Cuando las elecciones no sólo eran una contienda por el poder, sino una auténtica fiesta cívica, votábamos no sólo por un candidato presidencial, sino por un equipo de gobierno claramente definido. Durante la campaña, los aspirantes anunciaban quienes ocuparían los principales ministerios, lo que nos permitía formarnos una idea bastante sobre el rumbo que tomaría el país. Se votaba con más información y por lo tanto, con mayor responsabilidad.
Lamentablemente, esa práctica se ha ido perdiendo. En las últimas tres elecciones presidenciales, los candidatos han optado por reservar los nombres de quienes los acompañarán en el gabinete hasta después de haber ganado. La excusa ha variado con el tiempo, pero el resultado es el mismo: opacidad. Hoy, cuando se pregunta, la respuesta que se obtiene (si se obtiene) es que los nombres son “confidenciales” porque las personas consideradas desean mantenerse en el anonimato. Un argumento poco convincente si se considera que se trata de cargos públicos de enorme responsabilidad.
No olvido que el gobierno actual fue más allá y prometió un modelo supuestamente moderno y meritocrático: entrevistas al estilo de las empresas privadas para seleccionar a los mejores perfiles, sin importar su afiliación partidaria. La idea, en el discurso, sonaba atractiva. ¿Quién podría oponerse a que los ministerios estén dirigidos por los más capacitados? No obstante, la realidad ha demostrado que esta promesa fue, dando el beneficio de la duda, ingenua y en el peor (es la que creo), una justificación para improvisar.
El resultado está a la vista. Nombramientos cuestionables, falta de coherencia entre ministerios, funcionarios sin experiencia en el área que dirigen y decisiones erráticas que evidencian la ausencia de un proyecto sólido. Lejos de fortalecer la institucionalidad, este método debilita a mi parecer, la confianza ciudadana y lamentablemente ha reforzado la percepción de que el poder se ejerce sin planificación y peor aún, sin transparencia.
Ocultar los nombres de un eventual gabinete durante la campaña no es un detalle menor. Impide al votante evaluar la capacidad real del equipo que gobernará y reduce la elección a una figura personalista, respondiendo a un ego nefasto, como si un país pudiera conducirse desde una sola oficina, como se tratado de hacer con este gobierno. Gobernar es un trabajo colectivo y negar esa realidad es una forma de subestimar a la ciudadanía.
Recuperar la costumbre de presentar equipos antes de las elecciones no es un gesto nostálgico, sino un acto de respeto democrático. La transparencia no debería ser negociable y mucho menos sacrificarse en nombre de una supuesta confidencialidad. Si alguien aspira a dirigir un ministerio, debe estar dispuesto a dar la cara antes y después de asumir el cargo. Solo así podremos volver a elegir con información, criterio y verdadera conciencia cívica.