Profundizamos en las propuestas de Laura Fernández, Álvaro Ramos, Claudia Dobles, Ariel Robles, José Aguilar y Juan Carlos Hidalgo.
Costa Rica lleva décadas liderando políticas ambientales a nivel nacional e internacional. Sin embargo, la administración Chaves Robles fue cuestionada reiteradamente por acciones negativas en la materia.
Por ejemplo, a nivel nacional existieron escándalos como el Caso Gandoca Manzanillo o la intención de impulsar la exploración de petróleo y gas en el país. A nivel internacional, se señaló al gobierno por la pérdida de liderazgo en espacios como las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Previo a la elección nacional del próximo 1 de febrero, diferentes organizaciones advirtieron que el próximo presidente deberá enfrentar los problemas y evitar un retroceso histórico en el campo ambiental.
Pero, ¿qué proponen los aspirantes a llegar a Zapote? Delfino.cr conoció las propuestas en los planes de gobierno de los candidatos que lideran la intención de voto según la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Además, para profundizar en el tema, este medio de comunicación se apoyó en información publicada por la Red de Juventudes y Cambio Climático de Costa Rica, el movimiento CR Libre de Perforación y en el Debate Climático desarrollado por la misma red a finales del año anterior.
A continuación, el detalle:
Álvaro Ramos Chaves / Liberación Nacional
En el eje de acción climática, el verdiblanco impulsa la creación de una Plataforma Nacional de Monitoreo Climático Comunitario, concebida para integrar información local en la toma de decisiones.
Además, busca el fortalecimiento de la resiliencia climática y la gestión integral de riesgos agropecuarios, con atención especial a eventos extremos y crisis sanitarias que afectan la producción y a las personas trabajadoras del campo.
En materia de gobernanza, apuesta por una reconfiguración institucional que incluye la recomposición de viceministerios y el fortalecimiento de entes técnicos como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio), la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) y el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). Ramos Chaves también pretende la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Su propuesta incorpora la creación de un Consejo de Gobernanza Marina, la modernización del marco legal en biodiversidad, ambiente, recurso hídrico y gobernanza marina, así como la formulación y puesta en operación de la Política Nacional de Áreas Protegidas.
También plantea reglamentar la Ley del Fondo Azul para servicios ecosistémicos marinos y crear un Banco Verde de Desarrollo Local para canalizar recursos internacionales hacia gobiernos locales, pymes y comunidades.
El plan liberacionista incluye un componente robusto de gobernanza marina y pesca sostenible, con el diseño e implementación del Programa Nacional de Pesca Selectiva de Atún (caña y palangre modificado), priorizando flotas artesanales dentro de las 60 millas náuticas.
A ello se suma la integración de cuerpos policiales ambientales con los del Ministerio de Seguridad Pública y la priorización del ordenamiento territorial en cuencas estratégicas y zonas de alta exposición a amenazas naturales, incorporando de forma obligatoria variables de cambio climático y gestión del riesgo en los planes reguladores.
En lo referente a conservación, Ramos propone frenar proyectos extractivos o contaminantes mediante la digitalización de activos ambientales, impulsar la educación climática obligatoria en primaria y secundaria y regular las Otras Medidas Efectivas de Conservación basadas en Áreas (OMECS) como herramienta para cumplir la protección del 30% del territorio marino y terrestre asumida por Costa Rica en foros internacionales.
Finalmente, en energía y transporte, el candidato asegura el financiamiento del Plan de Descarbonización y del Plan Nacional de Adaptación, propone la promulgación de una Ley de Finanzas Sostenibles mediante la creación del Fondo Nacional de Transición Verde (FNTV) y apuesta por energías renovables (hidrógeno verde, geotermia avanzada y energía marina), junto con la electrificación del transporte público y la promoción de tecnologías de valorización energética.
El liberacionista afirmó que en su mandato no impulsaría la exploración ni explotación de hidrocarburos.
Ramos Chaves detalló que votaría de manera afirmativa el proyecto para prevenir las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y que está enfocado a temas ambientales. La medida busca impedir que grandes empresas intimiden a críticos y activistas mediante demandas civiles con embargos preventivos que paralizan su patrimonio, y se tramita bajo el expediente 25.125.
Con respecto a la gestión de residuos, el PLN propone fortalecer la gestión de residuos con metas obligatorias para grandes generadores, elevando en al menos un 50% la recuperación de desechos bajo mayor fiscalización. Plantea alianzas público-privadas con municipalidades para desarrollar un plan piloto de valorización energética de residuos, con el fin de reducir la presión sobre los rellenos sanitarios y generar energía.
Además, fija una ruta gradual para aumentar el reciclaje nacional hasta un 25% en cuatro años, acompañada de educación ciudadana, incentivos y fortalecimiento municipal. Como cambio estructural, propone una Política Nacional de Economía Circular 2026-2035, con un sistema de información que permita tomar decisiones basadas en datos, fomentar innovación, empleo y cumplir compromisos ambientales y climáticos.
Laura Fernández Delgado / Partido Pueblo Soberano
La candidata oficialista, Laura Fernández Delgado, propone una visión de acción climática que prioriza la promoción de infraestructura resiliente y sostenible, orientada a construcciones que reduzcan impactos ambientales y aumenten su capacidad de respuesta frente a fenómenos climáticos extremos.
A ello se suma el impulso a la eficiencia energética y a la adopción de tecnologías de bajo consumo en el sector productivo, mediante campañas de comunicación de alcance nacional que fomenten cambios en los patrones de producción y consumo.
En el ámbito de la gobernanza, la candidata de Pueblo Soberano apuesta por "ordenar la institucionalidad pública", con el objetivo de clarificar competencias y eliminar duplicidades y dispersión de funciones entre las entidades del Estado.
Su propuesta incluye el levantamiento y registro integral del Patrimonio Natural del Estado, como base para una protección definitiva de las tierras públicas, así como el fortalecimiento de los Parques Nacionales y áreas silvestres protegidas mediante alianzas público-privadas entre el sistema de conservación y el sector turismo.
También plantea ampliar la cobertura de los Planes Ambientales, Forestales y Territoriales (PAFT) para facilitar el acceso de poblaciones indígenas a los recursos de Fonafifo, además de crear condiciones de crédito para MIPYMES interesadas en incorporar criterios de sostenibilidad y energías limpias en sus procesos productivos.
Fernández Delgado propone, en conservación, reforzar la protección de los ecosistemas terrestres y marinos a través de una ampliación del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA), tanto en recursos como en beneficiarios, priorizando a pequeños y medianos propietarios que deseen incorporarse.
De forma complementaria, plantea un aumento progresivo del presupuesto para ampliar el cuerpo de guardaparques, con el fin de mejorar la vigilancia y gestión de las áreas protegidas.
El eje de energía y transporte se orienta a la reducción de emisiones y al fortalecimiento del sistema energético.
La candidata impulsa el uso de combustibles limpios, la implementación de biodigestores para el tratamiento de residuos agrícolas orgánicos y la producción y comercialización de energía geotérmica por parte del sector privado para aumentar la capacidad energética del país.
Su propuesta incluye incentivos arancelarios temporales para promover tecnologías renovables en el sector productivo, la expansión estratégica de centros de carga para vehículos eléctricos en las principales rutas nacionales y la digitalización del sector eléctrico, como vía para consolidar redes inteligentes que mejoren la confiabilidad y eficiencia del suministro.
Fernández Delgado indicó que votaría de manera negativa el proyecto para prevenir las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y que está enfocado a temas ambientales. La medida busca impedir que grandes empresas intimiden a críticos y activistas mediante demandas civiles con embargos preventivos que paralizan su patrimonio, y se tramita bajo el expediente 25.125.
Sobre el manejo de la gestión de residuos, Pueblo Soberano plantea aplicar plenamente la Estrategia Nacional de Economía Circular para avanzar hacia un sistema productivo circular y descentralizado.
Asimismo, respalda alianzas público-privadas para la gestión y disposición de residuos, la creación de cooperativas comunales de reciclaje para generar empleo, la actualización del marco técnico y legal de los rellenos sanitarios y la modernización de Setena para agilizar trámites y fortalecer su rol en el desarrollo sostenible.
Claudia Dobles Camargo / Coalición Agenda Ciudadana
La candidata de la Coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles Camargo, en acción climática plantea una reingeniería institucional para garantizar continuidad en la política ambiental del país. Para esto propone reorganizar la Secretaría de Planificación bajo el Ministerio de Ambiente y Energía, alineándola con el Acuerdo de París y las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC), así como la creación de un sistema nacional de comercio de emisiones conforme al Artículo 6 de dicho acuerdo.
Su programa incluye el desarrollo de un sistema nacional de gestión climática, con mapas de amenazas actualizados por cuenca hidrográfica, protocolos modernos para gobiernos locales y la Comisión Nacional de Emergencias, y la formulación de un Código Climático para obras públicas.
Además, impulsa plataformas abiertas para vigilar amenazas climáticas, geodinámicas y humanas, el reconocimiento del refugio climático y la integración de la migración en la planificación nacional, junto con el fortalecimiento de los consejos climáticos para mejorar la articulación institucional.
En conservación, la candidata de la coalición propone aumentar el financiamiento y las capacidades técnicas del Sinac, Conagebio y Setena, así como crear unidades especializadas contra delitos ambientales con apoyo interinstitucional.
Su plan incluye nuevos esquemas de Pago por Servicios Ambientales (PSA) orientados a la recuperación genética, el fortalecimiento de la bioseguridad y una mayor participación ciudadana en la gobernanza de la biodiversidad.
Dobles Camargo apuesta por ampliar el manejo comunitario de áreas protegidas, impulsar programas agroambientales, fomentar investigación y voluntariado, y reforzar la protección de humedales, lagos y lagunas mediante un sistema de priorización ecológica con participación de comunidades, sector privado y academia.
Asimismo, propone proyectos piloto en destinos turísticos con financiamiento no reembolsable y modelos replicables, y la consolidación de Conagebio como ente técnico líder, promoviendo la incubación de bio-PYMES.
En el ámbito de la gobernanza ambiental, su propuesta se centra en fortalecer la institucionalidad climática y territorial. Entre sus iniciativas, plantea consolidar la Dirección de Cambio Climático como ente técnico y legal encargado de coordinar la Ley Marco de Cambio Climático, crear el Sistema Interinstitucional de Planificación Eco-Climática (SiPEC) para el análisis territorial basado en ciencia, ratificar el Acuerdo de Escazú y restablecer el Viceministerio de Agua y Mares.
Además, propone un programa nacional dirigido a pequeños y medianos productores que combine subsidios climáticos, financiamiento verde y asistencia técnica, con el fin de promover prácticas regenerativas y resilientes en el sector productivo.
En energía y transporte, impulsará una transición hacia un modelo libre de fósiles. Su propuesta incluye diversificar la matriz energética con incentivos para hogares y pymes, eliminar subsidios a los combustibles fósiles y redirigir esos recursos hacia energías limpias y movilidad eléctrica.
Además, buscará una ley que prohíba de forma definitiva la exploración y explotación de hidrocarburos, y propone una transformación estructural de RECOPE para convertirla en una empresa pública de energías limpias, enfocada en combustibles sostenibles y movilidad verde, acompañada de programas de reconversión laboral y apoyo a las comunidades actualmente dependientes del sector fósil.
Dobles Camargo votaría de manera afirmativa el proyecto para prevenir las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y que está enfocado a temas ambientales. La medida busca impedir que grandes empresas intimiden a críticos y activistas mediante demandas civiles con embargos preventivos que paralizan su patrimonio, y se tramita bajo el expediente 25.125.
Sobre la gestión de residuos, la Coalición Agenda Ciudadana propone transformarla con un enfoque de economía circular. Plantea un plan urgente para reducir la presión sobre los rellenos sanitarios mediante separación obligatoria, compostaje y apoyo a municipalidades. También impulsa un Plan Nacional de Compostaje, infraestructura para valorización de residuos y tratamiento masivo de orgánicos con biodigestores para producir energía limpia.
Además, propone fortalecer el marco legal y las capacidades institucionales, aplicar de forma obligatoria la Responsabilidad Extendida del Productor, fiscalizar plásticos de un solo uso, desarrollar proyectos piloto de residuos revalorizables en zonas turísticas y crear mecanismos de financiamiento sostenible bajo el principio de "quien contamina paga".
Ariel Robles Barrantes / Frente Amplio
La propuesta ambiental de Ariel Robles Barrantes y el Frente Amplio plantea un eje de acción climática con enfoque territorial. Este vincula la mitigación y la adaptación al cambio climático con las realidades locales, especialmente en zonas rurales, costeras y urbano-populares.
Su programa busca articular la política climática con la política social, conectando la acción ambiental con el empleo digno, la soberanía alimentaria, la salud pública y la reducción de las desigualdades territoriales.
Entre sus planteamientos destaca la declaratoria del cambio climático como emergencia nacional, con el fin de habilitar respuestas de mayor escala y urgencia, así como la creación de un Foro Climático Popular Permanente, de carácter multisectorial, para garantizar la participación social continua en la toma de decisiones climáticas.
En materia de conservación, el Frente Amplio apuesta por fortalecer y democratizar los instrumentos existentes. Propone incentivar el Pago por Servicios Ambientales (PSA) dirigido prioritariamente a familias campesinas, pueblos indígenas y personas productoras agropecuarias, así como reforestar áreas afectadas por la tala ilegal o cambios en el uso del suelo.
Su plan incluye la restauración de ecosistemas clave como manglares, bosques, arrecifes y corredores biológicos como medida de adaptación frente a eventos climáticos extremos y el aumento del nivel del mar.
Además, impulsa la agricultura orgánica y regenerativa y el fortalecimiento del Programa de Corredores Biológicos, dotándolo de una estructura organizativa sólida, planificación estratégica y una participación efectiva de comunidades y propietarios privados.
En el ámbito de la gobernanza ambiental, Robles plantea un ordenamiento territorial con énfasis en la protección del derecho humano a un ambiente sano.
Su propuesta incluye la ratificación del Acuerdo de Escazú, la exoneración de la regla fiscal para instituciones clave de conservación como el Sinac y Fonafifo, y un fortalecimiento integral de las capacidades técnicas, regulatorias y de fiscalización del Estado.
Asimismo, destaca el papel central de las comunidades en la gestión ambiental, promoviendo la participación ciudadana, la consulta y la organización territorial en decisiones sobre proyectos con impacto ambiental. En esa línea, propone dotar al Sinac, Setena y el Tribunal Ambiental de infraestructura adecuada y presupuesto suficiente para ejercer un control efectivo y una planificación estratégica del territorio.
En energía y transporte, el candidato frenteamplista impulsa la modernización del sistema de transporte como una vía clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Su planteamiento se inscribe dentro de una transición ecológica justa, que promueva cambios en los modelos productivos y energéticos sin trasladar los costos sociales a las personas trabajadoras ni a las comunidades, asegurando que la acción climática vaya de la mano con la equidad social y el desarrollo sostenible.
Robles Barrantes detalló que votaría de manera afirmativa el proyecto para prevenir las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y que está enfocado a temas ambientales. La medida busca impedir que grandes empresas intimiden a críticos y activistas mediante demandas civiles con embargos preventivos que paralizan su patrimonio, y se tramita bajo el expediente 25.125.
Con respecto a la gestión de residuos, el Frente Amplio propone el Programa Nacional hacia Basura Cero, basado en la separación obligatoria en la fuente y el compostaje masivo para reducir residuos y emisiones. Asimismo, buscan fortalecer a las municipalidades mediante Unidades Técnicas de Gestión de Residuos financiadas con tasas locales, encargadas de fiscalizar la Ley 8839 y capacitar a la ciudadanía.
La agrupación rechaza la incineración y cualquier tratamiento térmico de desechos, priorizando la recuperación y revalorización de materiales mediante microempresas locales. Adicionalmente, propone una fiscalización estricta de los rellenos sanitarios, sanciones a operadores que incumplan la normativa, la regulación de residuos farmacéuticos y cosméticos, y el aprovechamiento de residuos marítimos dentro de un enfoque de economía circular y justicia climática.
José Aguilar Berrocal / Partido Avanza
Crédito: Facebook @jose.a.berrocal
El Partido Avanza de José Aguilar Berrocal tiene como acción climática fortalecer la educación y la acción climática a nivel local, con el objetivo de aumentar la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático.
Su propuesta prioriza la formación ambiental, la participación ciudadana y el acceso público a la información ambiental como herramientas clave para la adaptación, permitiendo que gobiernos locales y comunidades cuenten con mejores capacidades para enfrentar riesgos climáticos y tomar decisiones informadas.
En materia de conservación, el candidato propone una protección reforzada de la biodiversidad mediante la ampliación de áreas terrestres y marinas protegidas y el fortalecimiento de la capacidad institucional para combatir actividades ilegales que amenazan los ecosistemas.
Este enfoque incorpora de manera explícita la participación de las comunidades locales en la vigilancia y gestión ambiental.
Asimismo, apoya la restauración de suelos y servicios ecosistémicos, ampliando mecanismos como el Pago por Servicios Ambientales (PSA) e integrando tierras agrícolas y degradadas, con énfasis en la agroforestería y la reforestación. Estas acciones se complementarían con una Política Nacional de Suelos, con monitoreo integral, auditorías independientes y participación comunitaria, financiada mediante el Fondo de Patrimonio Natural y la ampliación del Fondo Azul.
En la gobernanza, Aguilar Berrocal plantea una transición hacia la economía circular, priorizando la separación de residuos en origen, el reciclaje, el compostaje y la responsabilidad extendida del productor, con metas claras de recuperación de materiales.
Su propuesta también destaca la movilización de canjes de deuda por naturaleza y financiamiento climático, orientados a bosques, electrificación y conservación, así como el liderazgo de Costa Rica en coaliciones ambientales de alta ambición, la organización de cumbres ambientales y el fortalecimiento de acuerdos regionales para combatir la pesca ilegal, con apoyo de guardacostas aliados.
Sobre el Acuerdo de Escazú, Aguilar Berrocal afirmó que en un gobierno de Avanza no lo ratificará.
En energía y transporte, el aspirante presidencial apuesta por una aceleración decidida de la descarbonización, llevando el Plan de Descarbonización a acciones inmediatas, en particular mediante la electrificación del transporte público, de carga y de flotillas institucionales y privadas, respaldada por incentivos económicos y esquemas tarifarios favorables.
Su propuesta incluye el impulso a una movilidad sostenible e inclusiva, con micromovilidad segura, desarrollo ferroviario y alternativas de transporte eléctrico marítimo, incluso en áreas protegidas.
Además, promueve la diversificación de la matriz energética renovable, incorporando generación distribuida como techos solares, nuevas fuentes limpias y el aprovechamiento energético de residuos, junto con una mejora sustancial de la eficiencia energética en electrodomésticos, alumbrado y construcción, para reducir consumo, costos y emisiones.
Aguilar Berrocal aseguró que ve con buenos ojos la exploración y explotación de gas natural, pero no de petróleo.
Juan Carlos Hidalgo / Partido Unidad Social Cristiana
El candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Juan Carlos Hidalgo Bogantes, en su acción climática plantea potenciar la diplomacia ambiental como ventaja competitiva del país para atraer financiamiento climático, alianzas verde-tecnológicas y cooperación en océanos y transición energética.
Su propuesta impulsa una segunda generación de NAMAs orientada a financiar innovación que reduzca emisiones, fortalezca la resiliencia y eleve la competitividad de sectores productivos, especialmente en zonas rurales.
También propone seguros climáticos con contribución compartida para apoyar la reconstrucción tras eventos hidrometeorológicos extremos, así como la movilización de capital hacia inversiones sostenibles mediante iniciativas lideradas por SUGEVAL.
A esto se suma una hoja de ruta que integre instrumentos como PSA, REDD+ y trazabilidad de insumos agropecuarios, para un abordaje climático permanente y verificable.
En gobernanza, el candidato del PUSC propone una ley de compensaciones ambientales que brinde reglas claras para que proyectos públicos y privados compensen sus impactos, amplíen beneficios ambientales netos y faciliten alcanzar la meta 30x30 (proteger el 30% del territorio marino y terrestre).
Asimismo, impulsará un plan de modernización del Sinac como administrador del Patrimonio Natural del Estado, para mejorar la agilidad y uniformidad de procesos y convertirlo en una institución catalizadora del desarrollo sostenible.
Sobre el Acuerdo de Escazú, el socialcristiano afirmó que en un potencial gobierno suyo no lo ratificará.
En el eje de conservación, Hidalgo propone establecer reglas claras para el aprovechamiento privado del bosque compatibles con la visión ambiental y de desarrollo del país, y promover una interpretación auténtica del principio de no regresión ambiental para evitar abusos del Estado y fortalecer la seguridad jurídica.
También plantea reformar la Ley General de Policía para robustecer la figura del guardaparque, modernizar los COVIRENAS y enfrentar amenazas como el narcotráfico y el crimen organizado.
Además, propone crear marcos normativos para asegurar financiamiento ágil y eficiente para la conservación, mediante canjes de deuda por naturaleza y modelos como Project Finance for Permanence.
En energía y transporte, la propuesta incluye un plan de expansión de estaciones de recarga rápida para vehículos eléctricos, en alianza con el sector turismo; proyectos para generación eléctrica a partir de residuos no valorizables en contextos rurales y urbanos; e incentivos para la electrificación de calderas industriales.
En cuanto a combustibles, plantea modernizar Recope y desarrollar infraestructura para combustibles de transición, facilitando la introducción de gas natural mediante una terminal de recepción y distribución de GNL, con énfasis en eficiencia operativa y transición ordenada. Hidalgo Bogantes rechaza la exploración de petróleo.
Hidalgo Bogantes no respondió cómo votaría el proyecto para prevenir las Demandas Estratégicas contra la Participación Pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) y que está enfocado a temas ambientales. La medida busca impedir que grandes empresas intimiden a críticos y activistas mediante demandas civiles con embargos preventivos que paralizan su patrimonio, y se tramita bajo el expediente 25.125.
En el área de la gestión de residuos, el PUSC plantea que la crisis de los rellenos sanitarios responde a un modelo de gestión obsoleto. Ante esto, quieren reducir de forma urgente la cantidad de residuos que llegan a disposición final mediante clasificación obligatoria en la fuente y un sistema integrado de recolección diferenciada, con infraestructura adecuada, sanciones claras, educación ciudadana e incentivos.
Además, quieren fortalecer a los gobiernos locales con mayor autonomía técnica y fiscal, transformar al Ministerio de Salud en un ente rector con capacidad coercitiva y avanzar hacia una economía circular basada en reciclaje, reutilización y tratamiento de orgánicos con compostaje y biodigestores.
También impulsa la descentralización con plantas regionales, alianzas con el sector privado para crear cadenas de valor y generación eléctrica a partir de residuos no valorizables, con incentivos para la inversión privada.