La digitalización de los servicios de salud es, en principio, una meta loable. Agiliza trámites, reduce errores y mejora la trazabilidad de los tratamientos. Sin embargo, cuando una política pública mal diseñada ignora principios jurídicos básicos, la innovación deja de ser progreso y se convierte en un riesgo. Ese es el caso de la receta digital impulsada vía decreto por la ministra de Salud, Mary Munive, una iniciativa que hoy genera una profunda preocupación por sus implicaciones legales, éticas y de protección de datos personales.
El núcleo del problema es sencillo de explicar, pero grave en sus consecuencias: para que un médico pueda emitir una receta digital, el sistema que establecieron exige datos del diagnóstico médico del paciente. Ese diagnóstico, por definición legal, es información sensible y privada. Nuestra legislación protege expresamente el secreto médico y los datos de salud, estableciendo que solo pueden ser tratados bajo condiciones estrictas y con el consentimiento informado del paciente. Un decreto ejecutivo —norma de rango inferior a la ley— no puede, ni debe, contradecir ese principio.
Pero con el sistema que establecieron, el diagnóstico de una persona deja de estar resguardado en la privacidad de la relación médico–paciente. Pasa a ser conocido por funcionarios del Ministerio de Salud, por RACSA, por una empresa contratada por RACSA y, además, por las farmacias. Todo ello sin que existan garantías claras sobre estándares robustos de ciberseguridad, protocolos de acceso restringido, auditorías independientes o responsabilidades precisas en caso de filtraciones. En términos prácticos, múltiples actores sin relación directa con el acto médico terminan sabiendo qué enfermedad se tiene.
Lo peor es que este tratamiento masivo de datos sensibles se realiza sin un consentimiento informado explícito. Al paciente no se le pregunta si acepta que su diagnóstico sea incorporado a una base de datos compartida, ni se le explica quiénes tendrán acceso, por cuánto tiempo, ni con qué otros fines podría utilizarse esa información. Ha hecho bien el Colegio de Médicos en combatir este atropello públicamente, e incluso a nivel constitucional.
Esto, además, coloca a los médicos en una situación jurídicamente insostenible, porque están obligados a guardar el secreto profesional pero administrativamente se les obliga a violarlo. Ha hecho bien el Colegio de Médicos en combatir este atropello públicamente, e incluso a nivel constitucional. Y otro problema es que obliga a los pacientes a pagar consultas con médicos para obtener recetas de medicamentos que hasta ahora podían comprar sin problema, lo cual encarece el costo total de esas medicinas, como denunció oportunamente el Colegio de Farmacéuticos.
En este contexto, podríamos estar ante uno de los mayores riesgos de violación masiva de datos personales en el ámbito de la salud que haya enfrentado el país. La creación de una base de datos centralizada, sin blindaje legal adecuado, sin controles técnicos demostrables y sin consentimiento informado, es una práctica que debe detenerse.
Si el Estado quiere avanzar hacia la receta digital, debe hacerlo mediante una reforma legal clara, con controles técnicos de alto nivel, con responsabilidades bien definidas y, sobre todo, con el consentimiento informado de los pacientes. Pero no puede hacerse del pésimo modo establecido por la ministra Munive, violentando el derecho a la privacidad de los pacientes.
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