La República de Costa Rica se ha constituido históricamente como un referente democrático en la región latinoamericana, sustentando su reputación en políticas como la inclusión social, la abolición del ejército, y la garantía de una educación gratuita y obligatoria. No obstante, en el actual contexto de tensiones geopolíticas globales, el país enfrenta una coyuntura determinante en el marco del proceso electoral 2026-2030.
Dicho proceso electoral reviste especial trascendencia, en tanto posiciona al país ante una disyuntiva crucial: continuar consolidándose como la denominada “Suiza Centroamericana”, inspirándose en el modelo nórdico de bienestar e igualdad; o bien, desviarse hacia modelos ajenos a su tradición institucional, comprometiendo su liderazgo en materia de desarrollo sostenible, protección ambiental y democracia.
En este sentido, el próximo gobierno costarricense deberá decidir si profundiza su compromiso con iniciativas internacionales como las promovidas por Sustainable Stock Exchanges (SSE), que fomentan mecanismos de financiamiento verde y sostenible —entre ellos, los bonos azules ejemplificados en el Blue Bonds Loan Act firmado en Belice— o si, en contraste, orienta su política hacia alianzas que podrían debilitar el modelo social costarricense. Asimismo, resulta imperativo fortalecer la cooperación en materia de seguridad regional, particularmente con países aliados como República Dominicana, analizando a la República Dominicana como un ejemplo a seguir con su colaboración con los Estados Unidos y la seguridad regional, preservando el carácter estratégico de Costa Rica como exportador de paz y receptor humanitario.
La toma de decisiones en los ámbitos económico, migratorio, fronterizo y de seguridad marítima será determinante. La adopción de políticas públicas en estas áreas debe tener como norte la reestructuración económica con base en el interés social y la sostenibilidad ambiental. Conforme a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, y en concordancia con los compromisos internacionales en materia de economía limpia, Costa Rica dispone de los recursos institucionales y del respaldo internacional necesario para mantenerse como líder regional.
En virtud de lo anterior, el próximo gobierno electo para el período 2026-2030 posee la obligación jurídica, política y moral —tanto a nivel nacional como internacional— de afianzar el modelo democrático costarricense, impulsando un desarrollo económico sostenible sustentado en la inversión verde y el fortalecimiento institucional. Solo así será posible reafirmar el legado costarricense como nación donde vivan siempre el trabajo y la paz.
Por lo que la trascendencia regional e internacional del proceso electoral 2026-2030 en Costa Rica recaen en la seguridad, democracia y sostenibilidad que el país representa tanto para los ciudadanos que salen a votar, así como el aporte regional e internacional que el país ofrece como Estado Democrático y ese es el interes de las grandes potencias y de los lideres mundiales, Costa Rica es una gema para la paz, para la naturaleza y un paraíso para amar.