Municipalidad de Garabito busca el desalojo de tres casas ubicadas en Tárcoles.
El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió, el pasado 23 de enero, tres medidas cautelares provisionalísimas, para evitar el desalojo y demolición de tres casas ubicadas en playa Pógeres, en Tárcoles, que pretendía ejecutar la Municipalidad de Garabito.
La medida, solicitada por el abogado ambientalista Wálter Brenes, ordena a la Municipalidad de Garabito abstenerse de realizar cualquier acción formal o material que afecte las propiedades hasta tanto no sea resuelta la medida cautelar por el fondo lo cual incluye el desalojo y demolición de las propiedades de Patricia Murillo Gómez, Damaris Arriola Coles y Max Eric Sánchez.
De acuerdo con un comunicado que conoció el tribunal, la Municipalidad de Garabito informó “a las personas ubicadas en el sector comprendido entre el Puente sobre el Río Pógeres y la formación montañosa que delimita las comunidades de Tárcoles y Pógeres, que deberán proceder con la desocupación total de las estructuras habitaciones instaladas en dicha zona a más tardar el día 15 de febrero del presente año”.
Los perjudicados indicaron que ese comunicado corresponde a las construcciones que poseen en dentro de la zona de concesión y en consecuencia solicitaron suspender cualquier acción material o formal por parte de la municipalidad.
De acuerdo con Brenes, en la zona de playa Pógeres existe una línea de 10 casas, ubicada a mano izquierda de la playa. Las familias propietarias de esas viviendas tienen entre 30 y 50 años de vivir en ellas. El abogado detalló que son edificaciones que provienen directamente de una serie de contratos de arrendamiento, que mantenía entonces el Instituto de Tierras y Colonizaciones (ITCO), con una persona en la zona.
Detalló que se trata de una propiedad que inicialmente era de 26 hectáreas propiedad del ITCO y que, posteriormente, por contratos de arrendamiento, autorizados por el mismo ente estatal, se fueron cediendo parcelas a diferentes personas como las familias Murillo, Arriola y, últimamente, Máx Eric Sánchez, que adquirió la casa a una familia local.
Brenes espera que la decisión del tribunal sea suficiente para que "el Alcalde de Garabito empiece a reconsiderar su acción invasiva, tan irrespetuosa del derecho en Costa Rica. Especialmente porque estas son consideraciones que hay que valorar desde una perspectiva más legal y práctica, puesto que estas casas están resguardadas por un transitorio de la Ley Marítimo Terrestre":
Además es importante considerar lo que está en los registros de la Municipalidad, los cuales, de una manera sorpresiva, se mantienen custodiados sin entregarle copias a los afectados, ejerciendo el terror sobre ellos diciéndoles que les demolerán las casas".
El abogado confi en que "el régimen de terror que ha venido infundiendo el Alcalde en todos los vecinos, que llevan años viviendo en esta zona, se detenga, en razón del ejercicio contralor y de legalidad que ha sido nuestro contencioso administrativo y nuestro juez”.