El término “sicario”, es una palabra asociada al crimen organizado y a la violencia física, el cual tristemente se ha hecho de uso frecuente y común en nuestro país, en los últimos años.

En relación con lo anterior, en la era digital actual, está emergiendo también el término de “cibersicariato”, un inquietante fenómeno, en el que la eliminación no es física, sino de la reputación, la credibilidad y la imagen de las personas.

En el plano digital, no es necesario disparar balas, ahora se disparan clics, comentarios o algún deepfake para realizar campañas de desinformación sobre alguien.  En dicho terreno, lo tecnológico y lo político están peligrosamente ligados: si un sicario tradicional puede ser contratado para silenciar a un adversario, ¿qué impide que un grupo organizado contrate un cibersicario para destruir a un medio de comunicación, un empresario, un periodista, un activista o un opositor político?

La situación es preocupante, según datos recientes del Informe sobre discursos de odio y discriminación (2025), presentado por Naciones Unidas Costa Rica, se alertaba que se detectaron 2.1 millones de mensajes de odio en redes sociales, lo cual representa un aumento de un 400% desde el 2021 –mismo periodo donde han incrementado los homicidios–. En el informe, se evidencia cómo los políticos son un blanco del odio digital.

Por esta razón, las campañas mediáticas impulsadas por los sicarios digitales – y amplificadas por medios de comunicación afines a partidos políticos que defienden las narrativas, en las que el odio, las amenazas y la difamación son mecanismos de aniquilación social, resultan realmente peligrosos y parecen ser ya un preocupante patrón que se observa en nuestro país y tendrá afectaciones terribles para la democracia.

Tal como en el crimen organizado, el cibersicariato diversifica sus negocios, al punto de que existen servicios de cibersicariato “a la carta”, los cuales van desde la creación de memes, hasta el desarrollo de campañas masivas de difamación. Dichos servicios, utilizan plataformas de mensajería cifrada de texto para pactar pagos, condiciones y objetivos sin dejar rastros fáciles de seguir.

El sicario físico necesita un arma y un vehículo; el digital necesita un dispositivo tecnológico, alguna red social y, a veces, algo de seguidores; sus motivaciones incluyen desde cuantiosas sumas de dinero -efectivo o bitcoins-, contratos estatales y hasta ofrecimiento de puestos políticos para ellos o terceros como pago por las acciones de sicariato digital.

El impacto político del “cibersicariato” es mucho más grande de lo que se imagina, ya que un algoritmo o un grupo de perfiles que difunde noticias falsas, sesgadas o posverdades, pueden modificar la percepción de una persona sobre otra en cuestión de horas. Estrategia que, sin dudas, es peligrosa en época electoral, donde un ejército de cuentas falsas tiene el poder de silenciar la voz de quienes denuncian corrupción, el odio y  violencia.

Es urgente abrir un debate público que reconozca el cibersicariato como un problema real, con implicaciones para la sociedad, los derechos humanos y la democracia. Se necesita un marco legal urgente pero, sobre todo, conciencia ciudadana para no ser cómplices involuntarios de campañas de odio o desinformación.

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