APREFLOFAS recordó que la cacería está prohibida en Costa Rica desde 2012 y advirtió que el chancho de monte es una especie en peligro de extinción.
La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas) hizo un llamado urgente a las autoridades para reforzar los controles contra la cacería ilegal, tras denuncias recientes sobre la matanza de chanchos de monte en el cantón de Osa.
La organización recordó que la cacería está prohibida en todo el territorio nacional desde el año 2012, luego de una reforma a la Ley de Conservación de Vida Silvestre aprobada mediante la Ley 9106, impulsada por iniciativa popular.
Según Apreflofas, el chancho de monte (Tayassu pecari) se encuentra en vías de extinción en Costa Rica, de acuerdo con una resolución del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) emitida en 2017, mientras que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) lo clasifica actualmente como una especie vulnerable.
La asociación advirtió que la cacería de esta especie no solo afecta directamente sus poblaciones, sino que genera un impacto en cascada sobre el equilibrio de los bosques, al tratarse de un dispersor de semillas y una presa clave para depredadores como jaguares y pumas, también amenazados.
La organización señaló que, solo en lo que va del 2026, el Sistema Integrado de Atención y Trámite de Denuncias Ambientales (SITADA) del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) recibió al menos 10 denuncias por cacería, la mayoría concentradas en Osa.
Apreflofas recordó además que la Ley de Conservación de Vida Silvestre tipifica la cacería como delito, con penas de uno a tres años de prisión, especialmente cuando se trata de especies en peligro de extinción o con poblaciones reducidas.
Ante este panorama, solicitan a las autoridades ambientales y al Ministerio de Seguridad Pública reforzar los operativos de vigilancia, aumentar la cantidad de guardaparques y destinar más recursos a las áreas silvestres protegidas.
También instó a la Fiscalía Agraria Ambiental a investigar los hechos denunciados y llevar los casos ante los tribunales, al tiempo que llamó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de cacería a través del 1192, la plataforma SITADA o ante el Ministerio Público, con el fin de proteger la vida silvestre y los ecosistemas del país.