En el cierre de campaña rumbo al 1° de febrero, el discurso más preocupante no es el más frecuente, sino el que normaliza la idea de "ceder" garantías individuales por seguridad. Su peligro no está en posibles leyes futuras, sino en un triunfo previo: haber hecho aceptable en el debate público la renuncia a derechos constitucionales. Así, el populismo punitivo logra su objetivo esencial cuando candidatos con posibilidad de poder transforman lo innegociable en un sacrificio plausible, redefiniendo desde el lenguaje los límites mismos de la democracia.
La Constitución Política costarricense no es un menú de derechos del cual se pueda prescindir según la conveniencia del momento. Los artículos 22 (libertad de circulación), 23 (inviolabilidad del domicilio), 24 (secreto de las comunicaciones), 25 (libertad de asociación), 26 (derecho de reunión), 28 (libertad de opinión) y 37 (libertad personal) constituyen el límite infranqueable del poder estatal sobre el individuo. Son la expresión jurídica de un principio republicano esencial: el Estado existe para garantizar esos derechos, no para negociarlos a cambio de promesas de seguridad.
Por ello, el mero acto de expresar que se está "a favor de perder garantías individuales", aunque se añada el adjetivo "temporal" o el condicionante "solo para criminales", es una declaración de una gravedad constitucional extrema. Supone la conversión del derecho en privilegio. Implícitamente, afirma que las garantías no son inherentes a la dignidad humana, sino concesiones del Estado que este puede retirar. Esto invierte por completo la lógica del Estado de Derecho. Como advirtió Hannah Arendt, la pérdida del "derecho a tener derechos" es la antesala de la exclusión total de la comunidad política.
También supone la creación de un "doble estándar" jurídico. La idea de que los derechos se pueden suspender para "unos pocos" (los delincuentes) es una falacia jurídica peligrosa. El derecho penal actúa sobre conductas, no sobre categorías de personas. Una vez que se acepta que hay un grupo humano "no merecedor" de garantías plenas (Art. 33: igualdad ante la ley), el criterio de exclusión puede ampliarse fácilmente. Ayer fueron "los narcos", hoy pueden ser "los manifestantes violentos", mañana "los agitadores políticos". Es la lógica del "derecho penal del enemigo" (Jakobs) haciéndose carne en el discurso público.
Finalmente, este discurso construye un marco mental donde quien defiende la intangibilidad de las garantías aparece como un cómplice del caos o un ingenuo. Se genera así un clima social donde la defensa técnica y principista de la Constitución se ve como un obstáculo, y donde la prudencia judicial es tildada de "lentitud" o "complicidad". Esto socava el rol esencial de la Sala Constitucional y del sistema de justicia como garantes últimos de los derechos de todos, incluso de los acusados.
Esta normalización no es un daño colateral, es el objetivo central. Lo que buscan estas declaraciones no es solo preparar el terreno para reformas legales, sino rebajar la expectativa ciudadana sobre lo que puede exigir al Estado. Buscan que la sociedad internalice que la inseguridad es un monstruo tan grande que merece ser alimentado con fragmentos de su propia libertad. Frente a esto, la respuesta debe ser contundente y conceptual: en una democracia constitucional, no hay margen para que un gobernante o candidato "esté a favor" de perder garantías. Su deber, juramentado ante la Constitución, es protegerlas y ampliarlas. Manifestar lo contrario no es una postura política válida dentro de un Estado Democrático; es, en esencia, una declaración de incompatibilidad con el cargo que se pretende ejercer.
La batalla más importante, por tanto, no ocurre aún en el plano legislativo, sino en el plano del sentido común democrático. Se trata de rechazar con claridad la premisa misma de que nuestros derechos fundamentales sean puestos sobre la mesa de negociación. Porque cuando el discurso político logra establecer que perder libertades suene a "sacrificio necesario" y no a "traición al pacto social", la derrota del Estado de Derecho ya ha comenzado.
Esta gramática de la renuncia, sin embargo, rara vez es un fin en sí mismo. Constituye más bien el eslabón discursivo crítico para impulsar una agenda política más profunda: el desmantelamiento progresivo del Estado Social y Democrático de Derecho. La lógica es perversa pero eficaz: una vez que se acepta la premisa de que los derechos son negociables frente a una "emergencia" (la inseguridad), se abre la compuerta para aplicar la misma lógica de excepcionalidad a otros pilares de la República.
Es aquí donde el discurso punitivo revela su potencial más destructivo para el modelo costarricense. Su función no es solo justificar políticas regresivas, sino desmovilizar de antemano a la ciudadanía que naturalmente saldría a defender la institucionalidad amenazada. La gramática del "sacrificio necesario" busca crear una población temerosa, recelosa de sus vecinos y concentrada en una única emergencia, para que mire hacia otro lado cuando se ataque lo público.
El monstruo de la inseguridad se convierte así en la cortina de humo perfecta y en el ariete institucional para avanzar, en paralelo, otros frentes de desmontaje. La narrativa del "sacrificio necesario" se traslada desde las garantías individuales hasta las conquistas sociales y los contrapesos al poder. Se presenta una falsa y letal disyuntiva: ¿Prefiere usted seguridad o derechos?", que pronto muta a "¿Prefiere usted seguridad o pensiones?", "¿Seguridad o salud pública?", "¿Seguridad o controles a la corrupción?
Primero, se busca anestesiar la defensa del Estado Social. Cuando el pánico al crimen satura el debate público y se presenta como justificación para el uso expansivo de la fuerza estatal, se debilita la capacidad de reacción colectiva. El temor generalizado opera como un disolvente de la solidaridad y de la voluntad de movilización. Así, cuando se impulsen políticas que afecten pilares como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o la banca pública, el ciudadano, ensordecido por el discurso de la emergencia, estará menos dispuesto a defender lo común. El miedo no solo paraliza individualmente, sino que desarticula políticamente.
Segundo, se socava la protección de los contrapesos constitucionales. La narrativa que caricaturiza a la justicia como "lenta" o "blanda" no solo busca presionar al Poder Judicial; busca que la ciudadanía desconfíe de su propio sistema de garantías. Si se logra que la gente vea con escepticismo a la Contraloría General de la República por "entorpecer" o al Tribunal Supremo de Elecciones por "ser parcial", se siembra la indiferencia frente a futuros intentos de someterlos. Se debilita así el escudo social que protege a estas instituciones de los abusos de poder. Una Sala Constitucional acosada públicamente es una Sala Constitucional que la gente apreciará menos y defenderá con menos vigor.
Este no es un proceso casual, sino estratégico. La aceptación social de la pérdida de garantías individuales no solo rebaja el umbral de tolerancia frente a otros desmontajes, sino que desarma emocional y políticamente a la sociedad.
Costa Rica se encuentra, por tanto, ante una encrucijada crucial. Defender el Estado de derecho no significa negar la existencia de la criminalidad, sino evitar que el miedo sea instrumentalizado para justificar la erosión de principios fundamentales. La seguridad no puede construirse a costa de los derechos humanos, porque sin derechos no existe seguridad sino dominación.
Defender la Constitución Política, por tanto, trasciende la discusión meramente legal. Es defender la integridad misma del pacto social costarricense. Es comprender que la batalla contra el populismo punitivo no se libra solo para proteger a un potencial acusado, sino para proteger la CCSS, la banca pública, la Contraloría, el TSE y la independencia judicial. Es entender que cuando un candidato pide "ceder" un derecho fundamental, no está ofreciendo solo un mal trueque por seguridad; está ofreciendo la llave maestra para desarmar, pieza a pieza, el Estado Social y Democrático de Derecho.
Mantener límites al poder punitivo del Estado es un acto de responsabilidad institucional y democrática. Si los derechos se convierten en parte del botín electoral, lo que estará en disputa no será solo una elección, sino la vigencia misma del pacto social que sostiene la convivencia republicana. La fortaleza de Costa Rica no residirá nunca en cuántas libertades esté dispuesta a sacrificar, sino en cuán firmemente defienda, en la teoría y en la práctica, que sin derechos no hay seguridad, sin contrapesos no hay democracia, y que sin una institucionalidad fuerte no hay República que valga el nombre.