Proyecto se encuentra en trámite de mociones de reiteración en el plenario legislativo.
Un grupo de sindicatos del sector médico y organizaciones de la sociedad civil emitieron un comunicado de prensa para manifestar su oposición al proyecto de ley (expediente 24.015) presentado por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo Arce, que modificaría las condiciones para la formación de médicos especialistas en el país, y que actualmente se encuentra en discusión en el plenario de la Asamblea Legislativa, donde tiene 200 mociones de reiteración que deben ser conocidas antes de su votación en primer debate.
En su comunicado las organizaciones señalaron:
Este proyecto simplifica una situación compleja y multicausal, a una serie de disposiciones que carecen de sustento técnico, pues adjudica la responsabilidad del problema a un déficit en la formación de nuevos especialistas".
Entre las principales críticas al proyecto, las organizaciones señalaron que la iniciativa "crea un ente técnico aparentemente imparcial, público o privado, cuya conformación o integración se desconoce, que tendrá potestades vinculantes para dictarle a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a las universidades qué hacer", y advirtieron:
Exigirle un número de especialistas determinado que deberá formar la CCSS y cada una de las universidades con las que se tenga convenio y si no se cumple con lo dispuesto, tanto la CCSS como las universidades están en riesgo de ser sancionadas o que se les cancele la posibilidad de seguir impartiendo posgrados".
Según las organizaciones, estas condiciones podrían ser inconstitucionales por interferir con la autonomía de gobierno de la CCSS.
Adicionalmente, las organizaciones señalaron que el proyecto "ofrece beneficios migratorios a médicos no nacionales con formación especializada en el extranjero, y les permite una incorporación inmediata de dicha especialidad al Colegio de Médicos si reúnen las condiciones que exige este proyecto". Según la iniciativa estos especialistas podrán laborar durante los primeros cuatro años en la CCSS mediante una residencia temporal y posteriormente podrán laborar en el sector privado y acceder a residencia permanente.
Al respecto señalaron que dicha disposición genera "una inequidad en el trato al médico graduado en el sistema de estudios de posgrado de universidades nacionales, puesto que nuestros profesionales tienen que cumplir siete años de servicio social para poder incorporar su especialidad al Colegio de Médicos", que es requisito para ejercer la especialidad en el sector privado.
En un comunicado de prensa la diputada Carballo aseguró que era falso que "el proyecto impida a los médicos especialistas ejercer en el país durante la retribución social", y añadió:
La retribución se realiza trabajando y siendo remunerado como especialista, mediante el nombramiento en una plaza formal. Lo que propone la iniciativa es que la CCSS pueda recuperar de manera proporcional la inversión pública que realiza en la formación de cada especialista, algo que hoy no ocurre adecuadamente, ya que la retribución es limitada a tres años o se sustituye por pagos módicos".
Sin embargo, el texto en discusión señala expresamente que el cumplimiento del contrato de retribución social "será requisito indispensable para la incorporación como especialista o subespecialista médico ante el Colegio de Médicos y Cirujanos", por lo que mientras no hayan cumplido con ese contrato, sí les sería imposible ejercer la especialidad en el sector privado en el país.
Las organizaciones también criticaron que la iniciativa faculte al Ministerio de Salud (MinSa) a declarar una inopia de médicos especialistas, que habilitaría a médicos formados en centros universitarios de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a trabajar en el país "sin condicionantes o evaluaciones". En su comunicado las organizaciones señalaron:
En un inicio, esos médicos estarán facultados para trabajar sólo en la CCSS, no en el sector privado, lo cual resulta particularmente preocupante, pues sin conocerse la rigurosidad de su formación y sus competencias se expone a las personas que reciban atención en la CCSS".
Sobre el tema de la declaratoria de inopia, la diputada Carballo señaló:
Se trata de una herramienta de última instancia, que sólo se aplicaría si las medidas principales del proyecto —como la ampliación de la formación de especialistas, el aumento de plazas en zonas rurales, la eliminación de cuellos de botella y contratos de retribución adecuados— no logran equilibrar la oferta y la demanda".
En su comunicado, la diputada del PUSC señaló que "el proyecto aplica únicamente hacia el futuro, por lo que no vulnera derechos adquiridos ni condiciones contractuales actuales", y aseguró que la oposición a esta iniciativa "responde a la defensa de intereses gremiales y económicos, por lo cual se niegan a reconocer el déficit histórico de especialistas en el país y mantienen cuellos de botella tanto en la formación como en la incorporación de nuevos profesionales, en perjuicio de la población".