El acuerdo compromete a respetar el 8% del PIB para educación, fortalecer la calidad, la equidad y la infraestructura educativa.
Solo 7 candidaturas presidenciales firmaron el Pacto Nacional por la Educación Pública, un compromiso político público que reconoce a la educación como un derecho humano fundamental, un bien público y un deber indeclinable del Estado costarricense.
El documento fue firmado ante el I Congreso Nacional por la Educación Pública y plantea una hoja de ruta para enfrentar la peor crisis educativa del país desde la década de 1980, según el documento promovido por la Mesa Nacional de Diálogo, Consejo Nacional de Rectores, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular.
El pacto establece como eje central el respeto, protección y ejecución del financiamiento constitucional del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) para educación pública, con una asignación progresiva de recursos orientados prioritariamente a infraestructura educativa, dignificación docente, permanencia estudiantil, programas de equidad, actualización pedagógica y reducción de brechas territoriales y sociales.
Además, se plantea alcanzar un financiamiento del 1,5% del PIB para la educación superior pública como parte de ese mismo esfuerzo presupuestario.
En materia de calidad, las candidaturas se comprometen a impulsar una política educativa de Estado, enfocada en el aprendizaje significativo, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, tecnológica y digital, así como en la formación para la ciudadanía democrática y el trabajo digno.
El pacto también plantea la universalización del currículo en primaria, el fortalecimiento de la educación indígena e intercultural y la atención diferenciada según las realidades territoriales del país.
El documento incorpora compromisos explícitos en equidad y no discriminación, infraestructura y conectividad educativa, transparencia en el uso de recursos públicos, participación social y entornos educativos seguros. Se plantea la creación de mecanismos permanentes de diálogo social, rendición de cuentas y evaluación técnica del sistema educativo, alejados de enfoques punitivos o mercantilistas.
Como medida inmediata, el pacto propone que el próximo gobierno declare la educación pública como prioridad nacional en situación de crisis durante sus primeros 100 días, con el fin de atender el deterioro del sistema, reducir la exclusión educativa y garantizar condiciones dignas de enseñanza y aprendizaje.
Además, se establece que el compromiso será verificable mediante indicadores y servirá como criterio de evaluación democrática del ejercicio de gobierno y del futuro jerarca del Ministerio de Educación Pública.
El Pacto Nacional por la Educación Pública fue firmado por las siguientes candidaturas:
- Ana Virginia Calzada Miranda, Partido Centro Democrático y Social.
- Álvaro Ramos Chaves, Partido Liberación Nacional.
- Claudia Dobles Camargo, Coalición Agenda Ciudadana.
- Ronny Castillo González, Partido Aquí Costa Rica Manda.
- Claudio Alpízar Otoya, Partido Esperanza Nacional.
- Ariel Robles Barrantes, Partido Frente Amplio.
- Luis Amador Jiménez, Partido Integración Nacional.