Ente gremial recordó que la reducción de la inversión social pone en riesgo los derechos y bienestar de esta población.
El Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica (Coltras) denunció que, desde hace varias semanas, el país registra una reducción e insuficiencia de los subsidios gestionados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis), para cubrir necesidades básicas como vivienda, salud, educación y servicios de apoyo de esta población.
Según el ente gremial, esta situación pone en riesgo los derechos y el bienestar de miles de personas con discapacidad, quienes han visto reducidos de forma drástica los apoyos que les permitían cubrir su alquiler, continuar sus estudios o movilizarse en transporte adaptado.
Mariangel Sánchez Alvarado, de la Unidad de Investigación del Coltras, advirtió:
Estos recortes no son hechos aislados: reflejan cómo la disminución de la inversión social se traduce en pérdida de autonomía, precarización de las condiciones de vida y profundización de la exclusión social”.
El colegio recordó que, desde una perspectiva de derechos humanos, estas decisiones no pueden entenderse únicamente como ajustes técnicos o restricciones presupuestarias. En ese sentido, la experta recordó que Costa Rica cuenta con un marco normativo robusto —como la Ley N.° 7600 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad— que establece obligaciones claras para el Estado en materia de accesibilidad, vida independiente e igualdad de oportunidades. Sánchez añadió:
Cuando los apoyos estatales resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas, se produce una vulneración concreta de estos derechos”.
El ente gremial advirtió que, a este escenario, se suma una debilidad importante en términos de transparencia y rendición de cuentas: el acceso limitado a información pública actualizada sobre la ejecución de los recursos del Conapdis. La ausencia de datos oportunos dificulta evaluar el impacto real de las decisiones financieras y restringe el debate público informado sobre políticas que afectan directamente derechos fundamentales.
Clare Mata Valerio, de la Unidad de Investigación del Coltras, recordó que en el debate público persisten discursos que responsabilizan a las personas con discapacidad por su situación, omitiendo las barreras estructurales que históricamente han limitado su acceso a la educación, el empleo, el transporte y los entornos accesibles. Mata explicó:
Esta mirada individualizante desconoce que el Estado no ha garantizado las condiciones necesarias para una participación plena en igualdad de condiciones y refleja que las decisiones públicas reducen o debilitan la inversión social, bajo una lógica que prioriza indicadores macroeconómicos, sin considerar las consecuencias sociales de estas medidas”.
El colegio recordó que “hablar de inversión social en discapacidad es hablar de una visión de país. No se trata únicamente de subsidios monetarios, sino de políticas integrales orientadas a garantizar condiciones de vida dignas y promover la autonomía. Esta inversión no constituye un gasto improductivo, sino una herramienta clave para reducir desigualdades y fortalecer la cohesión social. Invertir en discapacidad es invertir en dignidad, justicia social y desarrollo humano. Reducir esta inversión no solo afecta a quienes dependen de estos apoyos, sino que debilita el compromiso del país con la igualdad y la inclusión”.