Hace algunos días apareció en este espacio el texto de un docente de Derecho (“El deber cívico de la ciudadanía progresista en el tramo final de la campaña electoral” de Alejandro Guevara Arroyo), cuyo contenido no deja de ser llamativo, sobre todo porque condensa una visión de mundo cara a los espacios universitarios, al autodenominado “sector cultura”, con ramificaciones a su vez en determinados partidos políticos.
Tomo este texto, en realidad un manifiesto (un llamado a la acción, en términos del autor), como pretexto para discutir algunas constantes discursivas que conviene desmontar, al menos contrarrestar. A pesar de su tono agitativo, creo poder identificar los supuestos sobre los que construye el alegato. Mi referencia a algunos autores no es un ejercicio banal de erudición, sino el intento de demostrar que, aún aquellos que dicen estar del “lado correcto de la historia” (¡y del conocimiento!), hacen cherrypicking a conveniencia, soslayando enfoques que distorsionan su narrativa.
Persigo equilibrar la discusión, pero, sobre todo, responder a los que hablan desde la corrección académica, en su propio terreno, tal como ensayé en otro medio a propósito de las posturas del funcionario del TSE, Gustavo Román Jacobo.
Esto dicho, pues, vamos al turrón.
Antes que nada, llama la atención la referencia del articulista a lo que denomina “ciudadanía progresista”. Comencemos por circunscribir el concepto de ‘progresismo’. Si por tal cosa entendemos una visión político-social que engloba aspiraciones igualitaristas, inspiradas en una comprensión amplia de derechos, pero, ante todo, que considera que la sociedad es perfectible, mejorable, etc., el ‘progresismo’ vendría a ser la seña de nacimiento distintiva de la modernidad política. En esa línea, quien esto escribe se considera progresista porque considera que la política va de anhelos y acciones tendientes a la transformación social, esto es, rechaza el empoderamiento de sectores que pretenden situarse por encima de la igualdad ante la ley a través de la creación de privilegios que externaliza a toda la sociedad, muchas veces bajo la maltratada égida del “bien común” y la “justicia social”. En esta línea, todo proyecto político que desee transformar el status quo es progresista. Porque la política moderna es eso, y a tal fin debatimos, militamos o votamos.
El señor Guevara incurre en la falacia de hablar de ‘ciudadanía progresista’, como si él poseyera los derechos de propiedad del progresismo. Convendría recordarle que hoy, bajo tal bandera, también existe un denominado ‘liberal-progresismo’ que surgió como intento de disputar el copyright del vocablo al progresismo de izquierda, que es –según parece– desde el que habla Guevara. Recapitulando, diremos que la Modernidad política es progresista en esencia y que, en términos de la oposición clásica entre izquierda-derecha (recomiendo a Guevara revisar su planteo desde una visión más amplia, como la que facilita el diagrama de Nolan), el ‘progresismo’ no es monopolio de ninguna tribu ideológica. Es un significante en disputa. Guevara realiza lo que Ernesto Laclau denomina catacresis, esto es, el tropo retórico que posibilita hacer de la parte el todo, mediante una fuerte inversión afectiva con miras a construir hegemonía a través de la creación de una frontera social interna, en la línea de la oposición pueblo-antipueblo.
Mientras que Guevara considera que está del lado correcto del ‘pueblo’, de la ‘historia’, de la ‘moral’ y de la ‘justicia’, para un votante de Fernández su llamado alarmista a votar contra “la continuidad” lo convierte en miembro honorífico del ‘anti-pueblo’. Como puede apreciarse, la complejidad, la indecidibilidad fáctico-objetiva de conceptos como los de ‘pueblo’, ‘soberanía’, ‘progresismo’ e incluso ‘ciudadanía’, hacen de la política, como práctica y teoría, un terreno colindante más con la “teología política” que con razonamientos silogísticos pseudofilosóficos.
Llama poderosamente la atención que el articulista suspenda deliberadamente la variable poder a la hora de construir su alegato. Dado que Guevara habla desde el campo progresista de izquierdas, uno esperaría que cuando arenga a la acción, no pretenda hacerlo desde un lugar de supuesta neutralidad o ‘grado cero’ del poder. Hegel tenía un nombre para ello. Le llamaba “alma bella” a una figura del Espíritu que se aferra a su pretendida superioridad moral, porque es reacia a transar con el mundo real, a ensuciarse las manos con la política tal cual es. Esta actitud es típica de sectores universitarios, y de partidos de izquierda como el Frente Amplio, cuya principal insignia de honor es ser “incorruptibles”. Aun concediendo que estuviesen libres de mácula moral, resulta fácil ser “incorruptible” cuando no se tiene vocación de poder o gobierno, porque lo más sencillo es hacer discursos desde una curul o show mediático en comisiones legislativas. Algo similar a lo que los norteamericanos llaman “virtue signaling”, actitud característica de la militancia identitaria que ha venido a copar la llamada agenda progresista, y que ya pasó la factura en Estados Unidos, Argentina, Alemania y, claramente, Costa Rica. Esto es, el olvido de la base material de lo político y la focalización obsesiva en aquello que nos diferencia irremediablemente, como sexualidad, religión, etnia, etc.
Por otra parte, pregunto, ¿no se ha pasado lo que Guevara llama “arco progresista” jugando siempre en el límite entre la validez de la legalidad formal y lo que ellos consideran posible o deseable? Porque si alguien ha despreciado la vilipendiada “democracia formal” ha sido el arco “progresista” de izquierdas. Es por esto que no deja de sorprender y levantar sospechas asistir a la eclosión primaveral de tantísimo demócrata sobreindignado, sobre todo de agrupaciones partidarias que, como en el caso del PAC/CAC, han impulsado una agresiva política identitaria que deterioró el tejido social a todo nivel, pero llama aún más la atención viniendo de la izquierda política, reactiva a condenar regímenes autoritarios en la región. Por este motivo resulta realmente difícil creerles ahora.
Quisiera resaltar uno de los puntos que me parecen más relevantes, tratándose de un docente de Derecho. El Sr. Guevara enciende las alarmas sobre el “peligro constitucional” que supondría una victoria de Fernández. Como alguien ubicado en la izquierda del “arco progresista”, su visión pétrea del constitucionalismo nos deja perplejos. ¿A qué me refiero exactamente?
El debate sobre la legitimidad de los vínculos constitucionales se remonta nada menos que a los Padres Fundadores de la República Norteamericana. De ello da cuenta la conocida controversia entre Jefferson y Madison. El primero cuestionaba que una generación pudiera vincular (encadenar) a sus leyes a generaciones futuras, mientras que Madison abogaba por la conveniencia de no cambiar las reglas de juego de una sociedad, pues el pacto intergeneracional que representa la constitución efectivamente limita, pero es también garantía ante abusos de poder sustentados en el faccionalismo, tendencia “natural” de la sociabilidad humana que tanto le preocupaba. Una visión similar a la de Jefferson plantea Marx, desde la acera del frente, en El Dieciocho Brumario.
En mi caso, soy de los que piensa que no es conveniente modificar continuamente las leyes fundamentales que nos rigen, pero jamás haría de ellas un fetiche. El propio Guevara cierra su manifiesto con la apelación a la ‘Patria’, concepto elusivo, metafísico, teológico-político si los hay. ¿Por qué? Porque es precisamente imposible salirse de ese círculo teológico-político que rige la vida humana. Es decir, la última ratio de la política es la apelación a un colectivo inasible, a un todo que por definición excluye, porque cuando se trata de crear hegemonía (¡la política es razón hegemónica!), no todos caben en la ficción del todo. Si a Guevara preocupa que se pase por encima a minorías, por razones varias, entre ellas las de disenso ideológico, a mí también me preocupa, pero no especialmente del proyecto oficialista, sino de cualquier ideología, y, para ser honestos, sobre todo de la izquierda.
El ‘pueblo’ como Soberano se expresa en las urnas. Esta ficción debe pasar por el embudo de la democracia formal electoral para materializarse en términos concretos, así como el dinero expresa la creación de valor en la economía. Es algo, en realidad, bastante simple de comprender en su dimensión mundana operativa. Veamos un ejemplo: La Constitución Argentina señala en su artículo 30 que ella puede ser reformada en el todo o en cualquiera de sus partes, previa declaración con mayoría especial del Congreso. ¿Entonces por qué ahora tantos se rasgan las vestiduras? El Soberano puede modificar sus leyes fundamentales si una mayoría calificada en el Parlamento así lo decide. Si no puede hacerlo, no es ‘soberano’, es decir, es políticamente pre-moderno en cuanto otorga a las leyes humanas carácter cuasi-divino. Parece entonces, pues, que lo que molesta es quienes hablan de modificaciones constitucionales, no la idea en sí misma, máxime si tenemos presente que la izquierda latinoamericana ha elevado a oráculo el constitucionalismo emancipador de Gargarella y Boaventura de Sousa. La contradicción es flagrante.
En suma, existe una tensión interna al debate constitucional, irresoluble, anclada en la dimensión temporal y finita del ser humano. Se trata de lo que algunos refieren como la “paradoja del compromiso” (Elster, Holmes), es decir, la que apunta a que en las democracias constitucionales no todo debería estar en discusión, justamente para salvaguardar las instituciones de abusos, aunque el cambio permanecerá siempre abierto como posibilidad.
Para finalizar, como universitario quisiera llamar la atención sobre el hecho de que quienes suelen abanderarse en el noble ropaje de la Academia, pasan convenientemente por alto que la Universidad no escapa a dinámicas de poder excluyentes. Resulta imposible ignorar que existen correas de transmisión, a veces no tan visibles, entre ciertas escuelas y facultades, asesores legislativos y partidos políticos, que inciden directamente en las aulas, desde los programas de estudio hasta las decisiones de contratación. De nuevo: Que nadie hable por mí, menos desde ningún peraltado lugar de “verdad, bondad y belleza”.