitud y sin fechas concretas, el país seguirá esperando. Y Costa Rica ya conoce casos donde expropiar tardas décadas.
Además, no basta con planificar la nueva sede como si el hospital actual pudiera "aguantar" años. Se mencionaron medidas de corto plazo (alquiler de espacio administrativo, contenedores para reubicar servicios), pero sin un plan con responsables, fechas y metas mínimas de seguridad y accesibilidad. Postergar correcciones críticas "hasta 2032" es, sencillamente, irresponsable.
¿Qué demandamos como Junta de Salud? Seis decisiones concretas, con plazos y rendición de cuentas:
- Terrenos: finalizar expropiación y/o compra antes del cierre de 2026, con cronograma público y ruta judicial priorizada cuando corresponda.
- Factibilidad y plan funcional: concluir y aprobar estudios según estándares modernos, para salir de la preinversión con claridad técnica.
- Mitigación inmediata: ejecutar un plan urgente de correcciones en la sede actual para reducir riesgo vital mientras se construye la nueva.
- Transparencia total: publicar cronograma con hitos trimestrales, responsables nominales y seguimiento público.
- Mesa de seguimiento: institucionalizar un espacio de vigilancia con Junta de Salud, Defensoría y organizaciones civiles.
- Blindaje financiero: asegurar recursos plurianuales para licitación y obra, con mecanismos de continuidad ante cambios administrativos.
Estas exigencias no buscan confrontación; buscan certeza. Incluso se ha señalado que el proyecto debe transitar por MIDEPLAN: si es un paso requerido, debe aclararse ya el proceso y su impacto en plazos, para que no se convierta en una nueva excusa de atraso.
Construir la nueva sede del Raúl Blanco Cervantes no es solo levantar paredes. Es pagar una deuda histórica con quienes hicieron posible este país. Hago un llamado a la CCSS, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, a la Defensoría y al Poder Judicial: este hospital no es un favor, es una obligación constitucional. En un país que envejece, postergar ya no es opción. Es negligencia. Actuemos ahora, o carguemos con la responsabilidad de cada día perdido.
Desde la Junta de Salud, reiteramos nuestra disposición al trabajo conjunto, al seguimiento técnico y al diálogo constructivo.