Como muchos costarricenses, observo con profunda preocupación el rumbo actual del país. La Costa Rica de hoy está marcada por una fuerte polarización social y por una economía que crece en forma desigual y no genera empleos de calidad, con amplios segmentos de la población que no se benefician de los frutos del crecimiento. Un país que sufre un grave deterioro en la calidad de la salud y la educación y de otros servicios públicos esenciales, un colapso de la infraestructura vial y portuaria y presas que nos atrapan todos los días, un incremento dramático en el crimen violento y la inseguridad, y ataques sistemáticos a las instituciones de control democrático. El entorno internacional es también altamente desafiante.
Es en ese difícil contexto que los costarricenses asistiremos a las urnas este 1 de febrero. Entre la amplia oferta de candidatos, tenemos la suerte de contar con varios muy buenos, algunos amigos y amigas queridas: personas honestas, bien preparadas, con propuestas razonables para enderezar el rumbo nacional, y comprometidos con la defensa de nuestra democracia ante las actuales amenazas. Otros, en cambio, esconden bajo su retórica populista y su actitud mesiánica una clara vocación autoritaria. Por eso, no se trata de un proceso electoral cualquiera: por primera vez desde 1948, enfrentamos el riesgo de perder nuestra democracia y nuestra libertad. Es muchísimo lo que se juega en esta elección.
Es precisamente por la honda gravedad de las circunstancias que me incliné a compartir públicamente mi decisión de apoyar a Juan Carlos Hidalgo este 1 de febrero y las razones en que se funda esa decisión.
En primer lugar, Juan Carlos es un firme defensor de la democracia y los derechos humanos. Estudioso infatigable de los asuntos públicos, comprende y defiende con ahínco la separación de poderes y el sistema de pesos y contrapesos como pilares sobre los que se asienta nuestro Estado de Derecho: la prensa independiente, la Asamblea Legislativa, los tribunales de justicia, la Fiscalía, la Contraloría General de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones. Esas instituciones fueron creadas para evitar los abusos de poder de los gobernantes y, sobre todo, para resguardar los derechos y libertades del ciudadano frente al Estado.
Que Juan Carlos defienda con firmeza a esas instituciones no significa que las considere perfectas. Por eso, plantea en su programa de gobierno reformas concretas para mejorar la organización y funcionamiento del aparato público y hacer más eficientes y efectivos al sistema de justicia y a la Contraloría, así como medidas para fortalecer y mejorar los sistemas de salud, educación y seguridad pública. Su reciente acuerdo con el mayor partido en el Parlamento Europeo para asegurar cooperación en materia de seguridad en un eventual gobierno suyo confirma que Juan Carlos es no solo un hombre de pensamiento, sino también de acción.
En materia económica, Juan Carlos se enfoca en la promoción de la economía de mercado y la libre competencia, el comercio internacional y la atracción de inversión extranjera, así como en una firme disciplina fiscal y una política monetaria prudente e independiente. Juan Carlos entiende la función esencial del sector privado en el desarrollo nacional, y propone acciones que creen oportunidades para todos, emparejen la cancha para los emprendedores, y reduzcan las distorsiones que aumentan los costos de producción y limitan el crecimiento económico y la generación de empleo. Entre otras, propone medidas concretas para reducir las cargas patronales, las tarifas eléctricas y los costos regulatorios, para mejorar la infraestructura, reducir las brechas territoriales y extender, a todo el territorio nacional, las redes de cuido de niños y adultos mayores y facilitar así la participación femenina en el mercado laboral.
Admiro a Juan Carlos por su evolución intelectual. Con madurez y humildad, ha transitado desde una defensa algo dogmática del liberalismo económico, postura que también asumí en mi juventud, a una visión mucho más pragmática y balanceada. Una posición que postula y defiende a la libertad de empresa y la propiedad privada como principios rectores de la organización social, pero que reconoce la necesidad del Estado para la provisión de servicios públicos esenciales y para asegurar la igualdad de oportunidades. Es decir, libertad económica con un Estado eficiente, que no asfixie la iniciativa individual, sino que más bien la potencie mediante reglas inteligentes y la adopción de políticas públicas basadas en la evidencia.
Inspirado en décadas de estudio y reflexión, Juan Carlos ha desarrollado un programa de gobierno responsable, centrado en medidas concretas y serias, no en ocurrencias o promesas sin financiamiento. Juan Carlos entiende que toda política pública entraña costos y posibles efectos negativos. Por eso, las políticas que propone se fundan en las mejores prácticas y la mejor evidencia internacional, y en un análisis riguroso de sus ventajas, desventajas y financiamiento, a partir del trabajo dedicado de un equipo de reconocidos expertos en diferentes ámbitos de la política pública.
Finalmente, en estos tiempos en que prevalecen aquí y en otras partes los liderazgos centrados en la negación de los hechos, el ataque personal y el insulto al adversario, pienso que es fundamental votar por la decencia, la cortesía y el respeto a los demás. No es un asunto menor: la personalidad de las líderes es un reflejo de su alma. Encuentro en Juan Carlos esa actitud serena, coherente y honesta, la actitud de quien cree en el diálogo y la negociación respetuosa como herramientas fundamentales para la acción política en democracia. Esa actitud puede que sea menos popular en el mundo del espectáculo altamente mediatizado en que vivimos, pero es la que se requiere para llevar adelante un buen gobierno.
Encuentro también en varios otros candidatos la vocación democrática y el liderazgo respetuoso que muchos ansiamos. Pero lo que, en mi criterio, marca la diferencia en favor de Juan Carlos es que combina el talante democrático con una brújula económica clara, con un excepcional equipo técnico y con un programa de gobierno serio, razonable y prudente, orientado a promover una sociedad más justa y más próspera para todos los costarricenses.