En Minneapolis, una escena reciente ha expuesto con crudeza el rumbo que ha tomado la política migratoria de Estados Unidos. Un niño de cinco años, Liam Conejo Ramos, fue detenido junto a su padre por agentes de immigration and customs enforcement (ICE) en la entrada de su casa, poco después de regresar de la escuela. La imagen del menor rodeado por agentes armados recorrió el mundo y generó indignación inmediata.
El principal funcionario de ICE en la ciudad, Marcos Charles, sostuvo que el padre, Adrian Alexander Conejo Arias, había “abandonado a su hijo” al intentar huir de las autoridades, y que un agente se quedó con el niño para “cuidarlo” mientras se realizaba el arresto. Sin embargo, esa versión fue contradicha por funcionarios escolares y testigos presenciales, quienes afirmaron que la madre estaba dentro de la vivienda y suplicó que le devolvieran a su hijo. El contraste entre ambos relatos expone la facilidad con la que una institución puede deshumanizar una situación extrema para justificar su proceder.
Este episodio forma parte de una ofensiva migratoria más amplia que se ha intensificado en las últimas semanas. Minneapolis se ha convertido en uno de los principales escenarios de estas operaciones federales, caracterizadas por redadas masivas, presencia de agentes armados en barrios residenciales y detenciones que ocurren en espacios cotidianos como casas, calles y alrededores de escuelas. lo que antes era excepcional hoy se presenta como rutina.
La deriva represiva quedó aún más expuesta tras la muerte de un hombre de 37 años durante un operativo migratorio en la ciudad. El hombre fue abatido por agentes federales en plena vía pública. Mientras el departamento de seguridad nacional defendió el uso de la fuerza, testigos y grabaciones difundidas posteriormente pusieron en duda la versión oficial. El hecho profundizó la percepción de que las operaciones de ICE han cruzado una línea peligrosa, donde el control migratorio se ejecuta sin una evaluación clara de los riesgos para civiles.
Estos acontecimientos han provocado una reacción social sostenida. Durante días, miles de personas han salido a las calles para manifestarse contra la presencia federal y el accionar de ICE. No se trata únicamente de una defensa de los derechos de las personas migrantes, sino de un rechazo más amplio a una política abusiva, desproporcionada y carente de sensibilidad humana. Las protestas han reunido a comunidades migrantes, organizaciones civiles, estudiantes y residentes que ven en estas prácticas una amenaza al tejido social.
El trasfondo político resulta clave para entender esta escalada. Figuras de alto nivel del gobierno estadounidense, han defendido públicamente estas operaciones y han recurrido de forma reiterada a un lenguaje que presenta a las personas migrantes como una amenaza. El uso del término “aliens” despoja a individuos de su condición humana y los transforma en entes ajenos, facilitando que acciones extremas sean percibidas como necesarias o incluso legítimas.
Cuando el discurso oficial deshumaniza, la política que lo sigue tiende a hacer lo mismo. La detención de un niño de cinco años, la separación forzada de familias y el uso letal de la fuerza en contextos civiles no pueden entenderse sin ese marco narrativo. no se trata solo de hacer cumplir la ley, sino de cómo se decide hacerlo y a costa de quién.
Organismos internacionales y expertos en derechos humanos han advertido que este tipo de prácticas pueden vulnerar estándares básicos, especialmente cuando involucran a menores. Más allá de los debates legales, el impacto inmediato es evidente y triste, familias que temen salir de sus casas, niños que dejan de asistir a la escuela y comunidades enteras que viven bajo una sensación constante de persecución.
Pero ¿qué tan cierta es la idea de que las personas inmigrantes son responsables de una parte significativa de la violencia en Estados Unidos? Esta afirmación, repetida con insistencia en discursos públicos, no está respaldada por la evidencia. El argumento de que miles de estadounidenses mueren cada año a manos de inmigrantes indocumentados se apoya en cifras que no son confiables ni verificables; además, el país ni siquiera cuenta con registros nacionales que vinculan homicidios con estatus migratorio. Los estudios disponibles se basan en registros estatales, datos judiciales y análisis comparativos de tasas de arresto y condena. Esos análisis muestran, de forma consistente, que las tasas de criminalidad entre personas inmigrantes, incluidas aquellas sin documentos, no superan a las de la población nacida en el país, y en muchos casos son menores. La narrativa que asocia migración con violencia no surge de los datos, sino del odio, y funciona como una herramienta política para legitimar políticas cada vez más duras y deshumanizantes.
Lo que ocurre hoy en Estados Unidos expone una tensión profunda entre un poder federal que ha optado por una lógica punitiva y una sociedad que rechaza abiertamente ese rumbo. El endurecimiento de la política migratoria no solo ha normalizado la presencia de agentes armados en espacios civiles, sino que ha instalado el miedo como herramienta de control. Frente a ello, amplios sectores sociales se han movilizado no únicamente en defensa de las personas migrantes, sino en rechazo a una forma de gobernar que privilegia la fuerza por encima de la dignidad humana y que se apoya en discursos racistas y xenofóbicos para legitimarse.
Cuando un Estado empieza a justificar el miedo como herramienta de control, no solo afecta a quienes son directamente perseguidos, sino que debilita el pacto democrático en su conjunto. La normalización de la vigilancia y la exclusión redefine los límites de la ciudadanía e ignora los principios como la igualdad y la protección de derechos. Lo que hoy se presenta como una respuesta excepcional puede convertirse mañana en una práctica permanente, con consecuencias profundas para la cohesión social y la legitimidad del propio sistema democrático.