El pronunciamiento se da tras declaraciones del candidato a diputación por Alajuela del Partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos.
La Mesa de Trabajo por una Agenda Social para los Cuidados de Niñas, Niños y Personas Adolescentes en Costa Rica manifestó su profunda preocupación por discursos públicos que, a su criterio, relativizan, justifican o normalizan la violencia sexual contra personas menores de edad.
Desde las organizaciones subrayaron:
Resulta especialmente alarmante que, desde aspiraciones a cargos de representación o desde cualquier posición de liderazgo público, se sostengan discursos que desconocen sentencias judiciales firmes y que niegan la condición de persona menor de edad a niñas y adolescentes, reproduciendo narrativas que banalizan relaciones profundamente marcadas por la desigualdad de poder, la coerción y la violencia".
Según la Mesa de Trabajo, este tipo de afirmaciones "no solo contradicen el ordenamiento jurídico costarricense —incluido el Código de la Niñez y la Adolescencia, la Ley de Relaciones Impropias N.° 9406 y el marco penal vigente— sino que también vulneran los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado costarricense ha asumido".
El pronunciamiento recuerda que el carácter inválido e improcedente de todo consentimiento sexual declarado por una persona menor de 18 años se encuentra debidamente regulado en Costa Rica por medio del Protocolo de Palermo, ratificado por Costa Rica mediante la Ley N.° 8315.
En ese sentido, desde las organizaciones aseveraron:
Como sociedad, debemos ser claros e irreductibles: no existe consentimiento válido en relaciones sexuales entre personas adultas y personas menores de edad, y cualquier intento de presentarlas como “normales” constituye una forma de legitimación simbólica de la violencia sexual [...] Quisiéramos enfatizar que TODA persona que ejerza o llegue a ejercer funciones de servicio público —particularmente en espacios de influencia legislativa o de formulación de políticas públicas— debe demostrar la capacidad de ajustar sus concepciones, discursos y actuaciones al marco de derechos de la niñez y la adolescencia".
“La protección de niñas, niños y personas adolescentes frente a la violencia sexual no es una cuestión ideológica, partidaria ni opinable. Es una obligación jurídica, ética y democrática”, concluye el posicionamiento, al advertir que normalizar estos discursos contribuye a la impunidad, desalienta la denuncia y revictimiza a las personas sobrevivientes.
Entidades de la Mesa de Trabajo que suscribieron dicho pronunciamiento:
