Irán y Arabia Saudita concentran el repunte de la pena de muerte, con condenas por drogas y casos que violan el derecho internacional.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el aumento pronunciado de las ejecuciones en 2025, a pesar de que la abolición universal de la pena de muerte constituye una tendencia sostenida desde hace décadas en el mundo.
El alto comisionado, Volker Türk, advirtió que el repunte se concentra en un número reducido de países que mantienen la condena capital en sus legislaciones, y subrayó que muchas sentencias se dictaron por delitos que no alcanzan el umbral de gravedad exigido por el derecho internacional.
Türk denunció además la ejecución continuada de personas condenadas por hechos cometidos cuando eran menores de edad, así como el persistente secretismo que rodea la aplicación de la pena de muerte en varios Estados.
Según la Oficina del Alto Comisionado, el aumento obedece en gran medida al creciente número de ejecuciones por delitos relacionados con drogas que no implican asesinato premeditado. El responsable de derechos humanos señaló que esa práctica no solo viola el derecho internacional, sino que también resulta ineficaz como mecanismo de disuasión del crimen.
En Irán, al menos 1500 personas fueron ejecutadas en 2025, de las cuales un 47% recibió la condena por delitos vinculados con drogas. "La magnitud y la frecuencia de las ejecuciones indican un uso sistemático de la pena de muerte como herramienta de intimidación por parte del Estado, con un impacto desproporcionado en las minorías y los migrantes", señaló Türk.
En Arabia Saudita, las ejecuciones sumaron al menos 356, una cifra que superó el récord registrado en 2024. El 78% de las sentencias estuvieron relacionadas con drogas, tras la reanudación de las ejecuciones en 2022. "Al menos dos de los ejecutados en Arabia Saudita fueron condenados por delitos que cometieron cuando eran menores de edad, lo que plantea serias dudas con respecto a los derechos de los niños en particular", subrayó el alto comisionado.
En Estados Unidos, las autoridades ejecutaron a 47 personas en 2025, la cifra más alta en 16 años. La aplicación de la muerte por gas, utilizada por primera vez en 2024, se extendió a otros casos, lo que generó preocupaciones sobre posibles tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Las ejecuciones públicas continuaron en Afganistán, en contravención del derecho internacional. El 11 de abril del año pasado, cuatro personas condenadas por asesinato murieron a manos de familiares de las víctimas en estadios deportivos de las provincias de Badghis, Nimruz y Farah. Desde agosto de 2021, las autoridades de facto han llevado a cabo varias ejecuciones públicas.
En Somalia, se registraron 24 ejecuciones, mientras que en Singapur la cifra alcanzó 17. En China y Corea del Norte, la pena de muerte sigue rodeada de secretismo, lo que dificulta obtener cifras fiables.
En Bielorrusia, el catálogo de delitos castigados con la pena capital se amplió recientemente mediante legislación sobre seguridad nacional y lucha contra el terrorismo.
En Israel, existen varias iniciativas legislativas que buscan ampliar el uso de la pena de muerte mediante disposiciones obligatorias aplicables exclusivamente a palestinos. Türk advirtió que esas propuestas vulnerarían el derecho a un juicio justo y otras normas del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
El alto comisionado también señaló que las ejecuciones llevadas a cabo por Hamás en Gaza constituyen violaciones flagrantes de los derechos humanos.
Pese al incremento de las ejecuciones, Türk destacó algunas medidas alentadoras adoptadas en 2025. Vietnam redujo el número de delitos castigados con la pena de muerte, mientras Pakistán abolió ese castigo para dos delitos no letales, aunque lo mantuvo para otros 29.
Zimbabue abolió la pena de muerte para delitos comunes el 31 de diciembre de 2024, y Kenia inició un proceso de revisión legislativa sobre el castigo capital.